Un empleado veterano del Departamento de Agricultura de EE. UU. y otras cinco personas fueron acusados de participar en un extenso esquema de fraude y soborno que, según las autoridades, desvió más de 66 millones de dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), comúnmente conocido como cupones de alimentos.
El 29 de mayo, la fiscalía federal presentó una acusación formal sustitutiva contra Arlasa Davis, de 56 años, de vender datos confidenciales de licencias desde la división antifraude del USDA para ayudar a una red de conspiradores a obtener ilegalmente terminales electrónicas de beneficios. Davis también está acusado de aceptar sobornos disfrazados de "regalos de cumpleaños" y "flores", según la acusación.
"Michael Kehoe y sus cómplices malversaron decenas de millones de dólares de fondos públicos destinados a ayudar a familias de bajos ingresos a llevar comida a la mesa", declaró el fiscal federal Perry Carbone. Este fraude fue posible cuando la empleada del USDA, Arlasa Davis, traicionó la confianza pública al vender información confidencial del gobierno a los mismos delincuentes que debía capturar. Sus acciones socavaron un programa del que dependen los neoyorquinos vulnerables para su nutrición básica. Estos cargos deberían servir como recordatorio de que quienes explotan los programas contra la pobreza para beneficio personal rendirán cuentas por sus delitos.
Davis, residente de Gardiner, Nueva York, está acusada de tomar fotos de listas manuscritas de números de licencia con su teléfono personal y entregárselas a un intermediario que las vendió a los acusados. Esos números de licencia se utilizaron posteriormente para obtener acceso a fondos SNAP con engaños, lo que permitió que tiendas no autorizadas, como tabaquerías, procesaran transacciones destinadas exclusivamente a minoristas elegibles.
Según la acusación formal, el esquema operó desde 2019 y resultó en al menos 36 millones de dólares en reembolsos fraudulentos utilizando los números de licencia robados. Se alega que otros 30 millones de dólares se procesaron a través de terminales no autorizadas presentadas con solicitudes falsas del USDA.
Kehoe, de 46 años y residente de Long Island, es descrito como el presunto organizador de la red. También están acusados Mohamad Nawafleh, de 34 años; Omar Alrawashdeh, de 37; Gamal Obaid, de 39; y Emad Alrawashdeh, de 37, todos del Bronx.
Cada uno de los seis está acusado de conspiración para robar fondos gubernamentales, robo de dichos fondos y malversación de beneficios del USDA. Davis también enfrenta cargos de conspiración para cometer soborno, soborno y conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con servicios honestos.
"Este supuesto esquema benefició a los acusados, a la vez que socavó las salvaguardas esenciales diseñadas para garantizar que la asistencia del SNAP llegue únicamente a las familias necesitadas que cumplen los requisitos", declaró el subdirector a cargo del FBI, Christopher G. Raia. "El FBI jamás tolerará que nadie se aproveche de la asistencia financiera federal para obtener un beneficio personal".
Los fiscales afirman que Davis trabajaba en la división del USDA encargada específicamente de identificar el fraude de SNAP, y que su cooperación fue esencial para el prolongado esquema. Funcionarios de la Oficina del Inspector General del USDA afirmaron haber colaborado estrechamente con el FBI durante toda la investigación.
En una aparición el jueves por la mañana en Fox News, la secretaria del USDA, Brooke Collins, calificó el caso "si no como el más grande, sí como uno de los más grandes" en la historia de Estados Unidos por fraude de cupones de alimentos.
"Casi 70 millones de dólares: eso ya no se permitirá aquí en Washington ni con programas como el Programa de Cupones de Alimentos", declaró Collins en un fragmento de la entrevista que publicó en su cuenta X. "Este no es el único. Habrá muchos más, y nos aseguraremos de cumplir nuestras promesas a los contribuyentes". Añadió que el departamento está trabajando en colaboración con el FBI y el Departamento de Justicia, y que erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso en la agencia sigue siendo una prioridad absoluta durante la administración Trump.
Los cargos fueron anunciados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. El caso está a cargo de los fiscales federales adjuntos Georgia V. Kostopoulos y Joe Zabel, y está asignado al juez federal de distrito Jed S. Rakoff.
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