La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia revocó una sentencia de una corte inferior que impedía a la administración Trump reestructurar la dirección del Instituto de la Paz (USIP), según una orden judicial del 27 de junio.
La cuestión se remonta a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, del 19 de febrero, en la que declaraba que el USIP era "innecesario" y pidió que sus actividades fueran "eliminadas en la medida máxima compatible con la legislación aplicable".
El USIP fue creado por el Congreso como una corporación independiente sin ánimo de lucro, recibía financiación federal y privada, y tenía la misión de promover la paz a través de la diplomacia y la educación. La junta directiva del USIP está compuesta por 15 miembros, tres de los cuales son "de oficio", es decir, ocupan su cargo debido a su posición en el Gobierno federal. Los 12 restantes son miembros designados por el presidente y confirmados por el Senado.
El 14 de marzo, Trent Morse, de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca, destituyó a todos los miembros designados. Ese mismo día, los tres miembros de oficio firmaron una resolución por la que se destituía al presidente de la junta.
El 17 de marzo, el Departamento de Eficiencia Gubernamental tomó el control de la sede de la USIP. La administración acabó despidiendo a la mayor parte del personal de la USIP y canceló todos sus programas. Más tarde, la Administración de Servicios Generales tomó el control de la sede de la USIP.
Al día siguiente, el USIP y varios de los miembros destituidos de su junta demandaron al Gobierno por los despidos.
El 19 de mayo, la juez de distrito Beryl Howell impidió a la Administración federal reestructurar el USIP, sustituir a los dirigentes de la organización y asumir el control del edificio de oficinas de la agencia.
Más tarde esa misma semana, Howell rechazó la solicitud de suspensión presentada por la administración, y ratificó su decisión. El asunto pasó entonces a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.
Sin embargo, el 27 de junio, la corte de apelaciones falló a favor de la administración, levantando el bloqueo de la juez del tribunal de distrito.
Los demandantes en el caso argumentaron que sus despidos eran ilegales y que todas las medidas tomadas por el Gobierno federal tras su destitución eran inválidas, según la orden de la corte de apelaciones.
Los demandantes argumentaron que la USIP era una entidad totalmente independiente y que no formaba parte del gobierno, o al menos del poder ejecutivo, y que los miembros de la junta solo podían ser destituidos por el presidente en circunstancias limitadas, como en caso de delito grave o malversación en el cargo.
El gobierno federal argumentó que la USIP formaba parte del poder ejecutivo, ya que desempeñaba funciones diplomáticas, lo que daba derecho al presidente a destituir a los miembros de su junta directiva.
La corte de apelaciones dictaminó que el presidente tiene autoridad para destituir a los funcionarios ejecutivos "a voluntad". Y dado que la USIP ejerce "un poder ejecutivo sustancial", es probable que el gobierno tenga éxito en su argumento de que proteger a la junta contra la remoción presidencial es inconstitucional.
El USIP ha participado en "actividades extensas dentro del ámbito de las competencias del presidente en materia de asuntos exteriores", según la corte de apelaciones.
Por ejemplo, el USIP participó en acuerdos de paz entre Israel y los palestinos y recibió solicitudes del gobierno de Filipinas para facilitar un alto el fuego con un grupo rebelde, según la corte. El instituto también "configura los asuntos exteriores en interés de los Estados Unidos mediante el ejercicio del poder blando", afirmó.
"La incapacidad del presidente para controlar el ejercicio de estos 'importantes poderes ejecutivos' por parte del Instituto socava su capacidad para establecer y perseguir sus objetivos de política exterior", afirmó la corte, añadiendo que el presidente es el "único órgano del gobierno federal en el ámbito de las relaciones internacionales".
La corte de apelaciones resolvió que "el presidente enfrenta un daño irreparable al no poder ejercer plenamente sus poderes ejecutivos. Ese daño supera cualquier perjuicio que puedan sufrir los miembros de la junta destituidos".
Las Cortes respaldan a Trump
En su orden, la corte de apelaciones citó una sentencia dictada el mes pasado por la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso similar.En ese caso, una corte de distrito había impedido a la Administración Trump destituir a un miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y a otro miembro de la Junta de Protección del Sistema de Méritos, según la sentencia de la Corte Suprema del 22 de mayo.
Los demandantes alegaron que el presidente "tenía prohibido por ley destituir a estos funcionarios salvo por causa justificada, y no se había dado ninguna causa justificada", según la sentencia.
Sin embargo, la Corte Suprema levantó el bloqueo de la corte de distrito, alegando que "dado que la Constitución confiere el poder ejecutivo al presidente, este puede destituir sin causa justificada a los funcionarios ejecutivos que ejercen ese poder en su nombre".
Mientras tanto, la administración Trump obtuvo el viernes una importante victoria legal después de que la Corte Suprema emitiera un fallo que restringe a los jueces federales la imposición de medidas cautelares a nivel nacional contra las políticas ejecutivas del gobierno federal.
Trump elogió la decisión en declaraciones durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
"Esta mañana, la Corte Suprema ha logrado una victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de derecho", afirmó.
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