Los fiscales generales de 24 estados presentaron el jueves una demanda contra la revocación, el mes pasado, por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de su dictamen de 2009 sobre el riesgo para la salud pública, en el que se establecía que las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos motorizados perjudican la salud y el bienestar públicos.
La demanda, presentada ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, fue encabezada por el fiscal general de Connecticut, William Tong.
La declaración de peligro, emitida en virtud de la Ley de Aire Limpio tras la decisión de la Corte Suprema de 2007 en el caso Massachusetts contra la EPA, sentó las bases científicas y legales para las regulaciones federales que restringen las emisiones de gases de efecto invernadero de vehículos, centrales eléctricas y otras fuentes. La EPA de la administración Trump revocó dicha declaración a principios de este año.
La coalición también incluye a 12 condados y ciudades, tales como Los Ángeles, Nueva York, Boston y Chicago. Alegaron que la revocación viola la Ley de Aire Limpio, va en contra del consenso científico, hace caso omiso de los precedentes de la Corte Suprema e ignora el deber de la EPA de salvaguardar la salud pública.
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Los estados sostienen que la decisión da prioridad a los intereses de la industria de los combustibles fósiles.
“La revocación de la Declaración de Peligro significa mayores ganancias para los mayores contaminadores del mundo, mientras que el resto de nosotros quedamos más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos, el calor extremo y el aumento del nivel del mar. Connecticut encabeza a los estados y ciudades de todo el país en la demanda presentada hoy y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas", dijo Tong en un comunicado.
El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general, Rob Bonta, confirmaron la participación del estado y criticaron a la administración Trump y la decisión de la EPA.
"Los trabajadores, las familias y las comunidades pagarían el precio, quedándose asfixiados por el aire contaminado", dijo Newsom en un comunicado.
"Lucharemos contra esta ilegalidad en los tribunales".
Los estados quieren que se restablezca la declaración de peligro y se recupere la autoridad federal para regular los gases de efecto invernadero.
La EPA publicó un aviso en el Registro Federal el 18 de febrero en el que se indica que la derogación entrará en vigor el 20 de abril.
La EPA "sigue albergando inquietudes con respecto al análisis científico contenido en la Declaración de Peligro", señala el aviso.
La agencia dijo que ahora adopta la postura de que la derogación le permite "aplicar la mejor interpretación" de las disposiciones de la Ley de Aire Limpio.
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En un giro de la política de la EPA, la agencia señaló en el aviso que ahora concluye que carece de autoridad legal para regular las emisiones de gases de efecto invernadero "en respuesta a las preocupaciones sobre el cambio climático global".
Dichas políticas deben ser elaboradas por el Congreso, y "el Congreso no decidió la respuesta política de la nación" ante las preocupaciones relacionadas con el clima cuando promulgó las disposiciones sobre contaminación atmosférica nacional de la Ley de Aire Limpio hace casi 60 años, afirma el aviso.
El presidente Donald Trump dijo anteriormente que las "restricciones paralizantes fueron un factor importante en el aumento de los precios de los automóviles a niveles sin precedentes" y que disminuyeron la calidad de los vehículos.
"Esta determinación no tenía fundamento alguno en los hechos, ni en la ley", dijo Trump.
Con información de Matthew Vadum
