Opinión
El presidente Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei sostienen una relación especial. Ambos están comprometidos en un esfuerzo por recuperar la fortaleza económica de sus respectivos países. Trump apoyó a Milei en su campaña electoral a principios de este año y ofreció a los argentinos un "salvavidas" de 20,000 millones de dólares mientras se adaptan al difícil camino hacia las necesarias reformas de libre mercado.
Hay mucho en juego, porque el mundo está observando cómo Milei abraza el "capitalismo de choque" de libre mercado, que hasta ahora está funcionando. Ha restablecido la estabilidad monetaria (vinculando la moneda al dólar) y ha recortado drásticamente la inflada burocracia estatal, privatizando los activos del gobierno en lugar de nacionalizarlos.
El trágico desvío de Argentina hacia el callejón sin salida del socialismo llevó a la nación a medio siglo de crisis económica, con tasas de pobreza disparadas.
Pero para que el plan capitalista de Milei tenga éxito, debe defender el estado de derecho y compensar de manera justa a las partes perjudicadas que perdieron decenas de miles de millones de dólares cuando el gobierno peronista robó/confiscó sus propiedades. Si no se garantiza esa compensación justa, es más probable que se repela la inversión internacional que Milei necesita atraer para reconstruir la economía.
Un ejemplo de ello es la disputa, seguida muy de cerca, relacionada con la nacionalización en 2012 de YPF, el gigante energético argentino que había recaudado más de mil millones de dólares de inversores estadounidenses. La empresa cotizaba en la Bolsa de Nueva York. Cuando la izquierdista Cristina Kirchner fue elegida presidenta de Argentina en 2007, su gobierno se apoderó de una participación mayoritaria de la empresa y rompió los estatutos contractuales de YPF que exigían la compra de las acciones de los accionistas minoritarios. Este plan de nacionalización fue sacado directamente del libro de jugadas de Fidel Castro en Cuba.
Los inversionistas de YPF ganaron un juicio por 16,000 millones de dólares en el caso Petersen contra Argentina. Los tribunales dictaminaron que Argentina violó los contratos comerciales regidos por la ley de valores de Estados Unidos. Ahora, YPF y el gobierno de Buenos Aires amenazan con ignorar el fallo del tribunal.
Eso no es nada recomendable. Renunciar a las obligaciones financieras hará que a los argentinos les resulte mucho más difícil atraer nuevo capital. El Wall Street Journal señaló recientemente que los bancos de inversión se muestran reacios a invertir nuevo dinero en Buenos Aires como consecuencia de disputas sin resolver como esta.
Si los inversionistas creen que no tienen garantizados sus derechos legales, la inversión de capital no llegará.
Ese resultado sería una situación en la que todos saldrían perdiendo: los argentinos que necesitan empleo, los inversionistas estadounidenses que fueron estafados y toda Sudamérica y el Tercer Mundo, que está esperando a ver si el experimento de Milei con el capitalismo de libre mercado es el camino hacia la prosperidad económica.
Por otro lado, los bancos e inversionistas, en su mayoría estadounidenses, hicieron una arriesgada apuesta multimillonaria por YPF en un momento de turbulencias políticas en el país.
El mejor resultado para todas las partes es bastante obvio: los inversionistas tendrán que aceptar una reducción de su compensación, y la administración Trump —o algún otro árbitro neutral— debería negociar un acuerdo justo para generar confianza en que se ha restablecido el estado de derecho en Argentina.
Los grandes ganadores serán el pueblo argentino, la administración Trump y el futuro de la economía de libre mercado en todo el mundo.
