Las denuncias de fraude y abuso por parte de tutores designados por las cortes inspiraron la presentación de más de 30 proyectos de ley en el Congreso en los últimos 37 años. La mayoría nunca salió del comité.
En la mayoría de los estados, cuando un juez declara a alguien incapacitado y le nombra un tutor, pierde casi todos sus derechos.
Ya no puede manejar sus finanzas, elegir dónde vivir o, a veces, ni siquiera qué comer.
Las decisiones médicas, laborales e incluso de relaciones íntimas están fuera del alcance del tutelado.
Los críticos de la tutela dicen que los delincuentes condenados tienen más derechos que un tutelado.
Un experto en tutela dijo que la reforma no se está produciendo a pesar de toda la legislación porque la tutela de adultos no es una prioridad.
«Los sistemas judiciales estatales recibieron dinero para mejorar sus sistemas de bienestar infantil. Pero en el lado de los adultos, no hay financiación federal en absoluto», dijo a The Epoch Times Erica Wood, directora adjunta jubilada de la Comisión de Derecho y Envejecimiento del Colegio de Abogados de Estados Unidos.
Wood se describe a sí misma como una «defensora de los derechos de las personas mayores» dedicada a la reforma de la tutela.
Los problemas de la tutela en Estados Unidos comenzaron hace décadas.
El 25 de septiembre de 1987, el representante Claude Pepper (D-Fla) presidió una audiencia pública de la Subcomisión de Salud y Cuidados a Largo Plazo de la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes sobre el Envejecimiento titulada «Abusos en la tutela de personas mayores y enfermas: una vergüenza nacional».
El político de 87 años expresó su alarma por una serie de investigaciones de Associated Press de ese año que describía casos alarmantes de fraude y abuso.
Además de los reporteros y editores de AP, el subcomité escuchó a antiguos tutelados que fueron obligados a ser tutelados sin su conocimiento y en contra de su voluntad.
Minnie Monoff, de 81 años, de Greeley, Kansas, fue declarada incapacitada después de una breve hospitalización por un derrame cerebral. Contó cómo los funcionarios del condado la obligaron a ingresar en una residencia de ancianos.
«Acababa de cortar el césped y de dar de comer a mis gallinas», declaró Monoff. «Le dije al sheriff: '¿Qué quieren decir? Estoy haciendo mi trabajo. Estoy disfrutando de mi vida aquí. ¿Por qué tengo que irme?».
Tod Porterfield, de 83 años, de Albion, Indiana, fue puesto bajo tutela por un abogado que le prometió ayudarle a vender su granja.
Luchó durante meses para recuperar sus derechos después de que un trabajador social que no era médico le diagnosticara la enfermedad de Alzheimer.
«Me quedé muy sorprendido y no podía creer que alguien pudiera hacerme eso y lo hiciera», dijo Porterfield.
«Señor presidente, ¿cómo puede un hombre intervenir y apoderarse de la vida de otro hombre, y nadie lo cuestione? Simplemente no está bien».
El representante Pepper se preguntó en voz alta si estaba en peligro.
«Tengo 87 años. Tendré que estar alerta para que nadie entre, en mi ausencia y sin mi conocimiento, y sin que yo tenga un abogado, y pida que me designen un tutor», dijo Pepper.
El senador Claude Pepper habla ante la Hermandad de Maquinistas de Ferrocarril en Miami Beach, Florida, en 1938. En 1988, Pepper patrocinó la Ley Nacional de Derechos de Tutela, que exigía que los tutelados fueran informados de sus derechos antes de ser puestos bajo tutela. (Archivo Hulton/Getty Images)Pepper consiguió que se añadiera un texto a la Ley de Estadounidenses Mayores de 1965. La ley formaba parte del plan de la Gran Sociedad de Lyndon Johnson para satisfacer las necesidades de los estadounidenses de edad avanzada.
La ley exige a los estados que establezcan sus Agencias de Área sobre el Envejecimiento para recibir financiación en virtud de la ley. Los activistas dicen que, aunque la ley proporcionó cierto alivio, no abordó todos los casos de tutela, especialmente los que involucraban a tutelados más jóvenes a los que la ley no cubría.
El principal problema que impide la reforma es que no existe un único «sistema de tutela».
«Cada estado tiene su propio código de tutela. Por lo tanto, es un poco diferente en cada estado y en cada corte», dijo Wood.
Después de la serie de AP, la Asociación Nacional de Tutelas, la Comisión de Derecho Uniforme y el Colegio Nacional de Jueces Testamentarios comenzaron a trabajar en las reformas.
Estas incluían normas para tutores profesionales, legislación modelo para que los estados la utilizaran para regular sus programas de tutela, y presionar para obtener financiación para la recopilación de datos a fin de determinar el alcance de los problemas.
