WASHINGTON — El Distrito de Columbia demandó al gobierno de Trump el 4 de septiembre por el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país.
La demanda judicial alega que el despliegue viola el estatus semisoberano del distrito, conocido como "Home Rule", por el que la ciudad tiene jurisdicción sobre sus propios asuntos, pero el Congreso puede anular sus decisiones.
"Al hacerlo, ha pisoteado un principio fundamental de la democracia estadounidense: Que el ejército no debe intervenir en la aplicación de la ley nacional", dice la demanda, en referencia al presidente Donald Trump.
La demanda también alega que el uso de la Guardia Nacional de otros estados en la capital del país es una violación de la Constitución y la ley federal.
"Esto se debe a que la Constitución y la ley federal reservan a los estados la autoridad para comandar las fuerzas de la Guardia Nacional, a menos y hasta que hayan sido puestas en servicio federal activo", afirma. "El presidente no ha federalizado ninguna de las fuerzas de fuera del estado que ha impuesto al Distrito. Por lo tanto, el gobierno federal no puede comandarlas legalmente ni controlar sus operaciones diarias, como está haciendo aquí".
Además, la demanda afirma que el despliegue va en contra de la Ley Posse Comitatus, que restringe el uso del ejército con fines policiales.
"El presidente Trump está dentro de su autoridad legal para desplegar la Guardia Nacional en Washington D. C. con el fin de proteger los activos federales y ayudar a las fuerzas del orden en tareas específicas", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. "Esta demanda no es más que otro intento, en detrimento de los residentes y visitantes de D. C., de socavar las operaciones altamente exitosas del presidente para detener los delitos violentos en D. C.".
Las tropas de la Guardia Nacional han estado ayudando a las fuerzas del orden en el Distrito de Columbia desde que Trump las movilizó el 11 de agosto. El personal de la Guardia Nacional no tiene autoridad para arrestar a personas, pero puede detenerlas hasta que lleguen las fuerzas policiales.
El despliegue de la Guardia por parte de Trump en la capital del país coincidió con su declaración de emergencia por delincuencia en la ciudad, al ordenar el control federal sobre el Departamento de Policía Metropolitana.
"Estas acciones ilegales y sin precedentes han causado un daño grave e irreparable al Distrito", afirma la demanda.
A pesar de presentar la demanda contra la administración, la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, firmó una orden ejecutiva el 2 de septiembre en la que aprobaba la continuación de la colaboración del Departamento de Policía Metropolitana con las fuerzas policiales federales.
La demanda se produce después de que un juez federal dictaminara esta semana que la administración Trump violó la ley al enviar a la Guardia Nacional y a los marines a Los Ángeles en respuesta a los disturbios de junio.
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