Treinta y tres demócratas de la Cámara de Representantes se unieron a todos los republicanos, excepto dos, el 3 de septiembre para aprobar un proyecto de ley que privaría de ayuda federal para estudiantes a las universidades que boicoteen comercialmente a Israel.
La Ley de Protección de la Libertad Económica y Académica (HR 4795) se aprobó por 237 votos a favor y 169 en contra.
El proyecto de ley fue redactado por la representante Virginia Foxx (R-C.N.), presidenta del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, y por el representante Josh Gottheimer (D-N.J.).
Ahora pasará al Senado.
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El proyecto de ley modificaría la Ley de Educación Superior de 1965 para exigir a las universidades que certifiquen que no participan en lo que la legislación denomina un boicot comercial no expresivo contra Israel, definido como negarse a hacer negocios o poner fin a las relaciones comerciales con el país o con entidades reguladas por Israel sin una razón comercial válida.
Las instituciones que no certifiquen esto perderían el derecho a recibir ayuda federal para estudiantes del Título IV, incluidas las becas Pell y los préstamos federales para estudiantes.
Una segunda sección condiciona el financiamiento del Título VI para la educación internacional y los idiomas extranjeros a una certificación anual de que no se obstaculice la participación de estudiantes y profesores en programas académicos en Israel.
El Departamento de Educación publicaría una lista de las instituciones que se nieguen a certificar.
Un total de 167 demócratas votaron en contra del proyecto de ley, entre ellos el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries (D-N.Y.), la jefa de la bancada de la minoría, Katherine Clark (D-Mass.), el presidente del grupo parlamentario, Pete Aguilar (D-Calif.), y los diputados Nancy Pelosi (D-Calif.) y James Clyburn (D-S.C.).
Los diputados Thomas Massie (R-Ky.) y Warren Davidson (R-Ohio) fueron los únicos republicanos que se opusieron al proyecto de ley.
Massie declaró en un comunicado en X después de la votación: "El Congreso hizo una y solo una cosa hoy. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para retener fondos a las universidades si no se portan bien con Israel".
"Yo voté 'No'. No es correcto que nuestro gobierno federal coaccione a las universidades para que se relacionen con un país extranjero en particular".
Un total de 27 miembros no votaron, entre ellos Gottheimer, quien no votó su propio proyecto de ley y cuya oficina no ha explicado por qué.
La oficina de Gottheimer no respondió el viernes a una solicitud de comentarios de The Epoch Times sobre la ausencia en la votación.
Jeffries emitió un comunicado en el que explicaba su oposición.
"Nuestros hermanos y hermanas judíos merecen seguridad y protección en los campus de todo el país, y sigo oponiéndome al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS)", dijo Jeffries.
"Desafortunadamente, la HR 4795 es un proyecto de ley republicano mal redactado que no logra ese objetivo".
Agregó que, por el contrario, creía que el proyecto de ley otorgaría al presidente el poder de "lanzar ataques políticos punitivos contra nuestras universidades".
Dijo que los demócratas de la Cámara de Representantes presentarían su propia legislación contra el antisemitismo si obtienen la mayoría en las elecciones intermedias de noviembre.
Entre los demócratas que votaron a favor se encontraban los representantes Debbie Wasserman Schultz (D-Fla.), Jared Moskowitz (D-Fla.), Ritchie Torres (D-N.Y.), Tom Suozzi (D-N.Y.), Henry Cuellar (D-Texas), Brad Schneider (D-Ill.), Jared Golden (D-Maine) y Marie Gluesenkamp Pérez (D-Wash.).
Golden y Gluesenkamp Pérez fueron remitidos esta semana a la Comisión de Reglas del Caucus por la dirección demócrata después de que proporcionaran los votos decisivos para una moción de procedimiento republicana el 1 de septiembre.
Esa moción estableció los términos del debate sobre el proyecto de ley HR 4795 y otro anterior de esa misma semana sobre la condena al socialismo.
El representante Tim Walberg (R-Mich.), quien preside la Comisión de Educación y Fuerza Laboral, dirigió la tramitación del proyecto de ley en el pleno.
