CIUDAD DE NUEVA YORK—La administración del alcalde Eric Adams emitió el martes una orden ejecutiva que permite a las agencias federales de aplicación de la ley establecer oficinas en la cárcel más grande de la ciudad.
La orden, emitida el 8 de abril por el recientemente nombrado vicealcalde y exasesor de Giuliani, Randy Mastro, permite a las agencias federales estacionar personal en el complejo carcelario de Rikers Island.
Entre esas agencias se encuentran el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU.
Mastro dijo en una declaración a CBS: «Esta directiva está impulsada por una prioridad y solo una prioridad: Mantener a todos los neoyorquinos a salvo».
La decisión se produce tras un acuerdo alcanzado por Adams con el zar de fronteras Tom Homan a principios de febrero, en el que Adams declaró que se permitiría a los agentes del ICE operar de nuevo en Rikers Island.
Los agentes federales de inmigración tenían una oficina en la isla del East River hasta que Nueva York aprobó las leyes de santuario en 2014.
En lo que respecta a la detención de inmigrantes ilegales, las leyes de santuario de Nueva York permiten al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y al Departamento de Corrección de la Ciudad de Nueva York (DOC) cooperar con el ICE y otras agencias de inmigración solo en casos específicos, como cuando el individuo es un delincuente violento o un presunto terrorista.
La orden del 8 de abril incluye una cláusula que establece que cualquier agencia federal de aplicación de la ley con una oficina en propiedad del DOC debe firmar un «Memorando de Entendimiento». El acuerdo limita a las agencias a hacer cumplir la ley civil de inmigración en la ciudad de Nueva York, siguiendo así las leyes de santuario de la ciudad.
«La ciudad de Nueva York ha tomado medidas para garantizar que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder a los servicios de la ciudad y tener la seguridad de que la ciudad no transmitirá a las autoridades federales de inmigración la información obtenida en relación con el acceso a estos servicios», afirma la orden.
En su declaración, Mastro reiteró que las agencias tendrían un poder limitado.
«Esta orden ejecutiva se limita expresamente a establecer un espacio de oficinas y a coordinarse con las fuerzas del orden federales en investigaciones penales, no en asuntos civiles», dijo.
El vicealcalde dijo en la orden que es vital que las agencias cooperen con la policía de Nueva York y el DOC para compartir información sobre las actividades de las bandas criminales dentro y fuera de las prisiones de la ciudad de Nueva York.
El restablecimiento de espacio de oficinas en la isla para las agencias federales «permitirá a nuestra oficina de inteligencia correccional coordinar mejor las investigaciones criminales, en particular las centradas en bandas criminales transnacionales violentas, y hacer nuestra ciudad más segura», dijo.
Mastro dijo que ha visitado la prisión de la isla en múltiples ocasiones y ha hablado con funcionarios del DOC, el FBI, la Administración para el Control de Drogas y Seguridad Nacional, todos los cuales indicaron que les gustaría trabajar directamente con los investigadores penitenciarios en casos criminales y en la lucha contra las bandas criminales transnacionales.
Homan escribió en una publicación en la plataforma de redes sociales X el 8 de abril: «¡Gracias, alcalde Adams y vicealcalde Mastro! Este es un gran primer paso en nuestra colaboración continua para hacer que Nueva York sea aún más segura, como se ha comprometido el presidente Trump. Promesas hechas. Promesas cumplidas».
Sin embargo, el defensor del pueblo de la ciudad de Nueva York, Jumaane Williams, criticó a Adams y dijo que «este es un momento muy aterrador».
En un video publicado en Instagram, Williams dijo que la medida provocaría la deportación de neoyorquinos «independientemente de su legalidad, de su estatus migratorio, independientemente de su estatus penal».
La candidata a la alcaldía y portavoz del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Adrienne Adams, también se pronunció en contra de la medida.
La portavoz del consejo, demócrata y sin relación con el alcalde de Nueva York, dijo en un comunicado: «Es difícil no considerar esta acción como relacionada con el sobreseimiento del caso del alcalde y su voluntad de cooperar con la agenda de deportación extrema de Trump que está expulsando a residentes sin justificación ni debido proceso... La Ley Local 58 de 2014 tiene pautas claras que prohíben el uso de espacio de oficinas en Rikers para la aplicación de la ley de inmigración civil».
El 2 de abril, un juez federal desestimó un caso de corrupción contra Eric Adams. El Departamento de Justicia había argumentado que el caso estaba obstaculizando la cooperación del alcalde con la ofensiva migratoria del gobierno.
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