El Ministerio de Justicia ha imputado a 455 personas, entre ellas 90 profesionales sanitarios, por su participación en tramas de fraude sanitario que ascienden a más de 6.5 mil millones de dólares, en el marco de la Operación Nacional contra el Fraude Sanitario de 2026, según declaró el 23 de junio el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

El número de acusados ha aumentado con respecto a los 324 de 2025 y los 193 de 2024.

La operación supuso “el mayor esfuerzo de todo el gobierno para combatir el fraude sanitario en la historia de nuestro país”, declaró Blanche a los periodistas. Abarcó casos en 45 estados y 56 distritos federales, y en ella participaron 50 unidades estatales de control del fraude en Medicaid, la cifra más alta en la historia del departamento.

Esta iniciativa dio lugar a la detención y el traslado a Estados Unidos de estafadores que operaban desde Chipre, Estonia y Filipinas, quienes habían estafado a los contribuyentes más de 15 mil millones de dólares, según un comunicado federal. Las autoridades han incautado más de 182 millones de dólares en activos desde el 8 de junio, entre los que se incluyen efectivo y coches de lujo.

Sin embargo, el delito más grave fue el daño físico causado a los pacientes como consecuencia del fraude, según el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. “El costo real es el de la salud humana y las vidas de las personas perjudicadas por estos estafadores”, afirmó Oz.

A continuación se ofrecen detalles sobre las principales estafas descubiertas en la operación de este año, las pérdidas económicas que han supuesto y el grave costo para la salud y la vida de las personas.

Facturación de servicios de Medicaid no prestados

Medicaid, que ofrece cobertura sanitaria a estadounidenses con bajos ingresos y con discapacidad, es cada vez más objeto de ataques por parte de delincuentes, según el Departamento de Justicia (DOJ). La operación ha dado lugar al mayor número de acusaciones por fraude a Medicaid en la historia de Estados Unidos, con 295 acusados y 518 millones de dólares en reclamaciones falsas.

Las estafas incluían la facturación de servicios nunca prestados y el soborno a personas para obtener sus números de Medicaid, que luego podían utilizarse para obtener pagos fraudulentos, según un comunicado federal.

Un acusado de Illinois fue imputado por su participación en una estafa de 67 millones de dólares consistente en facturar a Medicaid servicios de salud conductual que nunca se prestaron. Algunos de los supuestos beneficiarios se encontraban, en realidad, hospitalizados en centros sanitarios totalmente distintos durante el periodo por el que se facturaron los servicios, según declaró el fiscal general adjunto Colin McDonald.

Unos pacientes esperan en la sala de espera de un centro de salud de Filadelfia el 13 de marzo de 2017. Según el Departamento de Justicia, Medicaid —que ofrece cobertura sanitaria a estadounidenses con bajos ingresos y con discapacidad— es cada vez más objeto de ataques por parte de delincuentes. (Dominick Reuters/AFP/Getty Images).

Una empresa dedicada a la salud mental de Virginia habría obtenido 49 millones de dólares sobornando a personas sin hogar con estancias en hoteles a cambio de sus números de Medicaid. A continuación, los estafadores facturaron a Medicaid servicios de estabilización de crisis que los pacientes nunca necesitaron ni recibieron.

Según el comunicado federal, una estafa en el Distrito Central de California supuso más de 27.7 millones de dólares en servicios de cuidados paliativos facturados a Medicare por personas que o bien no padecían una enfermedad terminal o bien ya habían fallecido.

El fiscal general de California, Rob Bonta, anuncia el desmantelamiento de una importante red de fraude en centros de cuidados paliativos que estafó al Estado 267 millones de dólares, en Los Ángeles, el 9 de abril de 2026. Según las autoridades federales, los servicios de cuidados paliativos de Medicare han sido un objetivo especial del fraude en California. (AP/Damian Dovarganes).

"Una de las formas en que hemos podido detectar ese fraude es que, en muchos de [los centros de cuidados paliativos fraudulentos], los pacientes nunca fallecen", afirmó Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Sociales.

Para dar la impresión de que algunos de los pacientes se estaban muriendo realmente, el propietario de un centro de cuidados paliativos compró los nombres de personas fallecidas y las inscribió en el programa de cuidados paliativos, según Kennedy.

El acusado habría pagado a un empleado de una funeraria entre 1000 y 3000 dólares a cambio de la información de Medicare de cada persona fallecida, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Las recientes medidas del Gobierno para combatir el fraude en los centros de cuidados paliativos han sido elogiadas por algunos defensores de los pacientes, entre ellos la Asociación Americana de Jubilados.

“Las familias recurren a los cuidados paliativos en los momentos más difíciles de sus vidas”, escribió la organización a Oz el 29 de mayo.

“Todas las familias que atraviesan este momento tan difícil merecen una atención de alta calidad y llena de compasión en la que puedan confiar.”

Unos voluntarios atienden a un paciente con una enfermedad terminal en un centro de cuidados paliativos de Denver el 7 de octubre de 2009. Los esfuerzos del Gobierno por poner freno al fraude en los centros de cuidados paliativos han sido elogiados por algunos defensores de los pacientes, entre ellos la Asociación Americana de Jubilados. (John Moore/Getty Images).