Afirmó que las campañas en los campus para boicotear a Israel presionaron a las universidades a cortar los lazos financieros, comerciales y académicos con empresas e instituciones israelíes, restringiendo los estudios en el extranjero, las alianzas de investigación y los intercambios académicos, y que contribuyeron a un aumento del antisemitismo.
"Nuestras universidades no deberían utilizar programas federales financiados con dinero de los contribuyentes para discriminar a estudiantes, profesores, instituciones o empresas israelíes simplemente por ser israelíes", dijo Walberg.
Foxx señaló que los propios fundadores del movimiento han descrito su objetivo como el fin de Israel, citando el informe del Comité Judío Estadounidense sobre lo que supuestamente dijo el cofundador del BDS, Omar Barghouti, con respecto al desmantelamiento del Estado israelí.
"Quiero que cada miembro de la Cámara que esté a punto de votar sobre esta medida tenga en cuenta este hecho", dijo el jueves en el pleno.
El sitio web del BDS indica que tiene tres objetivos: que Israel ponga fin a su ocupación y colonización de todos los territorios árabes ocupados desde 1967 y desmantele el muro; que se reconozcan los derechos fundamentales de los ciudadanos árabes-palestinos de Israel a la plena igualdad; y que se respeten, protejan y promuevan los derechos de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares y propiedades, tal como lo estipula la Resolución 194 de la ONU.
Foxx rechazó el argumento de que los boicots en los campus no se han materializado.
Citó un acuerdo administrativo del Evergreen State College que aborda la desinversión en empresas que se benefician de la ocupación de los territorios palestinos; una investigación de un comité sobre administradores de la Universidad Northwestern que, según ella, estaban dispuestos a dar cabida a los organizadores de acampadas; al menos 86 resoluciones de BDS consideradas por grupos estudiantiles y sindicatos de profesores en el año académico 2023–2024; y el respaldo de la Asociación de Estudios Americanos en 2013 a un boicot académico.
El diputado Burgess Owens (R-Utah), vicepresidente de la comisión, señaló que el Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo registró 531 incidentes en campus de EE. UU. en 2025.
El diputado Bobby Scott (D-Va.), miembro demócrata de mayor rango en la comisión, encabezó la oposición y argumentó que el proyecto de ley apunta a algo que no ha sucedido.
"Aún no hemos visto ni una sola universidad en los Estados Unidos que haya adoptado el movimiento BDS o las políticas de boicot institucional contempladas en el proyecto de ley", dijo Scott.
También argumentó que el proyecto de ley no puede alcanzar su objetivo, ya que una universidad que anunciara que se sumó al BDS estaría realizando una actividad de expresión protegida por la Primera Enmienda y, por lo tanto, quedaría fuera del alcance del proyecto de ley.
Incorporó al expediente declaraciones de J Street y de la Federación Estadounidense de Maestros en contra del proyecto de ley.
La diputada Rashida Tlaib (D-Mich.), quien describió a Israel como un Estado genocida de apartheid, señaló que los boicots son una forma de expresión protegida con antecedentes en las campañas contra el apartheid sudafricano y la segregación estadounidense, y que muchas iniciativas de desinversión en los campus son lideradas por estudiantes judíos.
El diputado Joaquín Castro (D-Texas) señaló que el texto del proyecto de ley abarca los asentamientos israelíes en Cisjordania y aplica un criterio que no existe para ningún otro lugar.
"Si una universidad de Texas decidiera mañana dejar de hacer negocios con una empresa de Carolina del Sur, California o Idaho, no enfrentaría consecuencias alguna bajo la ley estadounidense", dijo Castro.
"Pero si toma la misma decisión respecto a los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, este proyecto de ley priva a los estudiantes estadounidenses de sus becas Pell y a los veteranos estadounidenses de sus prestaciones ganadas con esfuerzo".
Él citó el caso NAACP contra Claiborne Hardware, en el que la Corte Suprema sostuvo que un boicot con motivación política es una forma de expresión protegida, y señaló que la palabra "no expresivo" se incluyó en el proyecto de ley para eludir ese fallo.
Gottheimer escribió en X que el proyecto de ley era un paso importante para garantizar la libertad académica de todos los estudiantes y que presionaría al Senado para que lo tomara en consideración y así pudiera convertirse en ley.
