Después de la aprobación de la Ley de Amnistía por el gobierno de Venezuela que no incluyó a todos los presos políticos, las voces de sus familiares se alzan buscando ser escuchadas y se cumpla la exigencia de que sus seres queridos también sean liberados.
Al tiempo que ocurren más liberaciones en medio de las presiones para aplicar la amnistía —aprobada en febrero pasado— con la liberación de los detenidos de la dictadura venezolana por motivos políticos, los familiares de los prisioneros permanecen afuera de las prisiones en Caracas a la espera de saber sobre su paradero, poder establecer comunicación directa y obtener su plena libertad.
Mientras los prisioneros permanecen en huelga de hambre y las organizaciones sociales dan seguimiento a los casos con información y apoyo legal a los familiares ante tribunales, la difusión de sus exigencias visibiliza su esperanza e impaciencia para que los detenidos sean liberados, sin importar que la amnistía los haya excluido, como en el caso de militares y de trabajadores de la Empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).
Detenidos por el caso PDVSA
Larry José Moya fue “involucrado maliciosamente en el caso PDVSA”, recuerda Zimarú Fuentes, su exesposa, durante una entrevista con The Epoch Times en la que expone su historia y pide justicia. Explica que aunque su caso no era flagrante, tras una investigación de 5 meses “se lo llevaron arbitrariamente” usando “como excusa una falla humana en las operaciones de las refinerías para montar un caso de contrabando de combustible”.La señora Fuentes dice que la detención de Moya forma parte de las 143 que tienen registradas en Puerto La Cruz y las refinerías de Cardón y Amaury, en Falcón, aunque agrega que la cifra es mayor. Señala que aunque las detenciones ocurrieron desde octubre del 2024, solo después de la detención del presidente Nicolás Maduro, desde el 4 de enero, comenzaron a exponer pública y abiertamente su situación, lo que les permitió lograr avances en sus casos.
Agrega que tras la aprobación de la Ley de amnistía les llamó Ernesto Villegas, de la Comisión de justicia y paz del ciudadano para la primera reunión, y que antes de la aprobación de la ley tuvieron el apoyo de una fracción minoritaria de la Asamblea, de la fracción Libertad.
Sobre lo que espera suceda para que Moya sea liberado, dice que presentará el caso de su exesposo cuando sea activado el mecanismo legal de la Comisión de seguimiento que establece la ley de Amnistía.
Zimarú Fuentes (izq.) exesposa de Larry José Moya durante una rueda de prensa en Caracas el 23 de febrero. (Yasmila Márquez/The Epoch Times)Aunque sabe que los delitos de los que se acusa a Moya “no son objeto de la Ley de Amnistía”, ella y otros familiares de trabajadores de PDVSA quieren presentar sus casos “directamente ante la Comisión”.
Moya, quien sufrió la amputación de una pierna y padece complicaciones de salud, fue llevado a varios lugares de reclusión tras su detención en Puerto La Cruz, entre ellos Yare y Boleíta, donde estuvo incomunicado y, dijo, fue torturado, detalló Fuentes.
Agrega que hace más de nueve meses los tribunales tienen sus informes médicos sin emitir respuesta, mientras la salud de Moya sigue deteriorándose y viven en “un estado de denegación de justicia”.
Delmar Hernández, dijo que su esposo, Jesús Alberto García Parra, quien trabajaba como supervisor de PDVSA, fue detenido mientras suplía al supervisor en turno, “acusado de filtrar información a entes internacionales, a la CIA”.
En “PDVSA Yagua, en el estado Carabobo, el 14 de noviembre de 2023 fue visitado por una comisión de la DIGCIM y de CI (Control Interno) de la empresa y supuestamente se lo llevaron en condición de declarar, de rendir declaración por conocer de un supuesto caso”, dijo la señora Hernández.
”De eso han pasado ya dos años y tres meses, cuando yo volví a saber de él había sido trasladado a Caracas por ser un caso de terrorismo”. Pero la familia de García desconoció su paradero durante un mes, en el que estuvo desaparecido. Su esposa relató que supo de su detención tras una investigación propia.
“La empresa se desentendió totalmente de mi esposo, no me decían absolutamente nada, me bloquearon de las redes, me bloquearon de las llamadas, no querían trato conmigo porque supuestamente se podían involucrar en el caso por el que estaba siendo acusado mi esposo”.
“Cuando vuelvo a ver a mi esposo, el 31 de diciembre, él me dijo que cuando estaba detenido fue obligado a renunciar a PDVSA, (…) que si él no renunciaba yo iba a pagar las consecuencias”, dijo la señora Delmar.
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Tras su detención fue llevado de Valencia a Caracas y al ser obligado a renunciar estando detenido, le violaron “todos sus derechos”, dijo su esposa, agregando que le ha sido negada la defensa privada en la prisión donde no se permite entrar a los abogados, por lo que su defensa es pública.
“Fue torturado, golpeado, (…) obligado a grabar un video bajo coacción y me dijo: ‘lo grabé 20, 30 veces a punta de golpes’. Le decían: ‘¿por qué no lo haces bien?’, y él decía: 'porque no se dé qué me estás hablando’, les decía mi esposo”.