La presidenta de la Asociación Nacional de Tutelas, Shannon Butler, dijo que su organización creó el Centro de Certificación de Tutores en 1997.
El centro diseñó y administra un proceso de certificación para tutores que la asociación promueve en los estados.
Según Butler, la mayoría de los estados exigen al menos una verificación de antecedentes para nombrar a una persona como tutor. Cuatro estados —Washington, Florida, California y Texas— exigen una certificación.
Wood dijo que el Colegio de Abogados de Estados Unidos lleva años promoviendo la reforma.
La asociación respalda políticas como la búsqueda de alternativas a la tutela, tutelas menos restrictivas y la «toma de decisiones con apoyo».
Shannon Butler, presidenta de la Asociación Nacional de Tutores, en su oficina de Mankato, Minnesota, el 20 de noviembre de 2024. (Michael Clements/The Epoch Times)La toma de decisiones con apoyo es un programa en el que la persona que desempeña el papel de tutor tiene menos autoridad. Él o ella asesoraría a la persona que necesita ayuda para tomar sus propias decisiones.
El proceso menos restrictivo limita la autoridad del tutor. Hace hincapié en el derecho del tutelado a gestionar su propia vida en la medida de lo posible, incluido el mantenimiento de las relaciones con la familia y los amigos.
Wood y Butler afirmaron que los estados deberían considerar la adopción de la Ley Uniforme de Tutela, Custodia y Otros Acuerdos de Protección.
Esta legislación modelo fue redactada por la Comisión de Derecho Uniforme, una organización sin ánimo de lucro formada por abogados designados por los gobiernos estatales que proporcionan leyes modelo para los gobiernos estatales y locales.
La Ley exige una tutela menos restrictiva, con un fuerte énfasis en el respeto de los derechos del tutelado.
«El tutor de un adulto debe tomar decisiones que el tutor crea razonablemente que el adulto tomaría si pudiera, a menos que hacerlo le cause daño al adulto», dice la ley.
La Asociación Nacional de Tutela inició las Redes de Trabajo Interdisciplinarias de Partes Interesadas en la Tutela, que reúne a las diversas disciplinas profesionales involucradas en el proceso de tutela para recopilar datos, proporcionar capacitación y desarrollar formas de implementar políticas de tutela menos restrictivas.
Los derechos que se protegen incluyen los de la familia y los amigos del tutelado.
Sandi Cobianchi, de Orange, California, dijo que no se le permitió visitar a su madre moribunda porque el tutor decidió que el conflicto entre Cobianchi y su hermano era demasiado perturbador para su madre.
Mark y Sandi Cobianchi examinan archivos y fotografías obtenidos durante la última década que detallan el abuso de ancianos relacionado con la madre de Sandi Cobianchi, en Lake Forest, California, el 27 de noviembre de 2024. (John Fredricks/The Epoch Times)Cobianchi dijo que inicialmente aceptó la tutela porque le dijeron que protegería los bienes de su madre.
Al final, su madre quedó aislada, su patrimonio se agotó, y dijo que no habría aceptado la tutela si hubiera sabido lo que iba a pasar, dijo Cobianchi.
El Colegio de Abogados de Estados Unidos ayudó a encontrar y proporcionar subvenciones para programas que actualmente funcionan en 27 estados y en el Distrito de Columbia.
Según la asociación, estos grupos están progresando, pero siguen enfrentándose a serios desafíos.
«Como resultado, las leyes estatales de tutela mejoraron, pero la aplicación en la práctica es desigual», se lee en un informe de la asociación.
Wood dijo que la aplicación desigual de las políticas y leyes recomendadas está obstaculizando la recopilación de datos, que es vital para una reforma genuina.
«La mayoría de los estados aún no pueden determinar el número de adultos bajo tutela, así que si no se pueden determinar cosas básicas como esa, es muy difícil poner en marcha una reforma», dijo.
Según un informe de 2016 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, es casi imposible encontrar esos datos.
El informe afirma que los programas de tutela son responsabilidad del Estado. Esto incluye cómo recopilar datos, qué datos recopilar y cómo almacenar la información.
En algunas jurisdicciones no se guardan datos; en otras, solo se guardan ciertos tipos de datos; y en otras, es difícil acceder a los datos que se registran debido a sistemas anticuados, falta de personal para hacer el trabajo o informes poco rigurosos.
En Texas, la ley exige que se recopilen datos de tutela, pero esas normas no se aplican de manera uniforme, según el informe.
Texas exige que todos los condados informen mensualmente a la Oficina de Administración de Cortes sobre el número de tutelas activas.
