La Corte Suprema otorgó al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dos grandes victorias a última hora del 6 de junio en su esfuerzo por reducir el tamaño del gobierno federal.
El tribunal más alto del país emitió las dos sentencias sin firmar al mismo tiempo.
La primera orden anula una orden de una corte inferior que impedía al personal del DOGE acceder a datos confidenciales de la Administración del Seguro Social (SSA).
La segunda orden bloquea formalmente las órdenes de un tribunal inferior que exigían al DOGE responder a las solicitudes de libertad de información en un juicio pendiente.
El DOGE se creó el 20 de enero, cuando el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 14158, por la que se renombró el Servicio Digital de los Estados Unidos (USDS) como Servicio DOGE de los Estados Unidos y se creó un órgano consultivo que recomienda medidas de reducción de costes para las agencias federales.
La orden ejecutiva ordenaba a la entidad «aplicar la Agenda DOGE del presidente, modernizando la tecnología y el software federales para maximizar la eficiencia y la productividad del Gobierno».
La primera orden judicial se dictó en un caso conocido como Administración de la Seguridad Social contra la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y del Condado.
Ellen Lipton Hollander, jueza federal de distrito con sede en Maryland, dictó una orden el 20 de marzo que impedía al DOGE consultar los registros de la SSA, alegando que dicho acceso violaba la Ley Federal de Privacidad.
«El equipo del DOGE se dedica esencialmente a una expedición de pesca en la SSA, en busca de una epidemia de fraude, basándose en poco más que sospechas», escribió la jueza al conceder una orden de restricción temporal contra el gobierno federal.
Hollander ordenó al DOGE que eliminara cualquier dato de carácter personal que tuviera en su poder. El 17 de abril, Hollander elevó la orden de restricción temporal a una medida cautelar preliminar.
El 30 de abril, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU. votó 9-6 a favor de mantener la orden de Hollander mientras continúa el proceso de apelación.
La Corte Suprema dijo que se han cumplido los requisitos para suspender la orden judicial preliminar de Hollander y concluyó que «en las circunstancias actuales, la SSA puede proceder a conceder a los miembros del equipo DOGE de la SSA acceso a los registros de la agencia en cuestión para que dichos miembros puedan realizar su trabajo».
Las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson disintieron.
Kagan dijo que denegaría la solicitud de emergencia. No dio razones para su voto.
Jackson emitió una opinión disidente, a la que se sumó Sotomayor.
Jackson escribió que la Corte Suprema está permitiendo a la Administración de la Seguridad Social «entregar al personal del DOGE los datos altamente sensibles de millones de estadounidenses».
En este caso, el tribunal está actuando con una prisa indebida, ya que «se pone el equipo de respuesta a emergencias, se apresura a acudir al lugar de los hechos y utiliza su poder equitativo para avivar las llamas en lugar de extinguirlas», escribió la jueza.
Las cortes utilizan los poderes equitativos para garantizar resultados justos en casos en los que una aplicación rígida de la ley daría lugar a una injusticia.
La segunda orden, en el caso Servicio DOGE de EE. UU. contra Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), se produjo después de que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitiera el 23 de mayo una suspensión administrativa que bloqueaba temporalmente las órdenes de los tribunales inferiores que permitían continuar con la investigación.
En el proceso de investigación, se recogen pruebas mediante declaraciones y otros medios.
CREW se opuso a la solicitud de emergencia del gobierno para detener la presentación de pruebas, argumentando que el DOGE está ejerciendo una «autoridad independiente sustancial», lo que la convierte efectivamente en una agencia sujeta a la Ley de Libertad de Información (FOIA) y a la Ley Federal de Registros, según un escrito presentado.
La Ley de Libertad de Información, que entró en vigor en 1966, permite a los individuos «obtener acceso a la información gubernamental contenida en los registros de las agencias del poder ejecutivo», con ciertas excepciones.
«La FOIA se aplica a los registros creados por las agencias federales y no cubre los registros en poder del Congreso, los tribunales o las agencias gubernamentales estatales y locales», dice un sitio web del gobierno.
La Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia emitió una orden en abril concediendo la divulgación en el litigio. En mayo, el tribunal emitió una orden programando la divulgación.
También en mayo, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de EE. UU. se negó a bloquear las órdenes, según la solicitud de emergencia presentada por el gobierno ante la Corte Suprema.
El fiscal general de EE. UU., D. John Sauer, argumentó en la solicitud que el DOGE es un órgano consultivo ubicado en el poder ejecutivo, a diferencia de una agencia, por lo que «está exento de la Ley de Libertad de Información (FOIA)».
Sauer escribió que, a pesar de la condición de órgano consultivo del DOGE, el tribunal de distrito le ordenó «someterse a una presentación de pruebas exhaustiva e intrusiva solo para determinar si el USDS está sujeto a la FOIA en primer lugar».
Sauer afirmó que el tribunal de distrito «da la vuelta a la FOIA, otorgando efectivamente a [CREW] una victoria en el fondo de su demanda en virtud de la FOIA con el pretexto de determinar si la FOIA es siquiera aplicable».
La Corte Suprema anuló la decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia de no detener el descubrimiento y remitió el caso a ese tribunal «para que lo considere nuevamente a la luz de esta orden».
El tribunal superior determinó que la orden de descubrimiento de abril del tribunal de distrito que obligaba al gobierno a revelar «las recomendaciones internas del USDS dentro del Poder Ejecutivo y si se siguieron esas recomendaciones» era demasiado amplia.
«Cualquier investigación sobre si una entidad es una agencia a efectos de la Ley de Libertad de Información no puede basarse en la capacidad de persuasión de la entidad», afirmó la Corte Suprema.
Además, la doctrina de la separación de poderes exige que el poder judicial se remita al poder ejecutivo en lo que respecta a la posibilidad de que se revelen comunicaciones internas del gobierno en el proceso de descubrimiento, afirmó el alto tribunal.
La separación de poderes es una doctrina constitucional que divide el gobierno en tres ramas para evitar que una sola rama acumule demasiado poder.
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