El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 4 de agosto que puso fin a un decreto iniciado hace más de 44 años, que imponía en todo el gobierno federal prácticas de contratación relacionadas con las teorías de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
En un escrito judicial presentado el 1 de agosto, la División de Derechos Civiles del DOJ declaró que eliminará un decreto emitido en el marco del caso Luevano vs Ezell, que fue presentado por solicitantes de empleo pertenecientes a minorías que alegaron discriminación en 1979. El decreto entró en vigor en todo el gobierno federal en 1981.
El Departamento de Justicia afirmó el lunes que el decreto dictado en virtud de la sentencia "había limitado las prácticas de contratación del gobierno federal basándose en teorías erróneas y obsoletas sobre la diversidad, la equidad y la inclusión", y que también "imponía procedimientos draconianos de revisión y aplicación de pruebas" en la Oficina de Gestión de Personal (OPM).
“Durante más de cuatro décadas, este decreto ha impedido al gobierno federal contratar a los mejores talentos de nuestra nación”, afirmó el fiscal general adjunto Harmeet K. Dhillon en un comunicado. “Hoy, el Departamento de Justicia ha eliminado esa barrera y ha reabierto las oportunidades de empleo federal basadas en el mérito, no en la raza”.
El decreto de consentimiento de 1981 establecía que el gobierno federal se comprometía a eliminar la herramienta de evaluación conocida como Examen de Carrera Profesional y Administrativa (PACE, por sus siglas en inglés) y a crear dos mandatos especiales de contratación, los programas "Outstanding Scholar" y "Bilingual/Bicultural". El gobierno había reconocido que el PACE violaba una parte de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según un memorándum de la OPM publicado en 2007.
“Estos programas debían utilizarse cuando los procedimientos tradicionales de examen competitivo tuvieran un impacto adverso, con el fin de ayudar a mejorar la diversidad en las profesiones cubiertas por el decreto”, decía el memorándum.
La decisión del Departamento de Justicia se produce días después de que este publicara nuevas directrices para las entidades o personas que reciben fondos federales, en las que se establece que no pueden participar en programas de DEI.
En un comunicado del 31 de julio, el Departamento de Justicia afirmó que los beneficiarios incurrirían en "discriminación ilegal" si infringieran las normas de las leyes federales contra la discriminación que "se aplican a los programas o iniciativas que implican prácticas discriminatorias, incluidos los etiquetados" como programas de DEI.
“Las entidades que reciben fondos federales, al igual que todas las demás entidades sujetas a las leyes federales contra la discriminación, deben garantizar que sus programas y actividades cumplan con la legislación federal y no discriminen por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, religión u otras características protegidas, independientemente de la denominación, los objetivos o las intenciones del programa”, afirmó el Departamento de Justicia en el comunicado.
Los beneficiarios de los fondos federales van desde escuelas, colegios universitarios y universidades hasta organizaciones sin ánimo de lucro y empresas privadas que son contratistas del gobierno. El DOJ hizo público el memorándum la semana pasada.
Desde que asumió el cargo en enero, el presidente Donald Trump ha emitido múltiples órdenes ejecutivas dirigidas a la DEI o marcos similares, afirmando que tales políticas son discriminatorias, menoscaban los sistemas basados en el mérito o generan un gasto público innecesario.
En virtud de estas órdenes, la Administración Trump eliminó los programas relacionados con la DEI dentro del gobierno y ha despedido a varios trabajadores que participaban en esas iniciativas. Se ha enfrentado a algunos retos legales.
Algunas empresas privadas habían dado marcha atrás en esas iniciativas en los últimos meses, incluso antes de que Trump asumiera el cargo.
Con información de Reuters
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