Los esfuerzos de Florida contra la inmigración ilegal obtuvieron una victoria el 4 de septiembre, cuando una corte de apelaciones bloqueó la orden de un juez federal de desmantelar el centro de detención y deportación del estado conocido como "Alligator Alcatraz".
"Victoria asegurada contra la jueza activista que me acusó de desacato", dijo el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en X. "El Undécimo Circuito no solo bloqueó la orden de la jueza [Kathleen] Williams de cerrar Alligator Alcatraz, sino que también le impidió continuar con el caso hasta que se complete la apelación".
"¡Una victoria para Florida y la agenda del presidente [Donald] Trump!".
El mes pasado, el tribunal de distrito falló a favor de grupos ambientalistas, incluidos Friends of the Everglades y la Tribu Miccosukee de Indios de Florida, al determinar que el gobierno federal había violado la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) al no realizar una revisión de impacto ambiental antes de la rápida construcción de la instalación en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier.
El tribunal de distrito también falló a favor de los demandantes, al dictaminar que la operación de la instalación no era de interés público, ni que su cierre causaría un daño irreparable.
El tribunal de apelaciones no estuvo de acuerdo con ambos fallos en una decisión de 2–1, con las juezas del circuito Barbara Lagoa y Elizabeth Branch respaldando a los demandados, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la División de Manejo de Emergencias de Florida.
Lagoa señaló que los demandados probablemente demostrarían en la apelación que no habían violado la NEPA ni la APA, ya que el tribunal no encontró pruebas de que se hubiera comprometido formalmente financiamiento federal para el proyecto.
Aunque en algún momento la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en Facebook que la instalación sería financiada en gran parte por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la difusión en redes sociales sobre un posible reembolso federal no bastaba como una acción formal, según Lagoa.
“Obtener financiamiento del gobierno federal para un proyecto estatal requiere completar un proceso de solicitud formal y técnico”, escribieron las juezas. “Un gobernador no puede solicitar ayuda de FEMA mediante una conferencia de prensa ... y una publicación en Facebook no transfiere fondos... a Florida”.
Sin embargo, si el estado solicita financiamiento de FEMA, en ese momento la NEPA podría exigir una declaración de impacto ambiental, señaló.
El DHS celebró el fallo como una “gran victoria”.
“Esta demanda nunca tuvo que ver con los impactos ambientales de convertir un aeropuerto desarrollado en un centro de detención”, dijo el departamento en una publicación en X. “Siempre fue y siempre será sobre activistas de fronteras abiertas y jueces que intentan impedir que las fuerzas del orden retiren a peligrosos extranjeros criminales de nuestras comunidades, punto final”.
Lagoa y Branch también concluyeron que el cierre de Alligator Alcatraz iba en contra del interés público y causaría un daño irreparable al estado.
“Los demandados federales demostraron que la orden judicial del tribunal de distrito inevitablemente comprometerá la capacidad del DHS para mantener detenidos a extranjeros criminales, proteger al público respetuoso de la ley, hacer cumplir las leyes de inmigración y mantener la seguridad fronteriza”, escribió Lagoa. “Creemos que eso es suficiente para demostrar un daño irreparable.
“Además, el cierre forzado y el desmantelamiento de la instalación supondrán un costo significativo para el Estado”.
El juez de circuito Adalberto Jordan discrepó, criticando el enfoque de sus colegas.
“Sin embargo, la mayoría básicamente ignora la carga que recae sobre los demandados, se limita a hacer una mención superficial al estándar de abuso de discreción, realiza sus propios hallazgos de hecho, se niega a considerar la determinación del tribunal de distrito sobre el daño irreparable y lleva a cabo su propio equilibrio de los intereses en juego”, dijo.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró la noticia en un comunicado publicado en redes sociales.
“La misión continúa”, dijo, confirmando que los inmigrantes ilegales seguían siendo ingresados y deportados desde Alligator Alcatraz.
“El juez de izquierda fue revocado. Florida seguirá marcando el camino.”
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