El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca actuar con rapidez para desestimar más casos de asilo que se consideren legalmente insuficientes.
"Si una solicitud de asilo es deficiente a primera vista, no se necesita una audiencia probatoria. Ya no vamos a seguir desperdiciando tiempo y recursos del gobierno al tolerar solicitudes de asilo falsas", escribió el consejero general del DHS, James Percival, en un comunicado en X el 3 de septiembre.
Las audiencias probatorias, también conocidas como audiencias de fondo, permiten a los solicitantes de asilo y a los funcionarios del DHS presentar pruebas relacionadas con las solicitudes de asilo. También brindan a los jueces de inmigración la oportunidad de escuchar los argumentos de ambas partes y revisar las pruebas presentadas.
La iniciativa del departamento para acelerar la desestimación de las solicitudes de asilo consideradas legalmente insuficientes se da tras múltiples medidas de la administración de Trump para combatir el fraude en materia de asilo.
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En su publicación en redes sociales del jueves, Percival compartió un informe de Fox News en el que se indicaba que el DHS ordenó a los abogados de la Oficina del Asesor Jurídico Principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) que solicitaran la desestimación de las solicitudes de asilo legalmente insuficientes.
Según el informe, el DHS ordenó a los abogados que presentaran mociones de desestimación anticipada ante las cortes de inmigración. Las mociones de desestimación anticipada solicitan formalmente que los jueces de inmigración denieguen las solicitudes de asilo antes de que se celebren las audiencias de fondo completas.
Al ser cuestionado sobre la nueva directriz, un portavoz del DHS declaró a The Epoch Times que una solicitud de asilo pendiente no "confiere estatus legal" en Estados Unidos.
"El sistema de asilo de Estados Unidos nunca tuvo la intención de ser utilizado como un programa de amnistía de facto o como una carta de salida libre de la deportación que sirva para todo", dijo el portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico el 3 de septiembre.
El presidente Donald Trump y el secretario del DHS, Markwayne Mullin, revirtieron la política fronteriza de "captura y liberación" de la administración anterior. Esa política permitía que muchos inmigrantes ilegales fueran puestos en libertad en Estados Unidos en lugar de detenerlos hasta que se resolvieran sus casos migratorios.
"Todos los inmigrantes ilegales reciben el debido proceso. Estamos aplicando la ley tal como la redactó el Congreso", dijo el portavoz del DHS.
The Epoch Times se comunicó con el ICE para obtener información sobre la nueva directriz, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
Medidas más amplias de la administración en materia de asilo
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), dependiente del departamento, había anunciado previamente a finales de julio un cambio provisional en la normativa para acelerar las solicitudes de asilo.El cambio provisional en la norma permite al USCIS remitir las solicitudes de asilo a los jueces de inmigración sin entrevistar previamente a los solicitantes. El cambio se implementó para reducir el atraso en las solicitudes de asilo.
Cuando se anunció el cambio en la norma de solicitud de asilo en julio, Percival dijo que mejoraría la eficiencia y cumpliría con el mandato de Trump en materia de inmigración.
"Una de las mayores barreras para una aplicación efectiva de las leyes de inmigración es la demora intencional por parte de los inmigrantes ilegales y los abogados defensores de las fronteras abiertas que los representan", dijo.
En mayo, el DHS ordenó al ICE tomar medidas enérgicas contra las solicitudes de asilo fraudulentas, actuando contra los abogados que presentan solicitudes falsas de asilo ante las cortes de inmigración.
El 3 de septiembre, el portavoz agregó que el departamento ha trabajado durante meses para reclutar nuevos jueces de inmigración que "garanticen el estado de derecho y restablezcan la integridad" del sistema de inmigración en Estados Unidos.
La directiva del DHS se produjo después de que Trump emitiera un memorándum presidencial en marzo en respuesta a lo que describió como "fraude desenfrenado y solicitudes sin fundamento" en el sistema migratorio de Estados Unidos. El memorándum exigía que los abogados y las firmas de abogados rindieran cuentas por su mala conducta.
Posteriormente, en julio, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) anunció que buscaba imponer una multa de más de USD 470,000 a un abogado de inmigración que presuntamente presentó solicitudes de asilo falsas para sus clientes.
El memorándum de Trump fue criticado por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) como una "directiva intimidatoria" dirigida contra los abogados de inmigración, los bufetes de abogados y el gremio de abogados de inmigración.
"Busca deslegitimar el trabajo de profesionales decididos que garantizan que los inmigrantes —muchos de los cuales huyen de la persecución y contribuyen a sus nuevas comunidades— tengan acceso a una representación legal justa", dijo en ese momento la presidenta de la AILA, Kelli Stump.
