Las agencias federales deben eliminar los registros relacionados con la COVID-19 si los empleados recibieron la vacuna, según informó el viernes la Oficina de Gestión de Personal (OPM).
"Toda la información relacionada con el estado de vacunación contra la COVID-19 de un empleado, el incumplimiento de órdenes de vacunación anteriores o las solicitudes de excepción se debe eliminar del expediente oficial de cualquier empleado" dijo el director de la oficina, Scott Kupor, a los jefes de departamento en un memorándum.
La oficina indicó que, con efecto inmediato, las agencias «no podrán utilizar el estado de vacunación contra la COVID-19 de una persona, su historial de incumplimiento de órdenes anteriores sobre la vacuna contra la COVID-19 o sus solicitudes de exención de dichos mandatos en ninguna decisión relacionada con el empleo, incluyendo, entre otras, la contratación, la promoción, las medidas disciplinarias o el despido».
La orden se produjo en respuesta a un reciente acuerdo en un caso presentado por un grupo de empleados federales.
Kupor atribuyó el mérito de esta medida al presidente Donald Trump.
"Las cosas se descontrolaron durante la pandemia y los trabajadores federales fueron despedidos, sancionados o marginados por el simple hecho de tomar una decisión médica personal", dijo en un comunicado.
"Eso nunca debería haber ocurrido. Gracias al liderazgo del presidente Trump, nos estamos asegurando de que los excesos de esa época no tengan efectos duraderos en los trabajadores federales".
El caso fue presentado por Feds for Freedom en un tribunal federal en 2021. Este impugnaba la imposición por parte del presidente Joe Biden de una orden relativa a la COVID-19 para los trabajadores federales.
Un juez bloqueó la medida con una orden judicial preliminar, pero esta fue revocada por un tribunal de apelación y finalmente anulada por la Corte Suprema.
Desde entonces, el caso había seguido su curso.
El juez federal Jeffrey Brown, que supervisaba el caso, ordenó el viernes su desestimación con perjuicio.
Los abogados del Gobierno y los abogados de los demandantes dijeron en una estipulación conjunta el 7 de agosto que habían acordado la desestimación.
"Nuestra victoria es una confirmación largamente esperada de lo que hemos afirmado desde el principio: las medidas obligatorias contra la COVID eran inconstitucionales, inmorales y antiamericanas", dijo Marcus Thornton, presidente y cofundador de Feds for Freedom, en un comunicado.
Trent McCotter, de Boyden Gray PLLC, uno de los abogados que representa al grupo, añadió que "nada puede compensar plenamente a los empleados por los daños sufridos, pero el acuerdo alcanzado hoy proporciona un alivio prospectivo fundamental y demuestra que la Administración Trump está de nuestro lado y dispuesta a ayudar a corregir esos errores".
El acuerdo, que no se ha hecho público, incluye el reembolso de una parte de los honorarios legales de Feds for Freedom, según los abogados.
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