La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó recientemente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede seguir llevando a cabo operaciones de control en lugares sospechosos de albergar a inmigrantes ilegales mientras se resuelve en las cortes una demanda sobre este asunto.
La orden del 8 de septiembre permite al ICE tener en cuenta la raza aparente, el idioma y el tipo de trabajo y lugar de trabajo a la hora de llevar a cabo las operaciones.
Esto es lo que hay que saber:
Detenciones "aleatorias" del ICE
La lucha contra la inmigración ilegal fue una parte fundamental de la plataforma electoral del presidente Donald Trump en 2024, y durante su segundo mandato se produjo un aumento de las deportaciones.Con ese fin, las operaciones de control del ICE se intensificaron en California a partir de junio, centrándose especialmente en las "ciudades santuario", como Los Ángeles.
Los agentes del ICE localizaron obras de construcción, mercados agrícolas y tiendas de bricolaje donde se sabía que se congregaban jornaleros temporales en busca de trabajo.
Se produjeron protestas. Esas protestas acabaron convirtiéndose en disturbios, lo que llevó a Trump a enviar a la Guardia Nacional.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que las operaciones se estaban llevando a cabo de forma "aleatoria" y dejaron a la comunidad inmigrante "temerosa y aterrorizada".
Describió el trabajo del ICE como "hombres enmascarados sin uniformes, coches sin distintivos, sin matrículas, que saltan de los coches con armas y simplemente agarran a la gente y la detienen en la calle, sacándola de las paradas de autobús".
También señaló que los obispos católicos locales permitieron a los inmigrantes ilegales asustados faltar a la misa dominical.
La demanda
Pedro Vásquez Perdomo, junto con otros dos hombres, fue detenido por las autoridades de inmigración en una parada de autobús el 18 de junio.Vásquez Perdomo presentó una demanda, junto con otras personas y dos grupos de defensa de los inmigrantes: Coalición para los Derechos Humanos de Inmigrantes y el Centro legal en Defensa de Inmigrantes.
El 11 de julio, la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong dictaminó que el ICE estaba actuando de forma indebida contra los presuntos inmigrantes ilegales basándose en cuatro factores: su raza o etnia aparente, su uso del español o del inglés con acento español, su presencia en un determinado lugar de trabajo o su tipo de trabajo, como el trabajo agrícola o la construcción.
En su sentencia, escribió que ninguno de estos cuatro factores constituye una sospecha razonable de que una persona se encuentre en el país de forma ilegal y que el ICE estaba violando el derecho de la Cuarta Enmienda contra el registro y la incautación irrazonables.
Su orden impidió al ICE interrogar a los presuntos inmigrantes ilegales basándose únicamente en esos cuatro factores.
Se suspende la sentencia de la corte de distrito
La administración Trump presentó un recurso de urgencia ante la Corte Suprema el 7 de agosto y, el 8 de septiembre, la corte bloqueó la sentencia de la corte inferior por 6 votos contra 3.La sentencia mayoritaria no dio ninguna explicación ni opinión por escrito. Sin embargo, el juez Brett Kavanaugh, coincidiendo con la mayoría, sí explicó su opinión sobre el caso en un dictamen escrito separado.
Señalando que se estima que el 10 por ciento de la población de Los Ángeles son inmigrantes ilegales —unos 2 millones de personas de un total de 20 millones—, Kavanaugh escribió que no era de extrañar que el gobierno federal se centrara en esa zona del país.
"Las detenciones de inmigrantes basadas en sospechas razonables de presencia ilegal han sido un componente importante de la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos durante décadas, a lo largo de varias administraciones presidenciales", escribió.
"Que un agente tenga una sospecha razonable depende de la totalidad de las circunstancias".
Escribió que la etnia por sí sola no puede proporcionar una "sospecha razonable", pero que puede tenerse en cuenta junto con otros factores.
Kavanaugh también escribió que el hecho de que las leyes de inmigración no se hayan aplicado de manera coherente en las diferentes administraciones presidenciales no significa que los jueces puedan impedir que la administración actual lo haga.
"El poder judicial no establece la política de inmigración ni decide las prioridades de aplicación", escribió.
Las magistradas Sonia Sotomayor, Ketanji Brown-Jackson y Elena Kagan discreparon.
"El gobierno, y ahora la concurrencia, declararon que todos los latinos, sean o no ciudadanos estadounidenses, que tengan empleos con salarios bajos son blanco legítimo para ser detenidos en cualquier momento, sacados de su trabajo y retenidos hasta que proporcionen pruebas de su situación legal a satisfacción de los agentes", escribió Sotomayor en su disidencia.
El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en una declaración tras la orden: "La policía privada de Trump ahora tiene luz verde para perseguir a su familia, y ahora todas las personas son un objetivo, pero seguiremos luchando contra estos ataques abominables contra los californianos".
¿Qué sigue?
El caso se dirigirá a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para su reconsideración."Muy pronto volveremos a las cortes para continuar la lucha contra estas políticas claramente ilegales, y estamos seguros de que la jueza volverá a ver, como ya vio, que no hay absolutamente nada legal en que el ICE persiga a las personas por su raza, su forma de hablar o su profesión", dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, tras el fallo.
la Corte Suprema aún no acepta conocer el caso, pero Kavanaugh escribió que si el gobierno pierde en la Corte de Apelación, es probable que los magistrados lo acepten.
La Administración Trump publicó a finales del mes pasado una hoja informativa en la que se alardeaba de la detención de 5000 inmigrantes ilegales en Los Ángeles desde junio.
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