Procesamiento de inmigrante mexicano fue un "absurdo constitucional": jueces de la Corte Suprema

El inmigrante ilegal fue deportado

El juez asociado Neil Gorsuch, la jueza asociada Sonia Sotomayor en la Sala de Conferencias Este del edificio de la Corte Suprema el 30 de noviembre de 2018 en Washington, DC. (Chip Somodevilla/Getty Images)
El juez asociado Neil Gorsuch, la jueza asociada Sonia Sotomayor en la Sala de Conferencias Este del edificio de la Corte Suprema el 30 de noviembre de 2018 en Washington, DC. (Chip Somodevilla/Getty Images)
Zachary Stieber
14 de octubre de 2026, 10:37 a. m.

Dos jueces de la Corte Suprema señalaron que el enjuiciamiento de un inmigrante ilegal plantea graves cuestiones constitucionales.

La jueza Sonia Sotomayor, en una declaración a la que se sumó el magistrado Neil Gorsuch, dijo que el caso de un inmigrante ilegal de México llamado Jesús Herrera-Salazar revelaba un "absurdo constitucional".

Herrera-Salazar fue deportado de Estados Unidos en múltiples ocasiones, incluso en 2015. Fue localizado en Texas en 2020 y acusado de permanecer en Estados Unidos tras haber sido deportado, lo cual constituye una violación de la ley federal. Se declaró culpable y recibió una sentencia de 15 meses de prisión, seguida de dos años de libertad supervisada. No se ordenó una nueva deportación.

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Herrera-Salazar salió de prisión en 2021 y se trasladó a Oklahoma, donde vivían su esposa e hijos. Un agente de libertad condicional le indicó que no abandonara el este de Oklahoma hasta que concluyera su período de libertad supervisada.

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Antes de que transcurriera dicho período, un agente de policía lo detuvo en 2022 y lo arrestó por permanecer en Estados Unidos tras haber sido deportado. Fue condenado en 2024 y deportado.

Herrera-Salazar impugnó el cargo, argumentando que violaba la cláusula de doble incriminación de la Constitución de Estados Unidos, es decir, que no se le podía juzgar dos veces por el mismo delito. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Décimo Circuito se pronunció a favor del gobierno, lo que dio lugar a una apelación ante la Corte Suprema.

El martes, los jueces desestimaron la apelación de Herrera-Salazar, y la jueza Sotomayor dijo que respetaba la decisión, ya que Herrera-Salazar ya había sido deportado.

Sin embargo, señaló que el caso parecía ser una anomalía y destacó "graves problemas constitucionales".

"La segunda condena de Herrera-Salazar es difícil de conciliar con la advertencia de la Constitución de que ninguna persona ‘será sometida dos veces por el mismo delito a un juicio que ponga en peligro su vida o su integridad física’", escribió.

"Como explican nuestros precedentes, 'la cláusula de doble incriminación protege contra un segundo juicio por el mismo delito después de una condena'".

“La cuestión en un caso como este es qué constituye el ‘mismo delito’”.

El Décimo Circuito dictaminó que el proceso penal era válido porque Herrera-Salazar fue encontrado en Estados Unidos tras la deportación de 2015, tanto en 2020 como en 2024.

"La ley no prevé excepciones para quienes son procesados varias veces en virtud de una sola orden de expulsión", dijo el panel de la corte de apelaciones. "Tampoco su texto literal ofrece indicación alguna de que un delito de 'ser hallado en' deba comenzar con una reentrada independiente que sirva de fundamento".

Los abogados de Herrera-Salazar dijeron a la Corte Suprema en una petición que la decisión entraba en conflicto con la de otras cortes de circuito porque trataba el delito de ser hallado en el país tras la deportación como un delito continuado.

"Un segundo hallazgo independiente determinó que el delito nunca llegó a cometerse, lo que significa que el proceso judicial en el Distrito Este de Oklahoma constituyó un segundo juicio por el mismo delito: una clara violación de la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito", escribieron

Los abogados del gobierno señalaron ante la corte que el proceso judicial se refería a un delito diferente —ser hallado en el país en 2024— y no al mismo.

La jueza Sotomayor señaló que la postura de Herrera-Salazar parecía correcta.

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"Cuando se condena a un acusado por un delito que implica una conducta continua e ininterrumpida, nuestros precedentes y la lógica de la cláusula que prohíbe el doble enjuiciamiento indican claramente que el Gobierno no puede volver a imputarle ese mismo delito continuo simplemente por tomar como referencia un momento distinto", escribió. También señaló que el Gobierno le había prohibido a Herrera-Salazar salir del país antes de arrestarlo por segunda vez.

"Si vuelven a presentarse circunstancias como estas, insto a las cortes a evitar el absurdo constitucional que se produjo en este caso y a dar todo su peso y significado a la cláusula que prohíbe el doble enjuiciamiento".

El Departamento de Justicia y un abogado que representa a Herrera-Salazar no respondieron a las solicitudes de comentarios antes del momento de la publicación de este artículo.

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