El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó a 1579 empresas que tienen contratos federales por valor de más de 53,000 mdd y que han sido objeto de una notificación sobre posibles problemas de cumplimiento.
Según un comunicado de prensa del 19 de noviembre, las empresas podrían no estar cumpliendo con los requisitos federales de verificación de trabajadores, según información obtenida en coordinación con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude, dirigido por el vicepresidente JD Vance.
"El dinero de los contribuyentes estadounidenses jamás debería utilizarse para emplear a inmigrantes indocumentados", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. "Durante demasiado tiempo, los contratistas federales han estado amasando miles de millones de dólares con muy poca supervisión".

No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
Se han enviado notificaciones a las empresas para que presenten pruebas de cumplimiento con E-Verify, un sistema gratuito en línea administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Este programa permite a los empleadores a confirmar que sus empleados están autorizados a trabajar en Estados Unidos, comparando la información proporcionada con los registros federales.
Los requisitos de E-Verify entraron en vigor en 2009, y la mayoría de los contratistas deben inscribirse en el programa dentro de los 30 días posteriores a la recepción de un contrato federal cubierto.
El uso de E-Verify es obligatorio para las empresas que reciben muchos contratos federales como forma de garantizar que su plantilla esté autorizada para trabajar en Estados Unidos.
"Bajo el liderazgo del presidente Trump y el vicepresidente Vance, la GSA está trabajando con el DHS para evitar que los fondos de los contribuyentes se destinen a contratistas que emplean a inmigrantes indocumentados e ignoran los requisitos de E-Verify", dijo Edward C. Forst, director de la Administración de Servicios Generales (GSA). "Hacer negocios con el gobierno federal es un privilegio, y requiere integridad, responsabilidad y una fuerza laboral legal".
Cualquier empresa que no cumpla con el requisito o que haga una declaración falsa de cumplimiento podría enfrentarse a la cancelación de sus contratos o a la pérdida de su capacidad para obtener contratos futuros, además de otras consecuencias.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se puso en contacto con los altos ejecutivos de adquisiciones implicados, pidiéndoles que tomaran medidas para reforzar la importancia del cumplimiento de la cláusula E-Verify.
El DHS solicitó a las empresas que corrigieran la posible infracción detectada por el grupo de trabajo o, en caso de que no se hubiera producido ninguna infracción, que presenten una explicación por escrito y documentación que aclare la discrepancia.
Las empresas tienen hasta el 16 de diciembre para responder, y el DHS indicó que si no recibe los cambios o no se demuestra el cumplimiento de las normas, entonces, el DHS remitirá el caso para medidas de aplicación adicionales.
En 2023, una investigación de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) detectó importantes deficiencias en la supervisión federal del cumplimiento de la normativa E-Verify.
Entre esas deficiencias se incluía la supervisión inconsistente del cumplimiento de la norma por parte de los contratistas, e incluso la cancelación de las cuentas E-Verify de los contratistas sin que se derivaran consecuencias adicionales.
La agencia recomendó cambios, similares a las medidas que está tomando actualmente la administración Trump, entre ellos, indicar claramente si cada contrato incluye la cláusula E-Verify y orientar a las agencias para mejorar la supervisión de las inscripciones.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó un procedimiento de remisión en enero de 2024 con el fin de hacer cumplir las consecuencias por violaciones de la política.
"Los contratistas federales deben asegurarse de emplear únicamente a personas que puedan trabajar legalmente", dijo Scott Brady, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude.
"Es la ley y la mayoría estaría de acuerdo en que es de sentido común".















