Missouri inicia acciones para cobrar 24,500 mdd a China por el COVID-19

La provincia de Hubei y la Academia China de Ciencias se presentaron después de que Missouri comenzara a tomar medidas destinadas a hacer cumplir la sentencia federal de 2025

La fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, habla con los periodistas en su oficina en Jefferson City, Missouri, el 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/David A. Lieb).
La fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, habla con los periodistas en su oficina en Jefferson City, Missouri, el 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/David A. Lieb).
4 de septiembre de 2026, 2:27 a. m.
| Actualizado el4 de septiembre de 2026, 2:29 a. m.

El intento de Missouri de cobrar una indemnización de 24,500 mdd contra entidades del gobierno chino por equipos de protección personal (EPP) de la época de la pandemia ha entrado en una nueva fase después de que dos demandados comparecieran ante una corte federal para impugnar la sentencia.

El Gobierno Popular de la provincia de Hubei y la Academia China de Ciencias (CAS) presentaron una moción el 31 de agosto solicitando al juez federal Stephen N. Limbaugh Jr. que anulara la sentencia en rebeldía —dictada después de que los demandados no comparecieran para impugnar el caso— y desestimar la demanda. Ese mismo día, los abogados de White & Case se presentaron en representación de ambos demandados.

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Esta medida se produjo después de que Missouri iniciara el proceso de notificación formal de la sentencia de marzo de 2025, un paso obligatorio antes de que el estado pueda solicitar a la corte autorización para reclamar los bienes que cumplan los requisitos.

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Hubei y CAS dijeron que su comparecencia era limitada "ahora que Missouri ha tomado medidas para notificar la sentencia por rebeldía". En su escrito, señalaron que Missouri aún no había solicitado a la corte autorización para comenzar a ejecutar la sentencia contra los bienes.

La fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, dijo el año pasado que había enviado los documentos de la sentencia al Departamento de Estado para su entrega por vía diplomática y que tenía la intención de reclamar los bienes vinculados a los acusados ​​una vez concluidos los trámites legales necesarios. La fiscalía ha mencionado bienes inmuebles, intereses financieros y tierras agrícolas entre los posibles objetivos.

Incluso si la sentencia supera la nueva impugnación, Missouri aún tendría que obtener la aprobación judicial e identificar los activos que pueden ser incautados legalmente en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés).

Xiaoxu Sean Lin, director ejecutivo del Instituto Consilium, un centro de estudios independiente con sede en Nueva York, dijo a la edición china de The Epoch Times el 3 de septiembre que la sentencia había sido en gran medida una cifra sobre el papel hasta que Misuri comenzó a tomar medidas que podrían llegar a afectar a los activos. Eso, según él, cambió la situación para los acusados ​​chinos.

Allen Zeng, cofundador y director ejecutivo de la cadena de radio estadounidense Sound of Hope Radio Network, señaló de forma similar que la perspectiva de la incautación de activos le dio a Hubei una razón práctica para entrar en el litigio después de años de no participación.

Zeng reportó en su programa de entrevistas del 3 de septiembre que si Missouri finalmente mantiene y hace cumplir la sentencia, otros estados de EE. UU. u otros países podrían verse alentados a considerar acciones legales similares contra entidades del gobierno chino.

El fallo de 24,500 millones de dólares

Missouri presentó la demanda en abril de 2020 contra la República Popular China, el Partido Comunista Chino, la provincia de Hubei, el gobierno de Wuhan, la Academia China de Ciencias (CAS), el Instituto de Virología de Wuhan y varios ministerios y agencias chinas.

La demanda inicialmente plateaba alegaciones generales sobre el origen y la propagación del COVID-19. La mayoría de esas alegaciones fueron desestimadas en virtud de la FSIA, una ley federal que generalmente protege a los gobiernos extranjeros de ser demandados en cortes estadounidenses.

En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos permitió que una demanda siguiera adelante: la alegación de Missouri de que los acusados ​​acapararon equipos de protección personal y manipularon suministros durante las primeras etapas de la pandemia.

La corte de apelaciones consideró que las actividades presuntamente relacionadas con la producción, compra, importación y exportación de equipos de protección personal (EPP) podrían calificarse como conducta comercial y no como actividad gubernamental protegida.

También determinó que Misuri había alegado de forma plausible que dicha conducta afectó directamente a Estados Unidos. La corte enfatizó que Misuri aún debía probar esos puntos.

En una audiencia probatoria celebrada en enero de 2025, Missouri presentó sus pruebas sin que ninguno de los acusados ​​compareciera para refutarlas.

El 7 de marzo de 2025, Limbaugh dictaminó que Missouri había presentado pruebas suficientes y emitió una sentencia en rebeldía por un monto de $24,488,825,457 dólares, más intereses.

La corte calculó unos 8,160 millones de dólares en daños compensatorios, la mayor parte basada en la estimación de Misuri sobre la pérdida de ingresos fiscales estatales, y triplicó esa cantidad en virtud de las leyes antimonopolio federales y de Misuri para llegar a la indemnización de 24,490 mdd.

El fallo se basó en la demanda que seguía vigente por acaparamiento de equipos de protección personal. El Octavo Circuito no había permitido que continuaran las demandas más amplias de Missouri, que buscaban responsabilizar legalmente a los demandados por la pandemia en su conjunto.