En el video García tenía que decir que aceptaba los cargos de haber sido contactado por un compañero de trabajo para sabotear a la empresa, aunque su esposa supo en Caracas que estaba acusado de” filtrar información que afecta directamente a la nación”. Durante su detención, García ha tenido 5 abogados.
Aunque fue obligado a renunciar tras 22 años en PDVSA, la esposa del experto en petróleo dice: “No me dieron absolutamente nada. No he recibido prestaciones, liquidación, sueldos, absolutamente nada. Tengo dos años y tres meses siendo mamá y papá de 2 niños y no he recibido nada de dinero”.
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Militares prisioneros
Elinor Gudiño de Burgos habló sobre el caso de su hijo, el Mayor de aviación César Arturo Burgos Gudiño.“Mi hijo, el día 23 de enero del 2024, fue llevado de su sitio de trabajo en el Fuerte Tiuna por la DGCIM bajo engaño (…) a una casa clandestina”, donde durante tres días fue torturado, dijo la madre del Mayor.
Además “buscaron contactar a su esposa que estaba embarazada, como no se la pudieron llevar le tomaron una foto a ella con su hija menor de edad (…) y aceptara los delitos que le estaban diciendo” y fue llevado a la DGCIM de Boleíta, relató.
Tras 40 días de la detención pudo ver a Burgos, y aunque llegaba con su propio abogado, dijo que no le permitieron encontrarse con su hijo “porque estaba muy golpeado” y lo mismo sucedió cuando lo trasladaron a la cárcel de Rodeo 1.
“Le violaron todos los derechos constitucionales, se le negó la llamada telefónica a sus familiares y a sus abogados privados”, dijo Gudiño.
El Mayor Burgos, acusado junto a cinco militares de vender información a organismos extranjeros, permanece en Rodeo I en huelga de hambre “por la seguridad de todos los detenidos ahí en el Rodeo y él dice que ellos la llamaron ‘huelga de hambre de la dignidad’”, agrega.
Por ser militares, dijo que su hijo y los otros militares fueron excluidos y “no entraron en esa mal llamada Ley de Amnistía”, pero que gracias a la detención de Maduro ya puede expresarse públicamente sobre el caso de su hijo.
“Si esto no hubiese pasado, yo creo que ninguno de los que estamos aquí (…) lo hubiese hecho porque siempre ha existido la represión”, reconociendo el apoyo que ha recibido del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) y de Foro Penal para enfrentar la lucha en favor de los presos políticos.
Familiares de presos politicos durante una rueda de prensa en Caracas el 23 de febrero. (Yasmila Márquez/The Epoch Times)Sobre la situación del primer teniente José Daniel Mendoza Torres, apresado el 4 de agosto de 2023 y quien permanece en Rodeo I, dijo su madre, Dahionny Torres, que fue acusado de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir en el caso de La Viñeta.
“Se le acusa de conspirar en contra del primer mandatario para ese entonces y del ministro de jefe de la Defensa”, indicó.
“La Viñeta son residencias ubicadas en el Fuerte Tiuna, son residencias presidenciales donde ellos hacían custodia; por supuesto, mi hijo pertenecía a la guardia de honor presidencial y en temporadas hacia guardia en La Viñeta”, detalló.
Debido a que padece úlcera gástrica, el teniente Mendoza no participa en la huelga de hambre y su estado de ánimo ha decaído.
“Esperábamos algo con la ley de amnistía, que iba a amparar a los militares; aun no estamos muy claros pero lo que nos han informado es que los militares fueron excluidos”, dice la señora Torres, quien ha depositado su confianza en el Comité de ayuda a los presos políticos para que su hijo sea liberado.
Tres familiares de presos politicos manifestándose durante una rueda de prensa en Caracas el 23 de febrero. (Yasmila Márquez/The Epoch Times)Presiones para la liberación de todos y excarcelaciones de militares
En medio de las presiones para la liberación de todos los presos políticos, que incluyen las protestas de mujeres familiares que también hicieron huelga de hambre al exterior de Zona 7, del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía, así como de organizaciones de apoyo, como Unidad Venezuela, el presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, anunció el 27 de febrero la consideración de quienes quedaron excluidos en la Ley de Amnistía, a través de "medidas de gracia" e indultos, informó EFE.También han sido anunciadas excarcelaciones de más presos políticos tras el reemplazo del Fiscal General del país con la renuncia de Tarek William Saab el 25 de febrero, entre ellos 31 militares el 27 de febrero, después de la liberación del teniente Jesús Molina Sifontes, como anunció Foro Penal el 27 de febrero, organización que cifraba en que entre los presos políticos al 25 de febrero, 368 eran civiles y 182 militares, con un total de 18,994 detenidos políticos desde 2014.
A una semana de la ley de Amnistía, Unidad Venezolana actualizó la cifra de liberados en 618, incluyendo sus nombres, destacando que aún faltaban 494.
"Seguimos y exigimos una vez más procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de TODOS los presos políticos. Para la libertad de TODOS solo se necesita voluntad política", dice el texto de la publicación.
Con reportajes de Yasmila Márquez
