El 29 de julio, veinte estados presentaron una demanda contra una disposición de la ley "Gran y Hermoso Proyecto de Ley" que retiraría la financiación de Medicaid a Planned Parenthood, la mayor proveedora de servicios de aborto del país.
La demanda, presentada por los fiscales generales de los estados gobernados por los demócratas y el gobernador de Pensilvania, pretende bloquear una disposición de la legislación que prohíbe a las organizaciones que prestan servicios de aborto y que recibieron más de 800,000 dólares en fondos de Medicaid en el año fiscal 2023 recibir reembolsos de Medicaid. Esto incluye a los centros de salud de Planned Parenthood.
Los estados alegaron que la disposición se dirigía contra Planned Parenthood por su defensa del aborto, argumentando que viola la cláusula de gasto y las protecciones de la Primera Enmienda al tomar represalias contra la organización.
Según la demanda, la disposición negaría a las personas con bajos ingresos el acceso a pruebas de detección del cáncer, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y servicios de planificación familiar.
La demanda también argumenta que la disposición paralizaría el ecosistema sanitario de los estados y los obligaría a utilizar fondos estatales para mantener en funcionamiento los centros de salud afectados.
“El gobierno federal está jugando una vez más con nuestro sistema sanitario, con consecuencias devastadoras”, afirmó en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las demandantes.
“La vergonzosa e ilegal persecución a Planned Parenthood por parte de esta administración dificultará que millones de personas reciban la atención sanitaria que necesitan”, añadió James.
Los estados instaron al tribunal a emitir una orden judicial que impida al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) aplicar la disposición y a declararla inconstitucional.
Otros fiscales generales que se han sumado a la demanda son los de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia. El estado de Pensilvania también se ha sumado a la demanda.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, condenó la “disposición de retirada de fondos” por considerarla ilegal, afirmando que perjudicaría a quienes dependen de Planned Parenthood para recibir servicios sanitarios esenciales.
“Esta decisión inconstitucional amenaza con cerrar centros de salud vitales y negar a los habitantes de Pensilvania atención esencial y vital, como la detección y prevención del cáncer, los servicios de planificación familiar y la atención prenatal y posparto”, declaró Shapiro en X.
El portavoz del HHS, Andrew G. Nixon, defendió la disposición, afirmando que los estados “no deben verse obligados a financiar organizaciones que han elegido la defensa política por encima de la atención al paciente”.
“Es una pena que estos fiscales generales demócratas traten de socavar la flexibilidad de los estados y hagan caso omiso de las preocupaciones que existen desde hace tiempo sobre la rendición de cuentas”, declaró Nixon.
El 28 de julio, la jueza federal Indira Talwani dictó una orden judicial preliminar que bloqueaba una sección de la ley que, según ella, iba dirigida contra Planned Parenthood y constituía una forma de castigo contra la organización y sus miembros por practicar abortos. La decisión se produjo tras una demanda presentada por Planned Parenthood.
La organización había argumentado que la pérdida de la financiación de Medicaid podría obligarla a cerrar casi 200 clínicas en 24 estados, lo que podría dejar a más de un millón de pacientes sin acceso a la atención sanitaria.
El gobierno argumentó en una moción presentada el 14 de julio que la disposición “no se dirige ni castiga a Planned Parenthood”, sino que “simplemente se niega a financiar a entidades (no limitadas a Planned Parenthood) que practican abortos electivos”.
Aunque la ley federal ya prohíbe que el dinero de los contribuyentes se utilice para cubrir la mayoría de los abortos, los grupos provida han expresado su preocupación por que los proveedores de servicios de aborto utilicen el dinero de Medicaid para otros servicios sanitarios con el fin de subvencionar sus servicios de aborto.
Con información de Jack Phillips y The Associated Press
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
