El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el lunes una denuncia por conducta indebida contra el juez presidente de la Corte de Distrito James Boasberg, que preside un caso contra la deportación por parte de la administración Trump de inmigrantes ilegales venezolanos a El Salvador en marzo.
La fiscal general Pam Bondi declaró en X que ordenó al DOJ presentar la denuncia contra Boasberg, alegando "comentarios públicos inapropiados" contra el presidente Donald Trump y su administración.
La denuncia, presentada por el jefe de gabinete del DOJ, Chad Mizelle, el 28 de julio, se refiere a los comentarios realizados por Boasberg durante una sesión de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos el 11 de marzo.
Hasta ahora, Boasberg no ha respondido en público a la denuncia. The Epoch Times se puso en contacto con la oficina de Boasberg para obtener comentarios y no ha recibido respuesta hasta el momento de la publicación.
El Departamento de Justicia alegó que Boasberg había "intentado influir indebidamente" en el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y en otras dos docenas de jueces federales durante la sesión, al expresar su opinión de que la administración Trump "ignoraría las sentencias de las cortes federales" y provocaría una "crisis constitucional".
El Departamento de Justicia acusó a Boasberg de incumplir sus obligaciones judiciales y afirmó que intentó influir en los jueces presentes en la sesión —que, según dijo, presidían otros casos relacionados con Trump y su administración— al expresar su "creencia preconcebida" de que la administración violaría las órdenes judiciales.
La denuncia también hace referencia a la sentencia de Boasberg del 15 de marzo en un caso relacionado con inmigrantes ilegales venezolanos sospechosos de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua —una organización terrorista designada como tal por Estados Unidos— que fueron deportados a El Salvador en virtud de la proclamación de Trump en la que invocaba la Ley de Enemigos Extranjeros.
En esa sentencia, Boasberg detuvo las deportaciones y ordenó el regreso de los vuelos que ya estaban en ruta hacia El Salvador. La orden fue posteriormente anulada por la Corte Suprema.
"A lo largo del proceso, el juez Boasberg apresuró al gobierno a través de un complejo litigio, dando en ocasiones a la administración Trump menos de 48 horas para responder y amenazando con procedimientos penales por desacato y el nombramiento de un fiscal externo contra altos funcionarios de la administración Trump por no cumplir una orden que ya había sido anulada", afirmó.
El Departamento de Justicia (DOJ) afirmó que las acciones de Boasberg justificaban una investigación formal, alegando que violaban el código de conducta judicial y socavaban la confianza pública en la neutralidad judicial.
El departamento también solicitó que Boasberg fuera apartado del caso de deportación y pidió que el caso fuera reasignado a otro juez.
Cientos de inmigrantes ilegales venezolanos fueron deportados a El Salvador en marzo después de que Trump firmara una proclamación el 15 de marzo invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite deportar sin proceso legal a los no ciudadanos “que tengan hostilidad real contra Estados Unidos” durante una guerra o invasión, a pesar de una orden de Boasberg que bloqueaba las deportaciones.
La Casa Blanca dijo que los vuelos de deportación no entraban en conflicto con la orden del juez, ya que la sentencia se dictó después de que los vuelos hubieran abandonado el territorio estadounidense.
En junio, Boasberg declaró que la administración “claramente privó” a los inmigrantes ilegales de su derecho a presentar un recurso de habeas corpus, es decir, de impugnar su detención antes de ser deportados.
Trump ya había pedido la destitución de Boasberg después de que el juez bloqueara su proclamación. Pero el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó esa solicitud.
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