Un operativo de control migratorio resultó en el arresto de 117 inmigrantes indocumentados en la región de las Montañas Humeantes, al este de Tennessee.
"Entre los arrestados se encontraban inmigrantes indocumentados con antecedentes penales por robo, violencia doméstica, conducir bajo los efectos del alcohol e intento de agresión sexual con agravantes", informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un comunicado del 16 de junio. "Algunos de los arrestados podrían enfrentar cargos penales adicionales por reingreso ilegal a Estados Unidos".
Los inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación definitivas o que reingresaron al país tras una deportación previa podrían ser deportados de inmediato. El resto permanecerá bajo custodia del ICE en espera de los procedimientos ante la corte de inmigración.
El ICE declaró que todos los inmigrantes que violen las leyes de inmigración están sujetos a arresto y detención, independientemente de sus antecedentes penales.
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La operación, llevada a cabo en colaboración con otras agencias policiales federales, estatales y locales, se realizó la última semana de mayo. Durante la operación, las autoridades efectuaron arrestos penales y administrativos en el condado de Sevier y las regiones aledañas.
Entre los arrestados se encontraban un ciudadano hondureño de 18 años que había sido detenido previamente bajo sospecha de violación de un menor; un hombre de 54 años, también de Honduras, sospechoso de posesión de cocaína (delito grave); y una mujer de 29 años, también hondureña, con antecedentes de agresión con agravantes y que había sido deportada previamente de Estados Unidos.
"Esta operación policial demuestra nuestro compromiso con la seguridad de la comunidad y sus visitantes", declaró Brian Acuña, director interino de la oficina de campo de ICE en Nueva Orleans.
"Al centrar nuestros esfuerzos en las personas que representan el mayor riesgo, y con el apoyo de nuestros socios del programa 287(g), contribuimos a garantizar que las comunidades de Tennessee sigan siendo seguras para residentes y turistas".
La Sección 287(g) se refiere a los acuerdos de cooperación firmados por las fuerzas del orden locales con ICE. En virtud de estos acuerdos, ICE puede delegar ciertas funciones de los agentes de inmigración a las fuerzas del orden estatales y locales bajo su supervisión, lo que les permite detener a presuntos inmigrantes indocumentados.
El 19 de mayo, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, promulgó la Ley HB 2219, que exige a los alguaciles de todos los condados del estado suscribir acuerdos conforme a la Sección 287(g).
Según la legislación, los alguaciles pueden elegir entre cuatro programas de cooperación de la Sección 287(g): el modelo de control penitenciario, el modelo de ejecución de órdenes judiciales, el modelo de grupo de trabajo o el modelo de grupo de trabajo tribal.
El modelo de control penitenciario tiene como objetivo identificar y procesar a los inmigrantes indocumentados sujetos a deportación arrestados por las fuerzas del orden estatales o locales, mientras que el modelo de grupo de trabajo permite a la policía ejercer una autoridad migratoria limitada durante sus funciones rutinarias, bajo la supervisión de ICE.
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Ley de Deportación de Inmigrantes
Mientras tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra funcionarios de Tennessee el 4 de junio, impugnando una nueva ley estatal dirigida contra inmigrantes indocumentados. La organización calificó la medida de "ilegal e inhumana".La Ley HB 1704, promulgada por el gobernador Lee en abril, penaliza la permanencia de inmigrantes indocumentados en el estado a pesar de las órdenes de deportación.
"A partir del 1 de julio de 2026, este proyecto de ley tipifica como delito que una persona con una orden de deportación válida se niegue intencionalmente a abandonar este estado dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la orden de deportación definitiva", indica el texto.
"Dicho delito constituye un delito menor de Clase A, punible con una pena de prisión de hasta 11 meses y 29 días; una multa de hasta 2500 dólares; o ambas".
En un comunicado, la ACLU calificó el proyecto de ley como una "ley antiinmigrante extrema" que "usurpa inconstitucionalmente" el poder federal de control migratorio.
Las cortes de todo el país han reafirmado consistentemente que las facultades relacionadas con el control migratorio pertenecen exclusivamente al gobierno federal y no a los estados, señaló la ACLU.
"El abuso de poder del estado en este caso es ilegal e inhumano, genera miedo y trastorna la vida de familias, vecinos y comunidades en todo Tennessee", dijo Hannah Steinberg, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
