El 19 de enero, un juez federal se negó a impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicara una política que exige a los miembros del Congreso notificar con siete días de antelación su visita a las instalaciones de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La orden se deriva de una demanda presentada por 12 legisladores, entre ellos el representante Joe Neguse (D-Colo.), que pretenden impugnar una política del DHS emitida en junio de 2025 que exige al personal del Congreso notificar con antelación su visita a los centros de detención del ICE. Los demandantes argumentaron que la política interfiere con la autoridad constitucional de supervisión del Congreso.
Tras la presentación de la demanda, la jueza federal de distrito Jia Cobb, del Distrito de Columbia, bloqueó temporalmente el mes pasado la política del DHS, dictaminando que los demandantes habían demostrado que probablemente prosperaría su alegación de que los requisitos son ilegales.
Semanas después de la orden judicial, el DHS emitió un memorando el 8 de enero en el que restablecía el requisito de notificación con siete días de antelación para las visitas del Congreso a las instalaciones del ICE, lo que provocó una nueva impugnación legal por parte de los demandantes.
En una orden de cuatro páginas fechada el 19 de enero, Cobb denegó la moción de los demandantes que solicitaba bloquear la política del DHS, alegando que habían utilizado el "vehículo procesal incorrecto" para impugnarla y que el memorándum del 8 de enero constituye una nueva acción de la agencia que no está cubierta por su fallo anterior.
"El Tribunal hace hincapié en que deniega la moción de los demandantes únicamente porque no es la vía adecuada para impugnar el memorándum de los demandados del 8 de enero de 2026 y la política en él establecida, y no porque haya determinado que la política sea legal", afirmó la jueza.
Según la orden de Cobb, los demandantes podrían modificar su demanda o presentar un escrito complementario si desean impugnar la política del DHS emitida el 8 de enero.
Un portavoz de Democracy Forward, que representa a los demandantes, le dijo a The Epoch Times por correo electrónico que están revisando la orden del tribunal.
"Seguiremos utilizando todas las herramientas legales disponibles para detener los esfuerzos de la administración por eludir la supervisión del Congreso", afirmó el portavoz en un comunicado.
El DHS no respondió a una solicitud de comentarios antes de la publicación.
El 12 de enero, los demandantes alegaron que la secretaria del DHS, Kristi Noem, "firmó discretamente" el memorándum del 8 de enero tras un incidente en Minneapolis en el que un agente federal le disparó mortalmente a la manifestante Renee Good, que condujo su todoterreno hacia el agente después de que se le ordenara salir de su vehículo durante una operación del ICE. Los funcionarios federales dijeron que el agente abrió fuego en defensa propia.
Las protestas contra el ICE se intensificaron en Minneapolis tras la muerte de Good. Los demandantes afirmaron que la existencia del memorándum solo salió a la luz después de que a tres miembros de la delegación del Congreso de Minnesota se les negara la entrada a una instalación del ICE en Minnesota, a pesar de que presentaron la orden de Cobb de diciembre que bloqueaba la política del DHS.
Noem afirmó en su memorando que el requisito de notificación previa tiene por objeto garantizar una protección adecuada a los miembros del Congreso, su personal, los detenidos y el personal del ICE.
"Las visitas sin previo aviso requieren apartar a los agentes del ICE de sus funciones habituales. Además, existe una tendencia creciente a sustituir las actividades de supervisión legítimas por maniobras publicitarias circenses, lo que crea un entorno caótico con emociones exacerbadas", decía el memorándum.
