El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de noviembre una orden ejecutiva que ordena a los contratistas federales a informar a la Casa Blanca sobre cualquier solicitud pendiente o futura del Congreso para obtener información relacionada con su trabajo con la administración.
Los contratistas federales también deben asegurarse de que los subcontratistas que trabajan en contratos federales cumplan con esta disposición. La orden de Trump les exige que sigan las instrucciones de la Casa Blanca de retener las comunicaciones que estén protegidas por el privilegio ejecutivo.
De acuerdo con la orden, el incumplimiento podría conllevar la rescisión del contrato o la suspensión de los contratistas.

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Trump señaló que la orden tenía como objetivo proteger los intereses y derechos del poder ejecutivo para mantener bajo confidencialidad determinada información gubernamental.
La orden establece que el Congreso debe tener un propósito legislativo legítimo para solicitar información a las agencias del poder ejecutivo, a los empleados y a los contratistas del Poder Ejecutivo.
También establece que el poder ejecutivo debe tener la oportunidad de invocar los privilegios correspondientes antes de que el Congreso pueda acceder a información protegida, incluidas las comunicaciones compartidas con contratistas federales que contengan información gubernamental confidencial.
En su orden, Trump sostuvo que "ciertos líderes del Congreso" han amenazado con interferir en la autoridad del poder ejecutivo al solicitar información confidencial a las agencias y acosar a las empresas privadas que trabajan con la administración.
El presidente señaló que su administración debería poder trabajar con contratistas en asuntos delicados sin el riesgo de que la información confidencial se divulgue a terceros no autorizados, incluso a petición del Congreso.
Los demócratas preparan investigaciones contra la administración Trump
Los legisladores demócratas han anunciado planes para investigar a la administración Trump, los negocios familiares del presidente y las empresas que han hecho negocios con la Casa Blanca tras las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato.
El representante Robert Garcia (D-Calif.), quien está a punto de convertirse en presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, se ha comprometido a investigar a Trump y a sus familiares, presuntos actos de corrupción empresarial, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas(ICE).
También anunció que investigará la manera en que los funcionarios han manejado los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
En una publicación de Truth Social del 7 de noviembre, Trump criticó las amenazas de los demócratas por considerarlas infundadas. Además, ordenó al Departamento de Justicia que investigara el asunto.
"Los demócratas andan amenazando a muchas personas, incluido el Fiscal General de Estados Unidos y otras autoridades, con juicios políticos y muchas otras formas de castigo, a pesar de que reconocen que no tienen motivos para hacerlo y de que no se ha cometido ningún acto que justifique un juicio político", escribió.
"Esto es extorsión al más alto nivel, y deberían rendir cuentas por ello".
Por su parte, el asesor legal de la Casa Blanca, Will Scharf, advirtió a García en una carta del 9 de noviembre que el Congreso debe establecer "un propósito legislativo legítimo que justifique sus actos de investigación" sobre los funcionarios de la administración; de lo contrario, constituirían "un claro abuso de poder".
Con información de Zachary Stieber.














