Un juez federal impidió al Departamento de Defensa (DOD) aplicar un límite a la financiación de la investigación de las instituciones académicas, según una orden judicial provisional emitida el 17 de junio.
La cuestión se remonta a un memorándum del DOD del 14 de mayo en el que se anunciaba su plan de restringir la financiación de los costes indirectos de los proyectos de investigación realizados por instituciones educativas a un máximo del 15%. En un memorándum del 12 de junio, el DOD confirmó la aplicación del límite máximo.
El DOD concede subvenciones a instituciones de educación superior para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo. Como parte de estas subvenciones, el departamento también financia los "costes indirectos" en que incurren las instituciones, que se dividen en dos categorías: instalaciones y administración. Los costes de instalaciones incluyen los relacionados con los edificios y el equipo, mientras que los gastos administrativos están relacionados con la oficina y el personal.
El DOD suele negociar con las instituciones el porcentaje de los costes indirectos que debe asumir.
En virtud de la nueva política, que entró en vigor el 12 de junio, el límite del 15% se aplicó a todas las nuevas subvenciones financieras del DOD. Para los fondos ya concedidos, el departamento fijó el 10 de noviembre como fecha límite para renegociar, reduciendo el límite máximo de los costes indirectos al 15%.
El 16 de junio, varias instituciones educativas, así como grupos como la Asociación de Universidades Americanas, presentaron una demanda contra el DOD en la Corte de Distrito de Massachusetts, impugnando la política de limitación de la tasa.
Un día después, el juez de la Corte de Distrito Brian E. Murphy se puso del lado de los demandantes y dictó una orden de restricción temporal que prohibía al Departamento de Defensa y al secretario de Defensa Pete Hegseth aplicar "las partes de la política de limitación de tasas que entran en vigor de inmediato, es decir, aquellas que establecen un límite del 15% para todas las becas concedidas a partir del 12 de junio de 2025".
La orden no mencionaba el límite del 15% del Departamento de Defensa para las indemnizaciones existentes, para las que el Departamento ha reservado un plazo hasta noviembre para renegociar.
Los demandantes afirmaban que, según el mecanismo actual, las instituciones individuales negocian con el gobierno las tasas de costes indirectos, que "a menudo se sitúan entre el 50% y el 65%". Ahora se pretende sustituir este proceso por una "tasa general del 15%".
"La política del Departamento de Defensa contraviene en múltiples ocasiones la legislación y la normativa aplicables y no cumple en absoluto los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo en materia de toma de decisiones motivadas", afirma la demanda.
"Si se permite que la política del Departamento de Defensa se mantenga, se detendrá la investigación crítica, se producirán despidos y recortes en las universidades de todo el país, se socavará gravemente la investigación científica en las universidades de Estados Unidos y se erosionará la envidiable posición de nuestro país como líder mundial en investigación científica e innovación", argumentó.
El Departamento de Defensa justificó el límite máximo en su memorándum del 14 de mayo, afirmando que la aplicación del umbral supondría un ahorro anual de hasta 900 millones de dólares para el departamento.
"Nuestro objetivo no es solo ahorrar dinero, sino destinar esos fondos a la innovación aplicada, la capacidad operativa y la disuasión estratégica. Se lo debemos a nuestros militares y al pueblo estadounidense", decía el memorándum.
Cumplimiento de la orden judicial
Tras la decisión de la corte, la oficina del subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería dijo en un aviso del 18 de junio que el Departamento de Defensa cumplirá los términos de la orden de restricción temporal (TRO) mientras siga en vigor."Además, el Departamento de Defensa suspenderá los esfuerzos para renegociar los límites máximos de las subvenciones existentes a las instituciones de educación superior mientras dure la TRO", afirmó.
En el memorándum del 14 de mayo, el Departamento de Defensa afirmó que gestiona el "presupuesto más crítico" del gobierno federal: el presupuesto destinado a la defensa del país. Como tal, el departamento está obligado a decir "no al despilfarro", afirmó.
La decisión del Departamento de Defensa sobre el límite de las tasas se produce tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 26 de febrero, en la que se pedía a los departamentos que revisaran todas las subvenciones y contratos en busca de "despilfarro, fraude y abuso".
Al igual que el Departamento de Defensa, la Fundación Nacional para la Ciencia también ha tomado medidas para limitar al 15% la financiación de los costes indirectos concedidos a instituciones educativas para investigación.
La medida fue impugnada por 16 estados en una demanda presentada el 28 de mayo. El caso sigue su curso en las cortes.
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