Diecisiete estados, junto con la Asociación Nacional de Mayoristas y Distribuidores, interpusieron una demanda contra California el 22 de junio por una ley de reciclaje de plásticos que, según afirman, supone una carga injusta para las empresas.

El objeto de la demanda es la Ley de Prevención de la Contaminación por Plásticos y de Responsabilidad de los Productores de Envases, promulgada en 2022.

“Prácticamente todos los productos envasados o transportados en envases de plástico, así como un número significativo de otros tipos de materiales de embalaje que simplemente incorporan plásticos, quedan incluidos en el extraordinario alcance de la ley”, según la demanda presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos, Distrito Este de California.

Si la ley entra en vigor, los ciudadanos de los estados demandantes y las empresas residentes afectadas se verán sometidos a “dificultades y perjuicios”, según se indica en la demanda.

La ley impondrá “amplias responsabilidades de cumplimiento” a las empresas miembros de la Asociación Nacional de Mayoristas y Distribuidores. Estas empresas suelen tener “poco o ningún control sobre el diseño o la composición de los envases que distribuyen”. Por ello, la ley les obligará a “asumir obligaciones financieras y logísticas” ajenas a su función operativa en el ciclo de vida del producto.

Según una publicación del Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California (CalRecycle), la ley se centra en los envases de un solo uso y en los artículos de plástico de un solo uso para el sector de la restauración. Los envases de un solo uso incluyen no solo los de plástico y los que contienen plástico, sino también los de vidrio, cerámica, metal, fibra, papel y madera.

La ley exige a las empresas que fabrican o envasan productos en envases de un solo uso y en vajilla de plástico de un solo uso para el sector de la restauración que garanticen que, para el año 2032, el 100 % de estos artículos vendidos en California sean reciclables o compostables.

Para este año, se exigía una reducción del 25 % en la venta o distribución de envases de plástico de un solo uso y vajilla de plástico de un solo uso para el sector de la restauración, en comparación con los niveles de 2023. Además, las empresas deben garantizar que el 65 % de dichos artículos se reciclen.

La legislación “traslada la carga de la contaminación por plásticos” de los consumidores a estas empresas, según ha señalado CalRecycle. Las empresas están obligadas a pagar 5 mil millones de dólares a lo largo de 10 años para hacer frente a los impactos medioambientales de la contaminación por plásticos y ayudar a las comunidades que se consideran más afectadas por los efectos de los residuos plásticos de un solo uso.

La demanda acusa a la Ley de vulnerar la soberanía de los estados. “California no tiene derecho a dictar políticas de ámbito nacional; no tiene competencia para “proyectar su legislación” en otros estados como si fuera la primera entre iguales”.

El sistema federal de Estados Unidos no permite que un estado, independientemente de su popularidad o importancia económica, “imponga sus preferencias políticas al resto”.

Los demandantes destacaron que la Ley otorga poder regulador para aplicar la ley a la Circular Action Alliance, una organización privada “no elegida y que no rinde cuentas”.

La demanda acusa a la Ley de violar tanto la Constitución de California como la de Estados Unidos.

La ley discrimina el comercio interestatal, delega de forma inconstitucional la autoridad reguladora a una entidad privada y viola la cláusula de importación y exportación, que impide a los estados imponer impuestos y aranceles onerosos a las importaciones procedentes de otros estados, según la demanda.

Los demandantes solicitaron al tribunal que dictara una medida cautelar para impedir su aplicación. La demanda cita como demandados a Zoe Heller, directora de CalRecycle, y a la Circular Action Alliance.

En una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times, un portavoz de la Circular Action Alliance afirmó que CalRecycle había designado a esta organización sin ánimo de lucro como Organización de Responsabilidad del Productor (PRO) para desarrollar y aplicar la Ley de Prevención de la Contaminación por Plástico y de Responsabilidad del Productor en materia de Envases, o SB 54, “bajo la supervisión del Estado”.

El portavoz señaló que estaban “siguiendo de cerca los acontecimientos” relacionados con el litigio interpuesto por los 17 estados. “El papel de la CAA no ha cambiado. Seguimos aplicando la SB 54 de conformidad con la legislación estatal y la supervisión reguladora".

“La SB 54 establece objetivos ambiciosos y, como PRO, la CAA es responsable de crear un programa práctico y escalable que permita a los productores cumplir dichos requisitos en condiciones reales. Seguimos comprometidos a colaborar estrechamente con CalRecycle y las partes interesadas para desarrollar un programa que sea eficaz, práctico de aplicar y capaz de alcanzar los resultados previstos por la ley”.

“Va más allá que cualquier otro estado a la hora de reducir el plástico de un solo uso en origen y representa un paso de gigante hacia una economía más circular, esencial para combatir el cambio climático”, se indica en la publicación.

El programa de responsabilidad ampliada del productor (EPR) establecido por la ley regula a “varios miles de productores —se estima que hasta 5741—, mientras que otros programas de EPR de California regulan a menos de 1000 productores”.

La EPR es “un gran paso hacia una economía más circular, esencial para combatir el cambio climático”, según indica la página web de CalRecycle.

Según una publicación del 19 de diciembre de la empresa de envases Amcor, hasta esa fecha se habían aprobado normas de responsabilidad ampliada del productor (EPR) para los envases en siete estados, entre ellos California. Los otros seis estados son Colorado, Maine, Maryland, Minnesota, Oregón y Washington.