La Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, dijo que su dependencia corroboró las evidencias de presuntas alianzas entre grupos de disidencias de la guerrilla con altos funcionarios del Estado, específicamente con un general del Ejército de Colombia y un ex jefe de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Dichas alianzas habían sido reveladas en un informe de investigación del medio de comunicación colombiano Noticias Caracol, publicado el 23 de noviembre, relacionado con un centenar de dispositivos electrónicos incautados a Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá", y sus hombres, en 2024.
"Ratificamos información grave de los computadores y [teléfonos] celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI", dijo Camargo en la entrevista con El Espectador este 29 de marzo.
"Comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias 'Calarcá' y muchos de ellos fueron revelados por Noticias Caracol", añadió.
Los dispositivos fueron incautados en un retén militar en Antioquia el 23 de julio de 2024, luego de que el ejército detuviera a una caravana de siete vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección de Colombia (UNP), adscrita al Ministerio del Interior, que transportaba a varios jefes e integrantes de las disidencias FARC, y entre ellos a alias Calarcá.
La mayoría de los capturados fueron liberados días después por orden de la fiscal general Camargo, bajo el argumento de que eran gestores de paz y no podían ser capturados a pesar de ser identificados en situaciones de flagrancia. Sin embargo, los dispositivos electrónicos, como computadores, memorias USB y teléfonos celulares, quedaron en poder de la Fiscalía.
El informe señalaba que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso exclusivo a algunos de los dispositivos incautados, donde se encontró un completo reporte que le envió a alias "Calarcá" uno de sus hombres de confianza, quien había sido designado para participar en reuniones con el general del Ejército de Colombia, Juan Miguel Huertas, en Bogotá.
El reporte explicaba que Huertas habría creado una empresa de seguridad fachada que permitía a los miembros de las disidencias de la guerrilla, y a otros vinculados con la organización criminal, transportarse en vehículos blindados de la empresa y portar armamento legalmente.
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Noticias Caracol también entrevistó a un jefe guerrillero quien señaló a Wilmar Mejía, miembro del Consejo Superior Universidad de Antioquia y funcionario de la dirección nacional del inteligencia, como el responsable de la purga de oficiales del Ejército y la Policía que no eran afines al gobierno.
"Lo más grave del asunto es que todas estas pruebas las conoce desde hace más de un año la fiscal general de la nación, sin que haya avanzado proceso caso alguno, esto es exclusivo de Noticias Caracol", señaló el informe del 23 de noviembre.
Noticias Caracol contactó a Huertas y Mejía, quienes negaron las acusaciones.
Huertas dijo: "Nunca me he reunido con ningún integrante de las disidencias. No tengo ni contactos ni amigos en la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia. Nunca he ido a Venezuela. Lo que sí le puedo decir es que hay militares activos y retirados que lo único que quieren es hacer mi montaje", según el informe.
Mejía, por su parte, dijo que no podía dar entrevistas públicas debido a su cargo, pero aseguró que no ha viajado a Venezuela, no ha sostenido reuniones con jefes de disidencias en ese país y tampoco ha participado de reuniones que tengan como propósito la creación de empresas de seguridad.
En ese momento, el presidente de Colombia Gustavo Petro también desmintió las acusaciones.
"Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos", escribió Petro en un posteo en X del 24 de noviembre.
"Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso", añadió.
Según al Fiscal Camargo, los investigadores de la fiscalía volvieron a revisar la información de los dispositivos y encontraron que Calarcá y el grupo de disidencias que lidera, se han aprovecharon del proceso de negociación con el gobierno colombiano para fortalecerse y cometer toda clase de crímenes.
"Nosotros volvimos a hacer la extracción de toda esa información y efectivamente pudimos comprobar que hay hechos muy graves asociados con alias Calarcá, que de hecho algunos de ellos fueron revelados por ese medio de comunicación, en ese informe especial, y que nosotros hemos podido corroborar que son ciertos", dijo Camargo.
"La historia aquí es que no ha sido fácil llegar a este punto. La ley 2272, de Paz Total, decía que la labor de la Fiscalía se reducía, inicialmente, a tramitar la suspensión de órdenes que el presidente pedía, sin mayor margen de discusión", añadió.
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Camargo resaltó que su dependencia llegó a un acuerdo con el comisionado de paz "para que las órdenes de captura no cobijen situaciones de flagrancia y delitos de lesa humanidad y estamos en ese trabajo".
"Hemos pedido al comisionado que evalúe el levantamiento debido a la actividad delictiva que alias 'Calarcá' ha seguido desarrollando tras ser nombrado gestor [de paz]", añadió.
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo (C), observa junto al director general de la Policía Nacional de Colombia, William Salamanca (I), y al director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jorge Arturo Jiménez, durante una rueda de prensa sobre la situación en el Catatumbo, celebrada en Bogotá el 23 de enero de 2025. (ALEJANDRO MARTÍNEZ/AFP vía Getty Images)Según un informe del New York Times del 20 de marzo, Petro está siendo investigado penalmente por las fiscalías federales estadounidenses de Manhattan y Brooklyn, entre otras causas, por presuntas reuniones de Petro con narcotraficantes, y buscan verificar si su campaña presidencial solicitó donaciones de traficantes.
"Las investigaciones, que son independientes, se encuentran en su fase inicial y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales", dice el informe.
La embajada de Colombia en Washington emitió un comunicado el 20 de marzo, en el que aseguró que ninguna entidad competente estadounidense "ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones a las que hace referencia dicho reporte".
"A lo largo de su vida pública, el presidente Gustavo Petro ha enfrentado de manera consistente e inequívoca la criminalidad", dice el comunicado, señalando que incluye la lucha en contra de “organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico”.
La fiscal Camargo, por su parte, señaló que las evidencias encontradas en los dispositivos incautados señalan que el caso de alias "Calarcá" es muy grave "como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura", declaró.
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