El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (D-NY), y otros demócratas presentaron una demanda contra la administración Trump por sus intentos de eliminar a personas que no son ciudadanas de las listas de registro electoral.
La demanda, presentada el 20 de octubre ante una corte federal en el Distrito de Columbia, sostiene que dicha iniciativa se basa en "listas de supuestos no ciudadanos elaboradas de forma deficiente; listas que se desmoronaron ante el más mínimo examen".
En Nevada, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó haber identificado a casi 16,000 personas no ciudadanas registradas para votar. Posteriormente, el DHS redujo esa cifra a 185 votantes; sin embargo, "no logró sustentar ni siquiera esta afirmación más limitada, después de que las autoridades de Nevada indicaran que todos y cada uno de esos votantes resultaron ser ciudadanos", señala la demanda.
En otro caso, la administración intentó presionar a California para que no emitiera tarjetones electorales a más de 20,000 personas registradas, alegando dudas sobre su ciudadanía; no obstante, más del 25 por ciento de las personas incluidas en dicha lista habían nacido, de hecho, en los Estados Unidos, según los demandantes.
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"Nada de esto es legal. El Poder Ejecutivo no tiene autoridad para supervisar el mantenimiento de las listas electorales estatales, ni para suplantar las decisiones de los estados sobre quién reúne los requisitos para votar, ni para dictar quién recibe una boleta o qué boletas deben ser apartadas. El Congreso reservó esa responsabilidad a los estados, sujeta únicamente a una facultad limitada de aplicación de la ley civil, la cual la administración optó por no invocar durante sus recientes acciones", afirmaron los demócratas.
"Asimismo, el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de decidir qué votantes figuran en el padrón electoral de un estado, qué personas registradas pueden recibir una boleta, ni qué votos deben ser contabilizados".
Entre los demandantes se encuentran Schumer, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (D-NY), el Comité de Campaña Senatorial Demócrata y el Comité de Campaña Congresional Demócrata.
La demanda alega violaciones de la Constitución de Estados Unidos y de la Ley de Derechos Electorales (Voting Rights Act). Solicita a la corte federal que determine que el presidente y otros funcionarios exigieron inconstitucionalmente a los estados que eliminaran a votantes registrados, amenazándolos con acciones legales si no cumplían. Los demandantes piden que la corte impida a dichos funcionarios seguir emitiendo tales amenazas.
Entre los demandados figuran Trump, el Departamento de Justicia y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron a las solicitudes de comentarios antes del momento de la publicación.
A principios de este mes, la administración presentó una demanda contra California, alegando que el estado no tomó ninguna medida seria para verificar la ciudadanía de más de 20,000 personas que, según el gobierno federal, son "probablemente no ciudadanas".
Según documentos judiciales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos identificó a estas personas, tras lo cual se llevó a cabo una revisión adicional por parte de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations), una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
California envía tarjetones electorales por correo a todos los votantes registrados.
Los abogados del gobierno sostuvieron que un juez federal debería impedir que California contabilice las boletas enviadas por correo por estas personas —probablemente no ciudadanas— hasta que se pueda determinar su estatus de ciudadanía.
"El fraude electoral facilitado por el estado es inaceptable en los Estados Unidos de América", afirmó el fiscal general Todd Blanche en un comunicado.
"De ser hallado responsable ante una corte, el estado de California habrá socavado gravemente la confianza en nuestro sistema electoral y violado leyes que protegen el sistema de gobierno representativo de nuestra nación. El Departamento de Justicia seguirá trabajando para descubrir casos de fraude electoral, hacer que los responsables rindan cuentas y restaurar la confianza en las elecciones estadounidenses".
