El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó una moción el jueves en la que indicaba que quiere retirar una demanda en la que se acusa a SpaceX de discriminación laboral contra los refugiados.
La demanda judicial presentada por el DOJ en agosto de 2023 alegaba que SpaceX, propiedad de Elon Musk, violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad al negarse a contratar a personas con estatus de asilo o refugiado.
La empresa aeroespacial presentó una contrademanda contra el Departamento de Justicia más adelante ese año por motivos constitucionales. El mes pasado, un juez federal de Texas accedió a la solicitud del Departamento de Justicia de suspender la demanda durante 45 días, alegando que el departamento carece de autoridad para presentar sus reclamaciones contra SpaceX.
En una presentación judicial el jueves, el Departamento de Justicia solicitó que la corte levantara la suspensión de la demanda para poder presentar un aviso de desestimación. No proporcionó una razón para la posible desestimación.
Tanto el Departamento de Justicia como SpaceX no respondieron a una solicitud de comentarios en el momento de la publicación de este artículo.
En su demanda judicial de 2023, el Departamento de Justicia alegó que, entre 2018 y 2022, SpaceX disuadió a los asilados y refugiados de solicitar empleo y no consideró de manera justa sus solicitudes debido a su condición de ciudadanía. El Departamento de Justicia acusó a SpaceX de afirmar falsamente en ofertas de trabajo y declaraciones públicas que las leyes de control de exportaciones impedían a la empresa contratar a personas sin ciudadanía estadounidense.
"Según estas leyes, empresas como SpaceX pueden contratar a asilados y refugiados para los mismos puestos que contratarían a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales", declaró. "Y una vez contratados, los asilados y refugiados pueden acceder a información y materiales controlados para la exportación sin necesidad de una aprobación adicional del gobierno, al igual que los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales".
El Departamento de Justicia también declaró que la Ley de Inmigración y Nacionalidad prohíbe a las empresas discriminar a los refugiados y a las personas a las que se les ha concedido asilo, a menos que estén legalmente obligadas a hacerlo.
SpaceX, en su contrademanda, negó haber actuado de manera indebida, afirmando que la empresa siempre se ha esforzado por "contratar a los mejores candidatos para cada puesto, independientemente de su condición de ciudadanía".
La empresa argumentó que, debido a la naturaleza delicada de su trabajo, como la fabricación de tecnologías con aplicaciones militares, está sujeta a mandatos legales en virtud de las leyes de control de exportaciones, incluida la Reglamentación Internacional sobre Tráfico de Armas (ITAR), que limitan a quién puede contratar.
"Estas leyes y reglamentos de control de exportaciones son fundamentales para nuestra seguridad nacional. Además, violarlos puede tener graves consecuencias para una empresa como SpaceX", declaró, señalando que el incumplimiento de la normativa podría dar lugar a fuertes multas y sanciones penales.
El 25 de agosto de 2023, Musk declaró en la plataforma de redes sociales X que a su empresa le habían dicho que contratar a cualquier persona que no sea residente permanente en EE. UU. violaría el ITAR.
"¡Ni siquiera podíamos contratar a ciudadanos canadienses, a pesar de que Canadá forma parte de NORAD! Este es otro caso más de instrumentalización del Departamento de Justicia con fines políticos", declaró.
Musk fue nombrado por el presidente Donald Trump a principios de este año para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que se ha encargado de revisar las agencias federales para una posible reducción de personal y de costes.
Trump dijo anteriormente que Musk no podría tomar ninguna medida sin la aprobación de la Casa Blanca, y que el gobierno "no le dejará ni acercarse" si hay un conflicto de intereses.
Se espera que el trabajo del DOGE se complete antes del 4 de julio de 2026, según la orden ejecutiva de Trump del 20 de enero.
Con información de Reuters
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