La Casa Blanca dijo que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos, avalada por la Corte Suprema el pasado 19 de mayo, es parte de las promesas que el presidente Donald Trump hizo al pueblo estadounidense.
"El Estatus de Protección Temporal es, por definición, temporal y está sujeto a la discreción de la Secretario del DHS. Los tribunales de distrito no tienen derecho a impedir que el Poder Ejecutivo haga cumplir nuestras leyes de inmigración. La Administración Trump seguirá cumpliendo las promesas del presidente a diario para el pueblo estadounidense”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, a través de correo electrónico a The Epoch Times del 22 de mayo.
El TPS es un status migratorio que se concede a extranjeros residentes en Estados Unidos de países con condiciones impiden temporalmente el regreso seguro de sus ciudadanos.
Durante la administración del expresidente Joe Biden se otorgaron TPS a venezolanos en dos designaciones, la primera en 2021, a unos 250,000 venezolanos, cuya vigencia es hasta el 10 de septiembre de 2025, y posteriormente otra designación de 2023, que fue otorgada a otros 350,000 venezolanos.
La administración de Joe Biden, antes de su partida de la Casa Blanca, extendió por 18 meses el TPS de 2023 a los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 (casi tres meses después de dejar el cargo) hasta el 2 de octubre de 2026.
El fallo de la Corte Suprema del 19 de mayo avaló la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar el TPS otorgado en 2023, después de que un juez federal de California emitiera una orden judicial el 30 de marzo para revertir la decisión.
Jackson señaló que la decisión de la Corte Suprema "suspende legítimamente la decisión del tribunal inferior, marcando un punto de inflexión importante en la serie de decisiones ilegales de tribunales inferiores que violan la ley y legislan desde la magistratura", dijo.
Noem resaltó que las protecciones del TPS a los venezolanos eran contrarias a los intereses de Estados Unidos y a los intereses de los estadounidenses, que ya no estaban justificadas por las condiciones en Venezuela y que como señaló el presidente Trump, la aplicación de las leyes de inmigración "es de vital importancia para la seguridad nacional".
"Para promover ese objetivo, el presidente ordenó a la Secretaria, junto con la Fiscal General y el Secretario de Estado, que tomaran sin demora todas las medidas apropiadas, de conformidad con la ley, para derogar las políticas que habían dado lugar al aumento o la permanencia de extranjeros ilegales en los Estados Unidos", declaró Noem en su decisión del 3 de febrero.
Por su parte, la Alianza Nacional del TPS, una organización liderada por beneficiarios del TPS, y once personas presentaron una demanda la Casa Blanca el 19 de febrero de 2025 impugnando la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional.
Ahilan Arulanantham, Codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y uno de los abogados que presentó una demanda, dijo a The Epoch Times a través de correo electrónico que tanto él como los otros demandantes estaban profundamente decepcionados con el fallo de la Corte Suprema, considerándolo como "el acto más grande de despojo de estatus migratorio a personas en la historia moderna de Estados Unidos en una orden de dos párrafos que no contenía ningún razonamiento".
"La decisión del gobierno es profundamente injusta y podría ser revocada mediante una acción administrativa, independientemente del fallo final de los tribunales", añadió.
Ante la medida, la Alianza Nacional del TPS dio a conocer en un comunicado que tanto la organización como los otros demandantes no se detendrán ante la orden de la Corte Suprema y continuarán velando por sus derechos en los tribunales.
"Estados Unidos se comprometió a protegernos y exigiremos a esta Administración que lo cumpla. Seguiremos defendiendo nuestros derechos en los tribunales y ante la opinión pública. Como todas las generaciones anteriores de inmigrantes en este país, defenderemos a nuestras familias y exigiremos igualdad de protección ante la ley”, declaró José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS.
La congresista María Elvira Salazar, junto a los congresistas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, presentaron el proyecto de ley “Ley de TPS para Venezuela de 2025” que busca conceder TPS automáticamente a todos los venezolanos en Estados Unidos por 18 meses —con opción a renovación— ante la grave crisis humanitaria y política que existe en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.
