La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación en el caso de la presunta participación de agentes estadounidenses en Chihuahua, para determinar si las autoridades estatales hicieron tareas que, por ley, solo le corresponden al gobierno gederal y si continúan con estas acciones.
La FGR anunció la iniciativa sin revelar mayores detalles en un comunicado del 13 de mayo y detalló los avances en otras de las líneas de investigación del mismo caso.
En la carpeta de investigación sobre posibles delitos en materia de seguridad nacional, informó que hasta el momento se concluyó con las entrevistas a las personas citadas y se encuentran en el proceso para realizar más entrevistas con personas de interés para las líneas de investigación en desarrollo.
Enfatizó que por ley, cualquier caso de laboratorios de droga le pertenece única y exclusivamente a la federación, y que ninguna autoridad estatal tiene permiso para manejar esas investigaciones.
“La FGR también precisa que la conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República y a las entidades federativas les está prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país”, decreta el comunicado.
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Sobre los avances en la línea de investigación iniciada a raíz de la localización del laboratorio clandestino en el municipio de Morelos, Chihuahua, la FGR informó que la indagatoria empezó con una llamada telefónica de las autoridades del estado el pasado 18 de abril. Sin embargo, cuando avisaron, ellos ya habían planeado y realizado el operativo por su cuenta.
Detalló que una vez que los agentes federales arribaron a la ubicación del narcolaboratorio “no recibieron con cadena de custodia de parte de las autoridades locales, ni el área abierta ni los indicios, ni las sustancias localizadas”, dichas irregularidades fueron registradas por las autoridades pertinentes en la misma carpeta de investigación, a que su vez se tomó el control oficial del laboratorio y se redactó un reporte especial detallando las fallas que encontraron al llegar.
Informaron que el narcolaboratorio se mantiene resguardado por las autoridades federales y que no ha sido desmantelado debido a que se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de manera segura de las sustancias y los objetos encontrados. La FGR continúa trabajando para dar con las personas responsables en el caso, afirma el comunicado.
El 19 de abril, dos funcionarios mexicanos y dos presuntos agentes estadounidenses perdieron la vida en un accidente automovilístico. Las víctimas viajaban en el mismo vehículo tras participar en un operativo antidrogas en el que se desmanteló un narcolaboratorio, el cual fue calificado por el entonces fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, como el más grande descubierto en la región.
No obstante, el contundente golpe al crimen organizado —derivado del operativo del 17 y 18 de abril en Morelos, Chihuahua— se vio opacado por la muerte de los dos presuntos agentes estadounidenses. Las primeras versiones apuntan a que estos elementos colaboraban con las autoridades estatales sin el conocimiento del gobierno federal.
Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha aclarado qué hacían dichos agentes en territorio mexicano, no obstante, el gobierno mexicano envió una nota diplomática a EE. UU. pidiendo una explicación sobre la presencia de los agentes, entre otros requerimientos, sin haber obtenido respuesta formal hasta el momento.
Sobre el caso, el embajador de EE. UU. en México lamento la muerte de los dos agentes en una publicación a través de X y agregó que "esta tragedia es un recordatorio solemne de los riesgos que enfrentan aquellos funcionarios mexicanos y estadounidenses que se dedican a proteger a nuestras comunidades".
Expresó que este acontecimiento impulsa el trabajo de las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses para avanzar en el "compromiso compartido con la seguridad y la justicia".
Mientras que la secretaría de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a finales de abril durante una entrevista con Fox News que el presidente Trump "estaría de acuerdo en que algo de compasión por parte de Claudia Sheinbaum valdría la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que EE.UU. está haciendo bajo este presidente para detener la plaga del tráfico de drogas a través de México hacia EE.UU”.
The Epoch Times solicitó comentarios al Departamento de Estado de los EE. UU. respecto a este caso; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se había recibido respuesta.
La tensión sobre el caso aumentó cuando las autoridades de Chihuahua aseguraron que la presencia de los estadounidenses era de conocimiento general, una afirmación que fue desmentida categóricamente por el gobierno de Sheinbaum.
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A estos acontecimientos siguió la renuncia del fiscal general del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, tras inconsistencias de peso. En un inicio, el ahora exfiscal declaró que la presencia de los agentes obedecía a acuerdos de colaboración binacional, pero días más tarde aseguró que los agentes no habían participado en el operativo, pero que sí se encontraban en la entidad en una comunidad aledaña realizando actividades de enseñanza en el manejo de drones.
Posteriormente, el 13 de mayo el fiscal de Operaciones Estratégicas del Estado, Guillermo Arturo Zuany Portillo, también presentó su renuncia, tras iniciarse un procedimiento administrativo por una posible omisión, informó un comunicado de la FGR de Chihuahua.
Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, designó un grupo especial para investigar los hechos a cargo de la fiscal Wendy Chávez Villanueva. En paralelo, se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien posteriormente reveló que la gobernadora le garantizó que no estaba enterada de las operaciones de los elementos extranjeros.
Ante este choque institucional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que se llegará hasta las últimas consecuencias. Asimismo, advirtió que se tomarán medidas legales contra los responsables si las investigaciones de la FGR confirman que el gobierno de Chihuahua violó la Constitución al ejecutar acciones que son facultad exclusiva del fuero federal.
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