El 9 de septiembre, la Corte Suprema concedió la solicitud de la Administración Trump de retener temporalmente aproximadamente 4000 millones de dólares en fondos de ayuda exterior previamente autorizados por el Congreso.
La solicitud de emergencia del Gobierno federal en el caso Departamento de Estado de EE. UU. vs Coalición para la Defensa de la Vacuna contra el SIDA y Consejo Mundial de Salud vs Trump fue concedida por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, un día después de que se presentara ante el máximo tribunal del país.
El tribunal emitió una suspensión administrativa, que deja en suspenso la orden de un tribunal inferior que exigía la liberación de los fondos para dar a los jueces más tiempo para examinar a fondo el asunto. El tribunal no dio razones para su decisión.
El Departamento de Justicia (DOJ) había pedido a los jueces que suspendieran una sentencia del juez federal Amir Ali, con sede en Washington, que le ordenaba al Gobierno federal gastar unos 4000 millones de dólares de fondos previamente asignados.
El dinero está destinado a ayuda exterior y a proyectos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
La nueva orden de la Corte Suprema establece que las órdenes de Ali del 3 de septiembre en los dos casos "quedan parcialmente suspendidas en lo que respecta a los fondos sujetos a la propuesta [de rescisión] del presidente del 28 de agosto de 2025, actualmente pendiente ante el Congreso, a la espera de una nueva orden del abajo firmante o de la Corte".
Después de que la Corte de Apelación del Distrito de Columbia cancelara las órdenes de Ali el 28 de agosto, el presidente propuso rescindir los aproximadamente 4000 millones de dólares de financiación en virtud de la Ley de Control de Embargos. Según los procedimientos de vía rápida, el Congreso tiene 45 días para considerar la solicitud de rescisión y, durante ese periodo, no se puede exigir al presidente que gaste el dinero, según afirmó el fiscal general D. John Sauer en la solicitud presentada por el Gobierno el 8 de septiembre.
Sauer afirmó en la solicitud que esta es la tercera vez en este caso que Ali "ha dictado una orden judicial ilegal que precipita una emergencia innecesaria y un conflicto innecesario entre poderes".
En febrero, Ali dio al Gobierno federal 36 horas para pagar aproximadamente 2000 millones de dólares en facturas por trabajos de ayuda exterior realizados en el pasado, lo que Sauer calificó como "una tarea imposible" y para la que el juez carecía de autoridad para ordenarla. La Corte Suprema puso fin a la disputa concediendo una suspensión administrativa.
Tras levantarse el plazo, el Gobierno pagó "prácticamente la totalidad de las cantidades impugnadas", afirmó Sauer.
A continuación, Ali dictó una "novedosa orden judicial que obligaba al Gobierno a comprometer decenas de miles de millones de dólares" en asignaciones de ayuda exterior, basándose en la teoría de que la retención de los fondos violaba la Constitución y la Ley de Control de Embargos, afirmó Sauer.
La Corte de Apelación del Distrito de Columbia levantó esa orden judicial y permitió que su fallo entrara en vigor el 28 de agosto, según Sauer.
Ahora que su teoría original fue "rechazada de forma contundente", el tribunal de distrito precipitó una nueva emergencia "emitiendo una versión de la misma orden judicial cerca de la medianoche del 3 de septiembre", afirmó Sauer.
El tribunal de distrito está obligando de nuevo al Gobierno a comprometer unos 10,500 millones de dólares en fondos de ayuda exterior que vencían el 30 de septiembre, según Sauer. Pero ahora el Gobierno se ha quedado "con aún menos tiempo para una revisión más detallada o para cumplir, con teorías jurídicas aún más deficientes", afirmó Sauer.
Sauer dijo que el Gobierno ya había previsto comprometer 6500 millones de dólares de esa financiación antes del 30 de septiembre, pero la orden de Ali sobre los 4000 millones restantes "plantea una amenaza grave y urgente para la separación de poderes", una doctrina constitucional que divide el Gobierno en tres ramas para evitar que una sola acumule demasiado poder.
El Consejo Mundial de Salud y otros litigantes que quieren que se liberen los 4000 millones de dólares presentaron un escrito el 8 de septiembre en el que se oponían a la solicitud del Gobierno.
"La teoría del Gobierno de que las agencias no tienen que cumplir con la legislación promulgada que les obliga a gastar los fondos, porque el presidente ha propuesto unilateralmente una legislación para revocar esos mandatos legales, alteraría fundamentalmente nuestra estructura constitucional", se lee en el escrito.
La Corte Suprema ordenó a las asociaciones y a los beneficiarios de las subvenciones que desean que se liberen los fondos que presenten una respuesta ante el tribunal antes de las 4 p. m. del 12 de septiembre.
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