«Sin embargo, los funcionarios nos dijeron que algunos condados no informan de ninguna tutela activa, y otros informan en exceso de tutelas activas que en realidad debieron cerrarse, como cuando la persona bajo tutela falleció», afirma el informe.
La falta de financiación es un problema
Florida no lleva un registro del número o tipo de tutores de adultos mayores ni del número de audiencias por abuso de ancianos que se llevan a cabo, según un funcionario estatal anónimo que respondió a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.«Este funcionario citó la falta de financiación como un obstáculo para recopilar este tipo de información», se lee en el informe.
Anthony Palmieri, el inspector general adjunto del secretario de la corte del condado de Palm Beach, Florida, participó en casos de tutela de alto perfil en el estado y tiene experiencia de primera mano con esos problemas de financiación.
Palmieri dijo a The Epoch Times que la excusa se estaba volviendo vieja.
«Parece que definitivamente se necesitan reformas y que son necesarias, y que es un poco antiguo hablar de los mismos temas durante, ya sabes, 10, 20, 30, 40 años», dijo Palmieri.
Varios proyectos de ley presentados a lo largo de los años pedían que se financiara el tipo de investigación que los expertos dicen que es necesaria.
La senadora Susan Collins (R-Maine) habla con los periodistas frente a las Cámaras del Senado del Capitolio de los Estados Unidos el 15 de diciembre de 2021. Collins presentó en 2021 la Ley de Responsabilidad de la Tutela de 2021, que tenía por objeto mejorar la supervisión de los tutores mediante la recopilación de datos para poder desarrollar una tutela menos restrictiva y alternativas a la tutela. (Anna Moneymaker/Getty Images)En 2021, la senadora Susan Collins (R-Maine) presentó la Ley de Responsabilidad de la Tutela de 2021. La legislación complementaria del proyecto de ley en la Cámara de Representantes fue patrocinada por el representante Darren Soto (D-Fla).
Según el proyecto de ley presentado por Collins, la legislación tenía por objeto mejorar la supervisión de los tutores mediante la recopilación de datos para poder desarrollar una tutela menos restrictiva y alternativas a la tutela.
Tanto la versión de la Cámara de Representantes como la del Senado murieron en comisión.
En 1988, poco después de que se reuniera el subcomité de Pepper, este patrocinó la Ley Nacional de Derechos de Tutela. Esta legislación exigía que los tutelados fueran informados de sus derechos antes de ser puestos bajo tutela.
Prohibía poner a una persona bajo tutela en una audiencia "ex parte", lo que significa que algunas de las partes interesadas no están presentes.
Conservaba el derecho del tutelado a solicitar una audiencia de tutela ante un jurado y establecía su derecho a apelar.
El proyecto de ley también murió en comisión.
Al revisar el registro del Congreso, las presentaciones de proyectos de ley parecían seguir un patrón.
Desde finales de la década de 1980, más o menos en la época de la serie de AP y la audiencia del subcomité, hasta finales de la década de 1990, hubo un flujo constante de proyectos de ley presentados en el Congreso.
Desde 1999 hasta aproximadamente 2010, hubo algunos proyectos de ley relacionados con la tutela, pero The Epoch Times no pudo encontrar legislación explícitamente centrada en la tutela.
Eso cambió alrededor de 2011, cuando se empezaron a presentar más proyectos de ley.
La gente asiste a una manifestación del movimiento FreeBritney en apoyo de la artista Britney Spears para una audiencia judicial de tutela, frente al juzgado Stanley Mosk en Los Ángeles el 12 de noviembre de 2021. (Patrick T. Fallon/AFP a través de Getty Images)Wood dijo que la razón se puede encontrar en las noticias de entretenimiento del día.
En 2008, la estrella del pop Britney Spears fue puesta bajo tutela involuntaria.
En 2009, la familia del actor Peter Falk se vio envuelta en una pelea pública por la tutela de la antigua estrella de «Colombo».
En 2014, la familia del locutor Casey Kasem se vio envuelta en una batalla legal similar.
Wood dijo que el público en general no es consciente del problema de la tutela porque la mayoría de la gente no se ocupa de ello en el día a día.
Cuando un caso de alto perfil aparece en las noticias y en las redes sociales, mantiene su atención hasta que llega la siguiente historia.
Los seguidores de Spears se mostraron especialmente activos, utilizando las redes sociales para pedir a la corte que pusiera fin a su tutela, lo que hizo en 2021, 13 años después de que comenzara.
«El público sigue teniendo muy poca conciencia de este tema, y cuando ocurre algo como lo de Britney Spears, todo el mundo se emociona y lo mira, y luego eso se apaga, y tienes que empezar de nuevo», dijo Wood.
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