Familiares de presos políticos instalaron y mantienen una protesta ante la embajada de Estados Unidos en Caracas, tras el traslado de sus hijos y hermanos desde el centro penal del Helicoide a otras prisiones de Venezuela, en una acción más que busca presionar a las autoridades para su liberación mediante una mayor visibilización de sus peticiones.

"Ya habíamos ido para todos los entes nacionales (...) y no hemos sido escuchados”, dijo dijo Jessica Castro en el lugar de la protesta.

"Esto surge en vista de la desesperación de los familiares", dice en el mismo lugar Jean Carlos Cariel, hermano de Jecson Ricardo Cariel, uno de los presos detenido arbitrariamente por el régimen venezolano.

En la más reciente protesta que comenzó el 7 de junio, madres, hermanas, esposas y otros familiares de presos que han sido vinculados a diferentes causas judiciales, replican sus protestas desde los centros de detención hacia la sede diplomática tras agotar, dicen, las vías institucionales sin conseguir la liberación de sus seres queridos.

Los familiares de encarcelados por su presunta participación en casos como PDVSA, el Buque Escuela Simón Bolívar y , le dijeron a The Epoch Times por qué consideran que están presos injustamente y lo que sus madres y hermanas han tenido que padecer y aún enfrentan buscando que sean liberados.

Algunos de los prisioneros se dedicaban a trabajos comunes durante su detención, como conducir vehículos, vendedores o eran profesionistas.

"Mi hijo trabajaba en la Andrés Bello vendiendo fruta y de ahí se lo llevaron, de su puesto de trabajo", dijo Lila Mercedes Moreno, madre de Robert Rolando Galvis Moreno, hoy detenido en el Rodeo 4, ubicado a las afueras de Caracas.

Después de focalizar sus protestas ante los centros de reclusión donde permanecen sus seres queridos, trasladaron sus demandas a las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos como reacción inmediata luego del repentino retiro de los prisioneros del Helicoide, la falta de información sobre el paradero de sus familiares y el incumplimiento de las liberaciones anunciadas.

Desde que la administración Trump reforzó su presión hacia el régimen venezolano, Maduro liberó algunos presos políticos, entre ellos figuras destacadas de la oposición, hasta que previo a su detención excarceló a más de 100 y trató de aumentar la cifra, medida retomada como señal de paz después del 3 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y confirmada por la presidenta Delcy Rodríguez tras llamada con el presidente Trump sobre la ayuda a Venezuela para su estabilización y recuperación.

Entre más presiones de EE. UU. para la liberación de 1000 presos políticos, la declaración del presidente Trump sobre acelerar las liberaciones, las exigencias de familiares y la promulgación de la Ley de Amnistía que excluyó a ciertos presos, las liberaciones han sido intermitentes y limitadas, sin datos oficiales sobre los liberados y quienes permanecen encarcelados, cuyas cifras aportan organizaciones defensoras de derechos humanos.

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Los familiares le dijeron a The Epoch Times su pretensión de que la sede diplomática estadounidense conozca de primera mano sus denuncias y contribuya a impulsar vías de mediación y presión internacional, además de hablar sobre sus motivos para mover sus protestas a este lugar y la situación de sus hijos o hermanos.

Ella apoya ahí a su tío, Gustavo Adolfo Hernández Barranco, quien tras haber sido detenido en mayo de 2020, fue recluido en el Helicoide y trasladado hace unos meses al Fuerte Guaicaipuro por su presunta vinculación con la Operación Gedeón, la fallida incursión marítima armada en las costas de Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro y capturar a funcionarios de su gobierno.

Castro indicó que su manifestación es una medida pacífica en busca de ayuda: “Decidimos acercarnos hasta acá para poder pedir ayuda a Estados Unidos […], estamos haciendo algo sumamente pacífico, algo simbólico para que ellos nos vean y sepan la realidad de lo que pasa en Venezuela”.

Jessica Castro en el sitio donde familiares de presos políticos se manifiestan para pedir la liberación de todos encarcelados, ante la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 10 de junio de 2026. (Yasmila Márquez/The Epoch Times)

La sobrina de Hernández es una de las manifestantes, cuyo primer grupo se instaló en una pequeña zona peatonal cercana a la representación diplomática, improvisado un campamento que se ha extendido con unas 12 tiendas de campaña y toldos recibidos en donación.

Hasta ahí han llegado con los carteles, fotografías y nombres de sus familiares encarcelados, pidiendo la liberación de todos los presos políticos, y con una nueva petición que dice "Escúchanos John Barrett", dirigida al funcionario Encargado de Negocios en la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Familiares de presos políticos se manifiestan ante la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 10 de junio de 2026. (Yasmila Márquez/The Epoch Times)

En ese lugar también enfrentan severas condiciones climáticas durante la vigilia permanente, con bajas temperaturas, fuerte viento y lluvia, que no desaniman a quienes mantienen la esperanza de reunirse pronto con sus seres queridos.

Durante su protesta pacífica, los familiares reconocen que tanto la policía municipal como el personal de seguridad de la embajada les han permitido permanecer en el sitio, respetando las normas de seguridad y el orden del lugar.

Uno de los principales reclamos de los familiares se relaciona con las liberaciones anunciadas por las autoridades venezolanas. Aunque los funcionarios anunciaron la excarcelación de cientos de presos políticos, dicen que las cifras reales son menores. Esto ha incrementado la frustración de quienes esperan la liberación de sus allegados tras años de encierro carcelario.