Una empresa de Arizona facturó a Medicare más de 4 mil millones de dólares por aloinjertos, lo que se tradujo en pagos efectivos por valor de más de 2 mil millones de dólares entre diciembre de 2021 y 2024, según datos del gobierno. Según el Departamento de Justicia, este aumento repentino de la facturación se debió presuntamente a un sistema de comisiones ilegales, y no a una necesidad médica.

Según las autoridades federales, la empresa compraba supuestamente tejido a bancos de tejidos y aumentaba el precio en un 2000 por ciento a la hora de facturar a Medicare. Al parecer, los comercializadores y los profesionales médicos recibieron comisiones ilegales de alrededor del 40 % del precio de venta por el uso de aloinjertos.

Para maximizar los beneficios, los acusados presuntamente se centraron en pacientes de cuidados paliativos y aplicaron costosos injertos de piel a heridas superficiales que no los requerían, o utilizaron aloinjertos que superaban con creces el tamaño real de la herida para aumentar el pago, a menudo sin consultar con los médicos que trataban a los pacientes.

Una enfermera especializada de Texas fue acusada de participar en una estafa de 906 millones de dólares en la que, presuntamente, aplicó aloinjertos médicamente innecesarios a los pacientes y, a continuación, facturó a Medicare en promedio más de 1 millón de dólares por paciente.

Algunas clínicas de Florida facturaron presuntamente a Medicare 27 millones de dólares en concepto de aloinjertos que, en realidad, nunca se proporcionaron a los pacientes.

En esta fotografía de archivo, se ve una tarjeta PPO de Medicare Advantage colocada sobre una tarjeta de Medicare. La Administración Trump ha adoptado una postura enérgica en la lucha contra el fraude en Medicare y Medicaid. (AP/Jenny Kane).

Según McDonald, uno de los acusados fue imputado por conspirar para presentar reclamaciones por valor de aproximadamente 89 millones de dólares correspondientes a pruebas cardiovasculares que nunca fueron revisadas por un médico.

Al parecer, el acusado se aprovechó del temor de los padres a que sus hijos sufrieran un episodio cardíaco repentino para obtener permiso para realizar las pruebas, pero luego no las evaluó adecuadamente. La prueba de un estudiante reveló un agrandamiento del corazón, pero, según McDonald, el acusado "firmó los resultados de la prueba en aproximadamente 11 segundos".

A continuación, ese estudiante sufrió un paro cardíaco mientras jugaba al baloncesto y falleció en la cancha a las pocas semanas, según explicó McDonald.

“Hablando como cardiólogo, es imposible que se pasara por alto este diagnóstico. El corazón de este niño, según la autopsia, era enorme”, afirmó Oz.

“Solo quiero dejar claro que se trata de un niño fallecido, un niño fallecido. Estado rojo, estado azul, eso no importa”.

El Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, interviene en una rueda de prensa celebrada en el Departamento de Justicia, en Washington, el 23 de junio de 2026. Las autoridades federales dieron a conocer los resultados de las recientes medidas adoptadas contra el fraude en la asistencia sanitaria. (Anna Moneymaker/Getty Images).

Contar con la colaboración de los estados en la iniciativa federal “es un elemento que refuerza el grupo de trabajo contra el fraude de la Casa Blanca”, afirmó Oz.

La Administración Trump ha adoptado un enfoque enérgico en la lucha contra el fraude en Medicare y Medicaid, entre otras cosas a través del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Eliminación del Fraude, presidido por el vicepresidente JD Vance.

Una de las tramas, en Pensilvania, consistía en una línea telefónica de renovación de recetas a través del buzón de voz, mediante la cual los médicos presuntamente recetaban medicamentos sin haber examinado a los pacientes, lo que provocó algunas muertes, según afirmaron las autoridades federales.

En Texas, un farmacéutico y dos directores de clínicas fueron acusados de distribuir más de 3.4 millones de pastillas de opiáceos y sustancias controladas. Al parecer, los traficantes callejeros llevaban a los pacientes a las clínicas y a la farmacia para obtener las recetas destinadas a la distribución ilícita.

En esta fotografía de archivo, un técnico de farmacia trabaja en Miami. Una reciente campaña contra el fraude incluyó la presentación de cargos contra profesionales sanitarios por distribuir opioides y otras sustancias controladas. (Joe Raedle/Getty Images).

En otro caso, la Administración para el Control de Drogas (DEA) identificó clínicas que habían expedido más de 2 millones de recetas de oxicodona y 900,000 de hidrocodona.

“La dispensación de sustancias controladas sin un propósito médico legítimo no solo infringe la ley federal, sino que pone en peligro la vida de quienes las reciben”, declaró el fiscal federal John P. Heekin en un comunicado del 23 de junio, al comentar la acción de aplicación de la ley.

“Los estadounidenses nunca deberían tener que preguntarse si una receta se extendió porque era necesaria o porque alguien vio una oportunidad de obtener ganancias.”, afirmó el administrador Terry Cole, de la Administración para el Control de Drogas.

Blanche prometió una actuación continua y enérgica contra el fraude. “Esto es solo el principio”, afirmó Blanche. “Los estafadores ya no podrán seguir estafando a los contribuyentes estadounidenses.

Si intenta perjudicar o engañar a los estadounidenses, lo encontraremos, confiscamos todos sus bienes y le procesaremos con todo el rigor de la ley”.