El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) modificó un documento que podría haber denegado explícitamente la ayuda en caso de catástrofes a los estados, ciudades y beneficiarios más pequeños por cualquier boicot contra Israel.
Ya no define lo que denomina "boicot discriminatorio prohibido" como aquel dirigido contra empresas israelíes o que operan en Israel. Sin embargo, los términos y condiciones actualizados siguen prohibiendo la financiación a quienes participen en un boicot discriminatorio prohibido, aunque sin definir dicho término.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a The Epoch Times que, a pesar del cambio, seguirá aplicando las leyes contra la discriminación frente a cualquier acción ilegal del movimiento pro palestino para boicotear, desinvertir o sancionar (BDS) a Israel y a las empresas vinculadas a Israel.
Mientras tanto, cientos de millones de dólares en subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) incluyen excepciones al cumplimiento de la ley federal de inmigración, como el requisito del DHS de evitar que se beneficie o se incentive la inmigración ilegal.
Dirigida por el administrador en funciones David Richardson, la FEMA depende del DHS, que está dirigido por la secretaria Kristi Noem.
Reuters informó por primera vez sobre los vínculos de las subvenciones de la FEMA con el boicot a Israel el 1 de agosto. Las subvenciones incluían fondos que normalmente se destinarían a formación en materia de seguridad nacional, puertas y paredes resistentes a impactos, apoyo a simulacros de terremotos y mucho más.
Las subvenciones se remiten a los términos y condiciones del DHS vigentes desde el 18 de abril. En ese momento, estos incluían el lenguaje anti-BDS. Se aplicaba a los beneficiarios y subbeneficiarios, que pueden incluir no solo a los estados, sino también a organizaciones privadas sin ánimo de lucro, tribus y gobiernos locales.
El 4 de abril, tras horas de protestas en las redes sociales, el DHS modificó el documento. Aunque sigue fechado el 18 de abril, ya no define específicamente un boicot discriminatorio prohibido en relación con Israel. Sin embargo, sigue exigiendo a los beneficiarios que no participen en actividades discriminatorias de este tipo. El término "boicot discriminatorio prohibido" ya no se define de forma prescrita.
En respuesta a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico, la agencia declaró: "El DHS hará cumplir todas las leyes y políticas contra la discriminación, incluidas las relacionadas con el movimiento BDS, que se basa expresamente en el antisemitismo".
"Quienes participen en la discriminación racial no deben recibir ni un solo dólar de financiación federal", añadió el DHS.
El movimiento BDS suscitó controversia. Muchos defensores afirman que buscan defender los derechos de los palestinos y se oponen al antisemitismo. Muchos críticos afirman que el movimiento demoniza a Israel y sirve de vehículo para la discriminación contra los judíos y el Estado judío.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica ante el Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales en el Capitolio, en Washington, el 20 de mayo de 2025. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times).
Exenciones para la inmigración ilegal, ciudades santuario
El DHS no abordó explícitamente las preguntas de The Epoch Times sobre las exenciones de financiación relacionadas con la inmigración en varias subvenciones de la FEMA.Sus términos y condiciones para la financiación federal incluyen la comunicación con los funcionarios de inmigración y el DHS. Ese lenguaje podría resultar problemático para las ciudades y estados santuario, que han aprobado leyes que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Una sección, el párrafo C.IV, exige a los beneficiarios que permitan a las autoridades federales acceder a los detenidos que puedan ser expulsados. También les obliga a no animar a los extranjeros ilegales a vivir en Estados Unidos y "a no filtrar ni dar a conocer de ningún otro modo la existencia de una operación de control de la inmigración", entre otros requisitos.
Otra subsección, que se encuentra en el párrafo C.XVII, exige a los beneficiarios de las subvenciones que certifiquen que "no operan ni operarán durante el período de vigencia de esta subvención ningún programa que beneficie a los inmigrantes ilegales o incentive la inmigración ilegal".
Aunque algunas oportunidades de financiación están sujetas a esos términos y condiciones, cientos de millones de dólares en subvenciones de la FEMA eximen explícitamente a los beneficiarios de su cumplimiento.
Esas oportunidades incluyen 117 millones de dólares en fondos previstos para alimentos y refugio de emergencia.
También incluyen 274.5 millones de dólares en fondos previstos para la seguridad física y cibernética de organizaciones sin ánimo de lucro y más de 70 millones de dólares en fondos previstos para la preparación nacional ante amenazas y desastres "naturales, provocados por el hombre y tecnológicos".
Un boletín informativo de la FEMA del 29 de julio afirmaba que 454.5 millones de dólares en fondos para los estados están supeditados a la ayuda para hacer frente a la inmigración ilegal y al terrorismo.
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