El 2 de febrero, una juez federal emitió otra orden que bloquea la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que impide las visitas de supervisión sin previo aviso a los centros de detención de inmigrantes por parte de legisladores.
En la capital del país, la jueza Jia Cobb dictaminó que el DHS no puede restablecer la política que bloqueó hace semanas, alegando que ahora utiliza una fuente de financiación diferente para implementarla.
En la nueva orden, Cobb prohibió la política por el momento mientras el litigio se resuelve en las cortes.
El departamento creó la política de visitas de supervisión en junio de 2025 tras denunciar que funcionarios demócratas causaron interrupciones en las instalaciones del ICE que visitaron para investigar quejas sobre malas condiciones.
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Cobb había emitido previamente una orden el 17 de diciembre de 2025 que detuvo la política.
Varios legisladores federales, incluido el representante Joe Neguse (D-CO), demandaron a la agencia por sus políticas de visitas de supervisión tras denunciar que se les negó el acceso a varias instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando las visitaron sin previo aviso.
Neguse y otros legisladores presentaron una solicitud de emergencia ante la corte la semana pasada, alegando que la secretaria del DHS, Kristi Noem, restableció la política restrictiva de visitas después de que Cobb la bloqueara.
Los legisladores declararon en un comunicado que "2025 marcó el año más mortífero para quienes se encontraban bajo custodia del ICE en más de dos décadas, con un récord de detenciones y crecientes denuncias de abusos y condiciones inhumanas".
"Regresamos a las cortes para restablecer la supervisión del Congreso y exigirle a esta administración que rinda cuentas al pueblo estadounidense".
En la solicitud de emergencia presentada el 26 de enero, los legisladores afirmaron que el DHS ha intensificado las actividades de control migratorio. "El número de personas detenidas por el ICE se disparó a un máximo histórico, y todo indica que el número de arrestos y detenciones por parte del ICE seguirá creciendo a un ritmo peligroso".
Como resultado, la importancia de la supervisión del Congreso en los centros de detención migratoria aumentó junto con el número de detenidos y el consiguiente deterioro de las condiciones, según la solicitud.
El 8 de enero, el DHS reimpuso en secreto su requisito de que los miembros del Congreso deban notificar con al menos siete días de anticipación para realizar visitas de supervisión a las instalaciones.
Esto provocó que a tres legisladores que representan a Minnesota se les negara el acceso al Edificio Federal Whipple, en las afueras de Minneapolis, tras el tiroteo fatal de Renee Good el 7 de enero, en Minneapolis, en el que estuvo involucrado el ICE, y tras informes sobre las "condiciones deplorables en dichas instalaciones", según la solicitud.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó un escrito instando a Cobb a no suspender la política.
Afirmó que la solicitud de los legisladores carece de fundamento porque la política del 8 de enero se está aplicando con fondos proporcionados por la Gran y Hermosa Ley, una ley de impuestos y gastos promulgada el año pasado.
La versión anterior de la política se aplicaba usando fondos proporcionados por la Sección 527, según el DOJ.
El Congreso renueva la Sección 527 cada año desde 2020. Esta prohíbe al DHS impedir que los miembros del Congreso "ingresen, con el propósito de realizar tareas de supervisión", a cualquier instalación del DHS que se "utilice para detener o alojar a extranjeros".
En su nueva orden, Cobb afirmó que le parecía "convincente" el argumento de los legisladores de que al menos algunos de los recursos utilizados para aplicar la política del 8 de enero provienen de fondos ya asignados bajo la Sección 527, incluyendo contratos anteriores a la Gran y Hermosa Ley.
Cobb señaló que anteriormente había constatado que la política "impone un daño irreparable a los legisladores al negarles la capacidad de realizar una supervisión oportuna de las instalaciones cubiertas".
Neguse elogió la nueva decisión en una publicación de Facebook, calificándola de "victoria para la rendición de cuentas, la supervisión del Congreso y para el pueblo estadounidense".
The Epoch Times contactó al Departamento de Justicia. No se recibió respuesta al cierre de esta edición.
