La división de fraude del Departamento de Justicia (DOJ) anunció 17 casos de fraude en siete estados del sur, en los que se sustrajeron o se intentaron sustraer más de 350 millones de dólares a través de esquemas relacionados con cupones de alimentos, atención médica, vivienda, préstamos por la pandemia y programas fiscales.
El DOJ informó el 30 de julio que esta campaña de fiscalización —que abarca Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte y Carolina del Sur— se centra en combatir lo que las autoridades describieron como una “epidemia de fraude” que azota al país.
“Para acabar con la epidemia de fraude en nuestro país se requiere la participación de todos nuestros socios federales y estatales a nivel nacional”, declaró en un comunicado el fiscal general adjunto Colin McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude.
Como parte de esta iniciativa, se están creando nuevos grupos de trabajo contra el fraude en tres estados, junto con acuerdos que refuerzan la cooperación entre las autoridades estatales y federales, incluidos aquellos que permiten el intercambio de datos empresariales y de beneficios públicos.
“Ya sea compartiendo inteligencia, datos, personal o prioridades, la colaboración directa con las agencias estatales fortalece nuestra capacidad para identificar a quienes roban el dinero de los contribuyentes”, señaló McDonald.
Solo desde el 4 de julio, los fiscales han presentado cargos contra 12 acusados en casos que involucran más de 90 millones de dólares, informó el departamento.
“Mi oficina también imputó recientemente a seis personas acusadas de estafar a los contribuyentes y de quitarles el empleo a los trabajadores de Carolina del Sur al proporcionar documentos laborales falsificados a extranjeros en situación irregular”, declaró el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, en un comunicado.
Esquemas de fraude contra Medicare, el sistema tributario y la ayuda alimentaria
El caso más importante destacado por el departamento, que tuvo lugar en Luisiana, involucró reclamaciones presentadas a Medicare por pruebas genéticas innecesarias relacionadas con el cáncer y las enfermedades cardíacas.A los pacientes de Medicare que fueron atraídos hacia el esquema no se les proporcionó ninguna información sobre su predisposición a padecer enfermedades que pusieran en riesgo la vida, y el presunto delito les costó a los contribuyentes 174 millones de dólares.
En Alabama, un preparador de declaraciones de impuestos del área de Birmingham fue acusado de presentar miles de declaraciones en las que se reclamaban falsamente créditos fiscales por energía residencial; los fiscales estimaron la pérdida en casi 70 millones de dólares.
Una persona en Florida que se declaró culpable de presentar una declaración de impuestos falsa acordó pagar casi 35 millones de dólares en restitución, además de perder propiedades en Miami Beach y las Islas Vírgenes de EE. UU., junto con un Range Rover y dos Ferraris.
Otros cuatro acusados fueron imputados por un presunto esquema de cupones de alimentos en Miami que generó casi 20 millones de dólares en transacciones fraudulentas en una tienda de conveniencia Kwik Stop.
“Con la ayuda de la administración de Trump, los estados están tomando medidas contra el fraude en las prestaciones”, dijo la fiscal general de Luisiana, Liz Murill, en un comunicado.
La entidad que lidera esta campaña de aplicación de la ley —la División Nacional de Lucha contra el Fraude— se creó en abril como parte de la iniciativa de la administración de Trump para combatir el fraude, el despilfarro y el abuso.
“El presidente Trump nos ha desafiado a todos a intensificar nuestros esfuerzos para combatir el fraude y proteger a los contribuyentes estadounidenses de esta estafa”, declaró la fiscal general de Misisipi, Lynn Fitch, en un comunicado.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental estima que el fraude le cuesta al gobierno federal entre 233 mil millones y 521 mil millones de dólares al año.
En julio, la división estableció una unidad de cumplimiento comercial para investigar la evasión arancelaria, el contrabando, el fraude aduanero, las violaciones de sanciones y las importaciones vinculadas al trabajo forzado.
Por otra parte, la administración de Trump anunció recientemente nuevos aranceles contra más de 60 socios comerciales —incluida la Unión Europea— por supuestos incumplimientos en la aplicación de las prohibiciones sobre el trabajo forzado, un problema que el Departamento de Justicia ha descrito como una “crisis global abrumadora”.