La ley permitiría a los beneficiarios trabajar legalmente y contribuir a la economía, siempre que cumplan con estrictos requisitos como no tener antecedentes penales y registrarse debidamente.
“La opresión del régimen de Maduro y el fracaso total del socialismo del siglo XXI han creado condiciones peligrosas en Venezuela y una amenaza constante de persecución política”, declaró la congresista Salazar. “Por eso me enorgullece codirigir la Ley de TPS para Venezuela de 2025, para garantizar que los venezolanos respetuosos de la ley que se encuentran actualmente en Estados Unidos puedan permanecer aquí hasta que las condiciones mejoren y no sean devueltos por la fuerza a una dictadura brutal.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue creado por el Congreso de los Estados Unidos en la Ley de Inmigración de 1990 para brindar protección a personas de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias y temporales y a la fecha hay 17 países en la lista.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, señaló que la administración del expresidente Joe Biden entregó amparos de TPS en forma generalizada sin investigar los antecedentes de los solicitantes, lo que permitió el ingreso de al menos 1000 delincuentes al país.
"Lamentablemente, la aprobación generalizada del TPS concedió el TPS incluso a personas que, francamente, no debimos permitir entrar en este país, independientemente de la parte del mundo de la que procedieran", dijo Rubio mientras testificaba en una sesión de ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el 21 de mayo.
Rubio añadió que los venezolanos que perdieron los beneficios del TPS tienen la opción de realizar una solicitud de asilo a la entidad correspondiente.
"Y creo que muchos de ellos, si no la mayoría, tendrán solicitudes de asilo muy creíbles", dijo.
Implicaciones de cancelación del TPS para beneficiarios venezolanos
El TPS es un estatus temporal que no conduce a la residencia permanente legal, sin embargo, proporciona permiso de trabajo y protección contra la deportación a los ciudadanos de los países que se encuentran en Estados Unidos, durante el tiempo que determina la designación.Ludmila Padrino, una abogada venezolana radicada en Estados Unidos, que ha estado cerca de la comunidad de inmigrantes venezolanos dijo a The Epoch Times que la decisión de la Corte Suprema tiene un sentido legal en el que "tenía que pronunciarse sobre una pregunta muy elemental que era si la Secretaria de Seguridad tenía o no facultad para tomar una decisión como aprobar, extender o revocar un TPS".
"Y simplemente la tiene", dijo.
Sin embargo, la percepción de la señora Padrino es que se está generalizando a los venezolanos en Estados Unidos por un pequeño grupo de personas que cometieron delitos, y que la comunidad venezolana que no ha estado vinculada con delincuencia o crímenes está siendo afectada.
"Actualmente están siendo perjudicados la mitad de los venezolanos que son beneficiarios de TPS, que son los TPS de 2023", dijo. "Todo el mundo sabe realmente que el venezolano no está saliendo de su país por gusto (...) muchos salieron por necesidad, otros por persecución, por la crisis humanitaria y la crisis sociopolítica".
Por otra parte, la Sra. Padrino señaló que muchos venezolanos con ciudadanía estadounidense votaron por el presidente Donald Trump y otros candidatos republicanos con la esperanza de que interviniera en favor de la democracia en Venezuela.
"Porque el venezolano que tenía derecho al voto es el venezolano que se trajo a sus padres, a sus hermanos, a su familia", añadió.
Padrino resaltó que los venezolanos que perdieron los beneficios del TPS ahora están en una situación muy complicada y frente a un gran desafío.
"Las compañías están pasando notificación de que las personas tienen pocos días para seguir trabajando en sus empleos. La gente no puede renovar sus licencias. Es complicado, es angustiante. (...) El mayor desafío es mantener a sus familias", dijo.
Además, aseguró que se trata de una comunidad que ha aportado al país y ha salido adelante con su trabajo. "Los latinos en general somos inmigrantes que siempre aportamos trabajo, aportamos cosas positivas", dijo.
Venezuela se encuentra en medio de una crisis política y humanitaria, que se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ante las denuncias generalizadas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución a miembros de la oposición y ciudadanos venezolanos por parte del gobierno socialista de Nicolás Maduro.
Siga a Yeny Sora Robles en X: @YenySoraRobles
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