El Gobierno aceptó un acuerdo que implica la eliminación de los registros que muestran el estado de vacunación contra la COVID-19 de los empleados, según informaron el 7 de agosto los abogados que representan a los trabajadores que presentaron la demanda.
Los funcionarios deben eliminar los registros en virtud del acuerdo y prohibir la discriminación basada en el estado de vacunación, según declararon en un comunicado Feds for Freedom, el grupo de trabajadores, y sus abogados. El Gobierno también debe prohibir la discriminación basada en el estado de vacunación y reembolsar una parte de los gastos legales del grupo.
Un correo electrónico enviado al abogado del Departamento de Justicia que presentó el jueves la desestimación voluntaria del caso respondió con un mensaje en el que indicaba que se encuentra de baja hasta el 11 de agosto. La oficina de prensa del departamento no respondió a una solicitud de comentarios antes de la publicación.
El acuerdo formal no se ha inscrito en el registro del tribunal, pero los abogados de Feds for Freedom dijeron que incluye el reembolso de algunos de los gastos legales incurridos en el caso que la organización presentó contra el gobierno por la obligación de vacunarse contra la COVID-19 para los trabajadores federales.
Feds for Freedom demandó al Gobierno en 2021, después de que el presidente Joe Biden impusiera la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 a todos los trabajadores federales. El juez federal Jeffrey Brown dictó una orden judicial preliminar en enero de 2022 que bloqueó la obligatoriedad mientras se tramitaba el caso, al considerar que Biden carecía de autoridad para imponerla.
Un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos levantó la orden judicial varios meses después, alegando que los trabajadores federales que presentaron la demanda deberían haber presentado sus reclamaciones ante una junta administrativa en lugar de ante los tribunales. En 2023, el tribunal de apelaciones en pleno mantuvo la obligación.
A finales de 2023, la Corte Suprema anuló las sentencias del caso porque Biden había revocado el mandato, lo que significa que ninguna de las decisiones servirá de precedente en casos futuros.
Brown anuló la orden judicial en marzo. También ordenó al Gobierno y a los demandantes que presentaran un informe sobre la situación.
Desde entonces, el Gobierno ha solicitado prórrogas para responder, alegando que los funcionarios estaban debatiendo los pasos adecuados a seguir en el litigio y que estaban lidiando con problemas de personal.
La última orden de Brown ordenaba a las partes presentar un calendario de sesiones informativas a más tardar el 7 de agosto.
El fiscal adjunto de Estados Unidos, James Gillingham, dijo el 7 de agosto en un acuerdo que las partes habían acordado desestimar el caso con perjuicio.
Biden defendió la orden, alegando que prevenía infecciones, hospitalizaciones y muertes. El presidente Donald Trump criticó las órdenes de vacunación contra la COVID-19, afirmando que apoya a las personas que deciden no vacunarse. En febrero, firmó una orden que prohíbe la financiación de las escuelas que exigen la vacunación contra la COVID-19.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
