Una Corte Federal de Apelaciones confirmó el viernes una sentencia de un tribunal inferior que prohibía a los agentes federales realizar controles de inmigración y detenciones de inmigrantes ilegales sin causa probable en Los Ángeles.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos rechazó una moción de emergencia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para suspender una orden de restricción temporal emitida por la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong el 11 de julio.
La orden de restricción, emitida en respuesta a una demanda judicial presentada por grupos de defensa de los inmigrantes ilegales, prohíbe al DHS detener a personas por motivos de raza, idioma o acento, ocupación o presencia en lugares específicos, como paradas de autobús.
En un fallo de 61 páginas, el tribunal de tres jueces del Noveno Circuito confirmó la decisión de Frimpong, ya que los jueces determinaron que es poco probable que el Gobierno tenga éxito en la mayoría de sus argumentos.
Sin embargo, el tribunal coincidió con el DHS en que la cláusula de la orden, que prohíbe a los agentes federales llevar a cabo detenciones basadas en determinados factores "salvo en los casos permitidos por la ley", era ambigua.
El tribunal declaró que la expresión "permitidos por la ley" que figura en la orden de restricción no es clara ni siquiera para los abogados y los jueces, y mucho menos para "las personas legas que son objeto de la medida cautelar".
"Por lo tanto, concluimos que es probable que los demandados ganen en cuanto al fondo en lo que respecta a esa cláusula específica. Sin embargo, no es probable que los demandados ganen en sus argumentos restantes", dijeron los jueces.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recibió con satisfacción la decisión de la Corte de Apelaciones y la consideró como una victoria para la ciudad.
"Se ha confirmado la orden de restricción temporal para detener las redadas inconstitucionales e imprudentes. Esta es una victoria para Los Ángeles. Siempre lucharé por nuestra ciudad", declaró Bass en X.
Mohammad Tajsar, abogado senior de la Fundación ACLU del Sur de California, que representa a los demandantes, dijo en un comunicado que la sentencia confirmaba que las operaciones federales de inmigración "violaban la Constitución y causaban daños irreparables en toda la región".
El DHS no respondió a una solicitud de comentarios antes de la publicación.
En el argumento presentado por el DHS el 14 de julio ante el Noveno Circuito, los abogados afirmaron que Frimpong impuso una "orden judicial de alcance general en todo el distrito" que restringía la aplicación de la ley de inmigración legal, lo que afectaba a todas las detenciones y retenciones de inmigrantes.
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