Jean Carlos Cariel, hermano del abogado y activista Jecson Ricardo Cariel García, detenido en agosto de 2022 en un caso relacionado con explosivos, le dijo a The Epoch Times que la vigilia es una medida “de última emergencia” derivada de la desesperación de los familiares frente al incumplimiento de promesas sobre las liberaciones, e indicó que cualquier acercamiento con EE. UU. debería considerar los protocolos y formas diplomáticas propias de ese país.

“Esto surge en vista de la desesperación de los familiares ante tanta falta de cumplimiento de sus promesas y palabras empeñadas del gobierno nacional. En el caso de Jorge Rodríguez, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez”, dijo el hermano del abogado Cariel, “tratando de ver cómo se soluciona la libertad de sus seres que son inocentes, que tienen sufriendo y están padeciendo”.

Pese a la diversidad de causas, los testimonios de los familiares coinciden en denunciar lo que señalan son violaciones al debido proceso legal, largos períodos de prisión preventiva, retrasos judiciales, dificultades para acceder a la atención médica y problemas para mantener contacto regular con los detenidos.

Lexy Sandoval, madre de Miguel Andrés Irigoyen —uno de los choferes procesados en el caso PDVSA Cripto—, le dijo a The Epoch Times que su hijo permanece detenido desde 2023, primero en Yaguara y ahora en Yare II por trabajar para un empresario posteriormente investigado por corrupción. Dijo que con otras familias ha acudido a todas las instancias posibles para solicitar revisiones judiciales y que espera que esta protesta contribuya a que las autoridades internacionales escuchen sus reclamos.

Otra de las participantes en la vigilia, Maríeglys Guzmán, hermana de Luis Daniel Guzmán, recordó que los tres conductores procesados en el mismo expediente del caso PDVSA Cripto son trabajadores humildes que fueron incluidos en una investigación por su relación laboral con el empresario acusado, Daniel Prieto, y denunció que el proceso judicial presenta múltiples irregularidades.

“Mi hermano es inocente”, dijo, tras señalar que su expediente judicial “está lleno de irregularidades… incongruencias, faltas de pruebas”.

Por su parte, Yadira Sánchez, relató que su hermano Henry Sánchez Mora, quien era jefe de seguridad de PDVSA, ha sufrido torturas y tiene problemas de salud no atendidos, lleva cerca de nueve años detenido tras ser acusado en la trama Petro Zamora por peculado omiso, asociación para delinquir y traición a la patria, sin que se haya iniciado formalmente el juicio correspondiente.

Mencionó que la familia mantuvo el caso fuera del foco público durante años por temor a posibles represalias a su familiar preso. Solo recientemente decidió visibilizarlo ante la ausencia de avances procesales, buscó el apoyo de Foro Penal y espera la ayuda de la embajada.

Para la madre del vendedor de fruta Robert Rolando Galvis, quien ha estado 6 años recluido en Caracas, Yare y en el Rodeo, el caso por el que se le condenó a 19 años de prisión es injusto. Dijo que su hijo fue imputado tan solo por ser amigo y vecino del marinero Rafael Mancilla, del buque escuela Simón Bolívar.

Los familiares también consideran que las liberaciones anunciadas por las autoridades venezolanas no han sido totalmente cumplidas y que las realizadas no han resuelto el problema de fondo.

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Gustavo Adolfo Hernández Barranco fue llevado del Helicoide, donde estuvo preso 5 años, al Fuerte Guaicaipuro “en condiciones totalmente inhumanas”, dijo Jessica Castro.

En paralelo, varios entrevistados por The Epoch Times describen las consecuencias económicas y emocionales derivadas de las detenciones. Muchos aseguran haber vendido bienes para costear abogados, traslados y suministros para sus familiares presos, además de denunciar presuntas estafas de personas que ofrecen gestionar liberaciones o mejoras en las condiciones de su reclusión.

El hermano del abogado Carion dice que los traslados de presos a otras prisiones no solo no mejoró las condiciones, sino al contrario.

“El Helicoilde no fue cerrado, fue multiplicado”, señala. “Porque trasladaste el problema sencillamente a otros centros de reclusión en condiciones ahora actualmente peores que El Helicoide […]. El modus operandi de El Helicoide fue trasladado a otros centros de reclusión como Yare, como Guaicaipuro y como El Rodeo”.

Carteles en el lugar donde familiares de presos políticos se manifiestan ante la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 10 de junio de 2026. (Yasmila Márquez/The Epoch Times)

Los manifestantes dicen que permanecerán en el lugar mientras consideren que la medida contribuya a mantener visible la situación de sus familiares y a impulsar acciones que permitan revisar sus casos y obtener su libertad, así como conocer el paradero de los desaparecidos.

Castro dijo que existen 19 personas que no han aparecido y para sus familiares pide “que se haga justicia, para que cada familiar sepa dónde están, así no estén aquí vivos, pero que por lo menos puedan tener un poquito de paz, que sabemos que es difícil, pero que por lo menos saben dónde están”.

En respuesta a la pregunta sobre lo que esta manifestación busca conseguir, Castro dice: “presión para Estados Unidos y para el gobierno”.

También señala sus primeros logros, “Desde que nos pusimos aquí empezaron a hacer liberaciones –dijo–. Entonces creo que nos ha funcionado estar acá”, y expresa que “lo importante es que somos vistos y eso es lo que nos va a ayudar”.

Con reportaje de Yasmila Márquez