La principal agencia de financiación al consumo de EE. UU. solicitó el 26 de marzo que una corte anulara un caso de discriminación que la agencia ganó en 2024, ya que los funcionarios dijeron que los líderes anteriores abusaron de su poder.
Los registros internos revisados en virtud de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump muestran que la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) abrió una investigación sobre Townstone Financial, una entidad de crédito hipotecario de Chicago, "sin un fundamento sustancial de hechos procesables", afirmó el abogado de la CFPB Mark Paoletta en un escrito.
La agencia también se centró en Townstone y su presidente, Barry Sturner, "basándose en la libertad de expresión protegida por la Constitución", añadió.
Eso incluía los comentarios de Sturner en la radio que denunciaban la actividad delictiva, dijo Dan Bishop, un asesor de la Casa Blanca que fue destinado a la CFPB, en una declaración.
La recomendación de investigación decía que Townstone nunca había contratado a un oficial de préstamos negro y que los comentarios de Sturner "podrían ser percibidos como insultantes para los oyentes afroamericanos e hispanos", según Bishop.
Los documentos se presentaron ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, que en 2024 aprobó un acuerdo que incluía las promesas de Townstone de tomar medidas para asegurarse de que no discriminaba racialmente en la comercialización de préstamos, o redlining.
Townstone también aceptó pagar una multa de 105,000 dólares.
"La CFPB seguirá procesando a quienes practiquen la discriminación hipotecaria moderna", declaró Rohit Chopra, director de la CFPB en aquel momento, cuando se presentó el acuerdo.
El director en funciones de la CFPB, Russ Vought, afirmó en una declaración el miércoles, "la CFPB abusó de su poder, utilizó argumentos radicales de 'equidad' para tachar a Townstone de racista sin ninguna prueba y pasó años persiguiéndolos y extorsionándolos, todo ello para promover el objetivo de imponer la DEI en los préstamos a través de su regulación mediante tácticas de aplicación".
La revisión del caso fue impulsada por dos órdenes firmadas por Trump el 20 de enero, el día en que comenzó su segundo mandato. Una orden exigía que los jefes de las agencias "identificaran y tomaran las medidas adecuadas para corregir las malas conductas pasadas del Gobierno Federal relacionadas con la censura de la libertad de expresión".
La otra les ordenaba "revisar las actividades de [...] las agencias que ejercen autoridad de aplicación civil y penal" e identificar casos que reflejen una focalización indebida que estuvieran "orientados más a infligir daño político que a perseguir la justicia real u objetivos gubernamentales legítimos".
Bishop dijo en un comunicado que la investigación "fue un flagrante mal uso de los recursos gubernamentales para destruir una pequeña empresa que no hizo nada malo".
"Por el delito de discurso político protegido, esta empresa fue blanco y acosada durante años por esta agencia deshonesta. Estamos corrigiendo este error y protegiendo la Primera Enmienda", dijo.
Steve Simpson, abogado de la Pacific Legal Foundation, que representó a Townstone, dijo en un comunicado que la empresa sabía que el caso carecía de fundamento y violaba la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pero llegó a un acuerdo "para escapar de la aplastante carga de muchos años más de litigio".
"Ahora sabemos que la CFPB sabía, o debió saber, que no tenía ningún caso y atacó a Townstone por su discurso", dijo. "La justicia exige que se anule este acuerdo".
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