El 3 de agosto, una jueza dictaminó que el estado de Nueva York no puede prohibir a los agentes federales el uso de máscaras o pasamontañas, ni exigirles que porten identificación visible.
La jueza federal de distrito Mae D’Agostino, del Distrito Norte de Nueva York, señaló que la postura del estado de Nueva York “se basa en observaciones inevitables de los recientes sucesos preocupantes que ensombrecen la percepción pública sobre la forma en que se aplica la ley federal de inmigración”.
“Nueva York parece tener buenas intenciones en su búsqueda de una actuación policial transparente”, afirmó en su fallo.
“Sin embargo, la cuestión que ahora se presenta ante la corte se refiere a la constitucionalidad, no a la transparencia ni a decisiones políticas preferibles. Existe una prohibición constitucional respecto a la regulación directa por parte del Estado de las operaciones de las agencias federales”.
Los agentes federales temen el doxxing
Los agentes federales han estado usando máscaras para proteger su identidad, ya que tanto ellos como sus familias temen ser víctimas de doxxing por parte de activistas.El gobierno federal argumentó que la ley de Nueva York va en contra de la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, la cual prohíbe a los gobiernos estatales regular las actividades de las fuerzas de seguridad federales.
La administración de Trump argumentó que la ley del estado de Nueva York violaba "los principios de inmunidad intergubernamental y es inválida en virtud de la cláusula de supremacía, ya que regula o discrimina ilegalmente al gobierno Federal… o queda anulada por la ley federal".
La ley de Nueva York que prohíbe el uso de cubiertas faciales e implementa medidas de identificación se incluyó entre varias políticas de aplicación de la ley en el proyecto de presupuesto estatal que la gobernadora Kathy Hochul, del Partido Demócrata, promulgó en mayo y que entró en vigor en junio, según el fallo de D’Agostino.
La definición de cubiertas faciales incluye cualquier "máscara opaca, prenda, casco, gorro, pasamontañas, máscara de esquí, bufanda tubular o máscara táctica", pero excluye los protectores faciales transparentes, las máscaras médicas o los respiradores.
El 9 de febrero de 2026, un juez de una corte federal de distrito bloqueó parcialmente una ley similar en California, al considerar que discriminaba a los funcionarios federales.
La jueza Christina Snyder, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, dictó un fallo a favor de la administración de Trump, prohibiendo al estado aplicar su Ley contra la Policía Secreta —cuya entrada en vigor estaba prevista para principios de este año— contra los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley.
El gobierno federal demandó a California, impugnando ambas leyes: la ley antes mencionada y la Ley contra los Justicieros, que exige a los agentes federales portar identificación. La jueza Snyder dictaminó que la segunda ley no era discriminatoria.
Varios otros estados demócratas habían seguido el ejemplo de California y Nueva York.
En mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. demandó a Connecticut ante una corte federal por una nueva ley estatal que prohibía a los agentes federales usar máscaras y que además establecía zonas protegidas —entre ellas escuelas, hospitales y lugares de culto— donde no se puede detener a las personas por infracciones migratorias.
Nueva York evalúa sus opciones legales
La gobernadora Hochul y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, emitieron una declaración conjunta tras el fallo de D’Agostino.“Aunque la corte suspendió la aplicación de la prohibición de máscaras en Nueva York, nos mantenemos firmes en nuestra convicción de que los agentes enmascarados no hacen que Nueva York sea más segura, y nuestras oficinas están evaluando todas las opciones legales en este momento”, afirmaron Hochul y James.
D’Agostino también denegó la moción del gobierno federal para obtener una medida cautelar que bloqueara la prohibición de Nueva York respecto a los acuerdos 287(g) entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y las fuerzas de seguridad locales, lo cual habría permitido al ICE delegar ciertas funciones de control migratorio a los oficiales locales.
Hochul y James acogieron con satisfacción ese fallo.
"Como hemos dicho desde el principio, la prohibición de Nueva York respecto a los acuerdos 287(g) es legal y mantendrá seguras a nuestras comunidades", afirmaron en su comunicado conjunto.
"Las fuerzas de seguridad locales deben centrarse en asuntos locales, y los contribuyentes de Nueva York no deberían tener que pagar la cuenta de ninguna colaboración con el ICE".
La Ley de "Policías Locales, Delitos Locales" de la gobernadora Hochul, que fue propuesta en enero, prohíbe a los agentes federales utilizar los centros de detención locales para la aplicación de las leyes de inmigración en el ámbito civil, incluyendo lo que la gobernadora describió como “redadas masivas” y el traslado de detenidos.
Con información de Associated Press.
