Una coalición de 22 fiscales generales demócratas se opone a los aranceles impuestos por la administración de Trump a los países acusados de no impedir que los productos fabricados con trabajo forzado ingresen a las cadenas de suministro globales.

El fiscal general de California, Rob Bonta, y los demás fiscales generales afirmaron el 6 de julio que los aranceles propuestos son ilegales, elevarían los precios para los consumidores estadounidenses y se están utilizando como pretexto para reactivar aranceles generales que anteriormente habían sido anulados por la Corte Suprema.

En un comunicado, Bonta señaló que las medidas afectarían a países responsables de más del 99 por ciento de las importaciones de Estados Unidos y acusó a la administración de intentar lograr lo que no había podido conseguir en intentos anteriores.

"Instamos a la Administración a que detenga de inmediato este intento. Los aranceles son impuestos, y el pueblo estadounidense no puede asumir costos adicionales", afirmó Bonta.

En una carta del 6 de julio dirigida al representante comercial de EE. UU., la coalición señaló que los aranceles propuestos no guardaban una relación suficiente con las preocupaciones sobre el trabajo forzado citadas por la Administración y que deberían descartarse.

La carta fue firmada por los fiscales generales de Oregón, California, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, el estado de Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.

Afirmaron que, de concretarse, la propuesta “mantendría aranceles generalizados y económicamente perjudiciales”, y además permitiría al poder ejecutivo “usurpar la facultad tributaria del Congreso”.

Asimismo, señalaron que, si bien el gobierno de Estados Unidos “debería seguir tomando medidas para eliminar el trabajo forzado en todo el mundo”, sostuvieron que la propuesta “utiliza el trabajo forzado como pretexto para mantener un esquema arancelario ilegal tan amplio que contradice sus objetivos declarados”.

En junio, la administración de Trump señaló que decenas de países no impiden adecuadamente que los productos fabricados con trabajo forzado ingresen a sus mercados y cadenas de suministro.

Afirmó que esto perjudica a los trabajadores y a las empresas estadounidenses, por lo que pretende imponer aranceles adicionales del 10 o el 12.5 por ciento a prácticamente todos los productos importados de esas economías.

“El hecho de que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos fabricados con trabajo forzado es inaceptable. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones desiguales”, declaró el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, en un comunicado del 2 de junio.

"No vamos a tolerar más esta disparidad. Algunos socios comerciales han dado pasos iniciales para impedir la importación de productos fabricados con trabajo forzado, incluso a través del USMCA y de los compromisos en los Acuerdos de Comercio Recíproco. Sin embargo, cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni afiance de manera perversa el trabajo forzado a nivel mundial".

El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, habla con los medios de comunicación en Bruselas, Bélgica, el 24 de noviembre de 2025. (Iroschka van de Wouw/Reuters).

Greer también señaló que ninguno de los 60 socios comerciales de EE. UU. investigados había aplicado de manera efectiva una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado. Entre las 60 economías investigadas se encontraban Australia, China, Canadá, India, Israel, México, Japón, la Unión Europea, Rusia, Corea del Sur y Vietnam.

Según la propuesta, 16 economías, como Canadá, México, el Reino Unido y la UE, se enfrentarían a aranceles del 10 por ciento por supuestamente no haber establecido restricciones contra el trabajo forzado. Otras, entre ellas China, India y Japón, se enfrentarían a un arancel del 12.5 por ciento.

En su informe, Greer señaló que se consideró irrazonable "el hecho de que cada una de las economías investigadas no haya impuesto ni hecho cumplir de manera efectiva una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzado".

Estos socios comerciales de Estados Unidos socavan el "objetivo universal de eliminar el trabajo forzado", afirmó la oficina de Greer, y distorsionan injustamente las condiciones del mercado a favor de las empresas que utilizan trabajo forzado, al tiempo que merman la rentabilidad de aquellas que actúan correctamente.

Como ejemplos de mercados que se considera que corren un alto riesgo de distorsión debido a la explotación del trabajo forzado, el informe enumeró la producción china de polisilicio para la cadena de suministro de paneles solares; el algodón fabricado en China y exportado a Bangladés, Hong Kong, Japón, Filipinas y Vietnam; la producción de arroz en Birmania; el tabaco de Malaui; y la carne de res de Brasil.

La Corte Suprema dictaminó en febrero que los aranceles impuestos por Trump a los socios comerciales de Estados Unidos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional eran ilegales.

A las pocas horas de la decisión, la administración de Trump declaró que tomaría medidas para aplicar nuevos aranceles en virtud de otras leyes comerciales, las Secciones 232 y 301, que, según argumentó, cuentan con una base jurídica sólida.

Un recargo temporal más amplio del 10 por ciento impuesto en virtud de la Sección 122 fue anulado por el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. en mayo, pero la administración ha presentado una apelación, y los aranceles siguen recaudándose por el momento y están programados para expirar el 24 de julio.

La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) llevará a cabo audiencias sobre las medidas propuestas en estas investigaciones el 7 de julio.

The Epoch Times se puso en contacto con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para obtener una respuesta.

Con información de Melanie Sun.