Un día después de que los líderes de Kentucky acordaran cumplir la ley federal que prohíbe las tasas de matrícula de las universidades públicas estatales para los extranjeros ilegales, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una denuncia contra otro estado por incumplimiento.
La demanda, presentada en la Corte de Distrito de Estados Unidos del sur de Illinois, nombra al gobernador de Illinois, JB Pritzker, al fiscal general del estado, Kwame Raoul, y a la junta directiva del sistema universitario estatal. Cita una ley federal de 1996 que establece que los inmigrantes ilegales no pueden beneficiarse de tasas de matrícula más bajas dentro del estado si esas mismas tasas no están disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses.
Las leyes de Illinois, que permiten tasas de matrícula estatales para aquellos reconocidos como residentes del estado independientemente de su documentación o condición de ciudadanía estadounidense, entran en conflicto flagrante con la ley federal y la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, dijo la fiscal general Pam Bondi en una declaración del 2 de septiembre.
"Este Departamento de Justicia ha presentado múltiples demandas para evitar que los estudiantes estadounidenses sean tratados como ciudadanos de segunda clase", afirmó. "Illinois se une ahora a la lista de estados en los que luchamos sin descanso para defender la ley federal".
El fiscal federal Steven Weinhoeft afirmó que la política de matrícula del estado de Prairie solo incentiva más inmigración ilegal, "todo a costa del contribuyente".
"Illinois tiene un deseo evidente de ganar una 'carrera hacia el abismo' como el principal estado santuario del país. Su enfoque erróneo de exigir matrícula estatal, becas y ayuda financiera a los extranjeros ilegales viola claramente la ley federal", afirmó en la declaración del 2 de septiembre.
Illinois ofrece actualmente matrículas más altas a los graduados de secundaria que hayan residido en ese estado durante tres años. En 2026, esa restricción se reducirá a dos años en virtud de la reciente legislación estatal.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con las oficinas del gobernador, el fiscal general y la junta de educación superior de Illinois.
La ley federal, una legislación bipartidista promulgada durante la administración del presidente Bill Clinton, fue reafirmada por el presidente Donald Trump durante una serie de órdenes ejecutivas a principios de este año.
Trump, en virtud de su orden ejecutiva titulada "Fin de las subvenciones de los contribuyentes a las fronteras abiertas", ordenó a las agencias federales que se aseguraran de que las prestaciones financiadas con fondos públicos de EE. UU. no se concedieran a "extranjeros no cualificados".
El Departamento de Justicia demandó anteriormente a Texas, Oklahoma y Kentucky por la matrícula estatal a extranjeros ilegales, y los tres han aceptado la demanda del gobierno federal y ya no amplían las tasas de matrícula estatal a los inmigrantes ilegales. Hay una demanda pendiente contra Minnesota.
Según el Portal de Inmigración de Educación Superior, aproximadamente la mitad de los estados de EE. UU. ofrecían matrículas estatales y/o ayudas económicas a los inmigrantes ilegales en las universidades públicas cuando comenzó el semestre de otoño de 2025 el mes pasado.
Alrededor del 62 % de la población nacida en el extranjero vive en estados con leyes de "equidad en las matrículas", y más de medio millón de inmigrantes ilegales están matriculados en universidades públicas y privadas de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
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