El 5 de diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió revisar si la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento es constitucional.
La decisión de la corte se tomó en forma de una orden sin firmar y sin comentarios. Ningún juez disintió. El caso se conoce como Trump contra Barbara.
La orden ejecutiva 14160 de Trump, firmada el 20 de enero, establece que “la Decimocuarta Enmienda nunca se ha interpretado en el sentido de extender la ciudadanía universalmente a todas las personas nacidas en Estados Unidos”.
Según la orden, una persona nacida en Estados Unidos no está “sujeta a la jurisdicción del mismo” si su madre se encontraba en situación irregular en el país y su padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal en el momento de su nacimiento.
También establece que el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se aplica a una persona cuya madre residía legalmente pero de forma temporal y cuyo padre no era ciudadano ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de esa persona.
La orden ejecutiva ha suscitado un debate sobre el significado de la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda, que establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen".
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dictaminó el 23 de julio que la orden ejecutiva era "inválida porque contradice el lenguaje claro de la Decimocuarta Enmienda, que otorga la ciudadanía a 'todas las personas nacidas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción'".
Antes de eso, la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington falló en contra de la orden ejecutiva el 6 de febrero. Esa corte concedió una medida cautelar que bloqueaba la orden porque "sujeta" a los estados que la impugnan a "daños económicos y administrativos inmediatos".
Dicha corte afirmó que la orden ejecutiva obligaría a los estados a descalificar a muchas personas que consideran ciudadanos y, en el proceso, les haría perder fondos federales a los que, de otro modo, tendrían derecho a recibir. Es probable que los estados ganen su demanda por considerar que la orden ejecutiva viola la 14.ª Enmienda, añadió la corte.
Aún no se ha programado ninguna audiencia para el caso.
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