La administración de Trump solicitó a la Corte Suprema que restableciera una política fronteriza que había sido bloqueada, argumentando que los jueces se equivocaron al limitar la facultad del presidente para detener los cruces ilegales y rechazar las solicitudes de asilo.
En una petición presentada ante la corte más alto del país el 24 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional solicita a los magistrados que revisen un fallo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia que invalidó parte de la Proclamación 10888 del presidente Donald Trump.
Dicho documento, titulado "Garantizar la protección de los estados contra la invasión", suspendía la entrada de personas que cruzaran ilegalmente la frontera sur y, en gran medida, les impedía solicitar asilo.
La administración de Trump adoptó la postura de que tenía el derecho legal de suspender la entrada al país en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, después de que las cortes de primera instancia dictaminaran que parte del decreto presidencial violaba dicha ley.
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El fiscal general adjunto de los Estados Unidos, D. John Sauer, argumenta en la petición que el fallo del Circuito de Washington D. C. "amenaza con desmantelar" la proclamación, la cual el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha calificado como "una herramienta 'indispensable' para controlar la frontera".
Desde que la proclamación entró en vigor, "los encuentros en la frontera han disminuido en un 93 por ciento, cayendo a los niveles más bajos desde la década de 1960", afirma la petición. Las restricciones a las solicitudes de asilo, en particular, "han sido fundamentales para mantener la eficacia de la proclamación", señaló.
La Corte Suprema ordenó al demandado principal, un grupo denominado "Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes", que responda a la petición a más tardar el 23 de septiembre.
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