Una corte federal de apelaciones ordenó a un juez que desestime una demanda sobre el intento de la administración Trump de despedir a empleados federales en período de prueba, alegando que los estados azules y morados que presentaron la demanda carecían de legitimidad para hacerlo.
"Reconocemos que el despido repentino e indiscriminado de los empleados en período de prueba ha supuesto un coste humano muy elevado para los afectados", dijo el juez Harvie Wilkinson, de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos, el 8 de septiembre.
"Pero este impacto real sobre los empleados, que no son parte en este caso, no puede influir en nuestra revisión".
La decisión fue de 2 a 1, con la disconformidad de la jueza federal DeAndrea Gist Benjamin.
"Dado que no voy a respaldar el intento del gobierno de eludir las leyes de nuestra nación, respetuosamente disiento", afirmó Benjamin.
La mayoría y la disidencia discreparon sobre cómo los estados se vieron supuestamente perjudicados por las acciones del gobierno federal y si el perjuicio fue suficiente para que un juez bloqueara los despidos.
"Las partes adecuadas para reivindicar los derechos de los empleados en virtud de la legislación laboral federal son los propios empleados, no los gobiernos estatales en su nombre", dice la opinión de Wilkinson, a la que se sumó la jueza federal de circuito Allison Rushing.
La decisión supone una victoria limitada para la administración, que se ha enfrentado a múltiples demandas por sus intentos de despedir a diferentes tipos de empleados federales. Al pronunciarse sobre la legitimación, el tribunal bloqueó una de las vías legales para impugnar los despidos masivos de la administración, pero no todas.
Esta demanda se centró en los empleados en período de prueba o en aquellos que comienzan su empleo federal con un período de prueba que puede ser rescindido de acuerdo con ciertas directrices. Una de ellas es el requisito de que el gobierno federal notifique a los estados con antelación los despidos para que tengan tiempo de prepararse.
Según la corte, al menos 24,000 empleados en período de prueba habían sido despedidos a principios de marzo, y miles de ellos procedían de múltiples departamentos federales. Posteriormente, una corte de distrito ordenó a la administración que readmitiera a los empleados despedidos.
Benjamin afirmó que, debido a que la administración no notificó adecuadamente a los estados, estos sufrieron importantes efectos adversos, como una pérdida imprevista de ingresos fiscales y un aumento de los recursos necesarios para investigar la afluencia de solicitudes de desempleo.
Wilkinson se mostró más escéptico y afirmó que los estados se enfrentaban a un "perjuicio informativo" que no era suficiente para que pudieran obtener el tipo de compensación que solicitaban. Indicó que fallar a favor de los estados abriría las puertas a litigios que desafiarían al gobierno federal y su aplicación de la ley federal.
"Un resultado contrario trastornaría nuestro sistema federalista al ceder la soberanía federal a los estados", dijo. "Innumerables acciones federales afectan los presupuestos y programas estatales. Según la teoría de los demandantes, cada modificación en los niveles de financiación federal autorizaría a los estados a presentar demandas en los tribunales federales".
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