Los demandados buscan anular el fallo

Hubei y la CAS solicitan a Limbaugh que anule el fallo por varios motivos, entre ellos la inmunidad soberana extranjera, si la corte tenía autoridad sobre los demandados, si estos fueron debidamente notificados y el fundamento jurídico del fallo bajo las leyes antimonopolio.
<em>Primera página de una demanda presentada ante una corte federal el 31 de agosto de 2026 por la provincia de Hubei y la Academia China de Ciencias, en la que se solicita la anulación de la sentencia por rebeldía de Misuri por valor de 24,500 mdd relativa a los equipos de protección personal (EPP) emitidos durante la pandemia y el sobreseimiento del caso. (Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Misuri).</em>Primera página de una demanda presentada ante una corte federal el 31 de agosto de 2026 por la provincia de Hubei y la Academia China de Ciencias, en la que se solicita la anulación de la sentencia por rebeldía de Misuri por valor de 24,500 mdd relativa a los equipos de protección personal (EPP) emitidos durante la pandemia y el sobreseimiento del caso. (Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Misuri).

Una cuestión fundamental es si la presunta conducta relacionada con los EPP (equipos de protección individual) se enmarca dentro de alguna excepción a la inmunidad de la que normalmente gozan los gobiernos extranjeros.

Hubei y CAS argumentan que las propias pruebas de Missouri describen acciones gubernamentales —como dirigir industrias, controlar las cadenas de suministro médico y regular las importaciones y exportaciones— en lugar de una actividad comercial ordinaria. Sostienen que, si la conducta fue gubernamental y no comercial, la excepción de la FSIA no se aplica.

También cuestionan si su presunta conducta tuvo un efecto suficientemente directo en Estados Unidos.

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Los acusados ​​argumentan que la demanda global, las restricciones a la exportación impuestas por otros países y otros acontecimientos intermedios también afectaron el suministro y los precios de los equipos de protección personal (EPP) en Estados Unidos. Sostienen que, por lo tanto, la relación causal entre sus presuntas acciones en China y las pérdidas de Missouri es demasiado indirecta como para superar la inmunidad de gobierno extranjero.

Lin consideró que la comparecencia de Hubei y la CAS, en lugar del propio gobierno central chino, como una forma de impugnar la sentencia estadounidense manteniendo a Beijing al margen del proceso.

También señaló que, si se anulara la sentencia y se reabriera el caso para que ambas partes litigaran sobre la reclamación de fondo sobre el EPP, las entidades chinas participantes podrían verse obligadas a presentar registros relativos a las decisiones tomadas durante la pandemia y sobre la adquisición y asignación de EPP.

Disputa sobre la base antimonopolio del fallo

Hubei y CAS también cuestionan cómo la reclamación original de Missouri sobre el acaparamiento de equipos de protección personal se convirtió en la base de un fallo en virtud de las leyes antimonopolio federales y estatales.

La demanda presentada por Missouri en 2020 denominó la reclamación superviviente "Incumplimiento del deber: Acaparamiento de equipos de protección personal". Alegaba que los demandados tenían el deber de no acaparar equipos de protección personal (EPP), pero no los acusaba expresamente de monopolización en virtud de la Ley Antimonopolio Sherman federal.

Hubei y CAS argumentan que Missouri posteriormente se basó en alegaciones antimonopolio que nunca se añadieron formalmente a la demanda ni se les notificaron. Por lo tanto, sostienen que la sentencia resultante es inválida.

La corte consideró esa cuestión antes de dictar sentencia por 24,500 mdd.

El Octavo Circuito ya había descrito las acusaciones de acaparamiento de equipos de protección personal como una "conducta anticompetitiva clásica" cuando reabrió la demanda en 2024.

Antes de emitir el fallo de 2025, Limbaugh solicitó específicamente a Missouri que explicara por qué la demanda original por acaparamiento de EPP (equipos de protección personal) podría sustentar la responsabilidad bajo las leyes antimonopolio federales y de Missouri.

Missouri argumentó que no estaba presentando nuevas acusaciones. En cambio, dijo que las leyes antimonopolio proporcionaban otra base legal para responsabilizar a los demandados por la misma conducta de acaparamiento de EPP descrita en la demanda original. Por lo tanto, Missouri sostuvo que no era necesario enmendar la demanda ni notificar formalmente a los demandados nuevamente.

Limbaugh aceptó la postura de Missouri cuando dictó sentencia en el caso original de acaparamiento de equipos de protección personal y declaró a los acusados ​​responsables en virtud de las leyes antimonopolio federales y de Missouri. Hubei y CAS ahora le piden que revoque esa decisión.

CAS ha planteado una cuestión aparte sobre si Missouri le notificó debidamente la demanda original.

En abril de 2024, Limbaugh dijo que el intento de Missouri de notificar a CAS la demanda original por correo electrónico parecía ineficaz según la FSIA y ordenó a Missouri que abordara el problema.

Missouri argumentó que el servicio de correo electrónico era legalmente suficiente. Limbaugh dijo posteriormente en su sentencia de marzo de 2025 que los demandados habían sido debidamente notificados. La Corte de Apelaciones de Missouri (CAS) ahora le pide que reconsidere esa conclusión.

Hubei y la CAS también impugnan la triplicación de la indemnización, argumentando que tenía una función punitiva prohibida por la FSIA para los demandados que son estados extranjeros.

Demanda interpuesta contra Wuhan exige 50,500 mdd

También está pendiente un caso separado en China.

En diciembre de 2025, el Gobierno Popular del Municipio de Wuhan, la Academia China de Ciencias (CAS) y el Instituto de Virología de Wuhan demandaron a Missouri y a varios funcionarios estatales, tanto actuales como anteriores, ante el Tribunal Popular Intermedio de Wuhan.

Según la Fiscalía General de Misuri, los demandantes chinos reclaman 356,400 millones de yuanes, unos 50,500 mdd. También exigen disculpas públicas en medios de comunicación estadounidenses y chinos, el pago de las costas legales y el derecho a solicitar compensaciones adicionales.

La demanda alega que el caso de Misuri perjudicó la reputación y los intereses económicos de Wuhan, la Academia China de Ciencias (CAS) y el Instituto de Virología de Wuhan.

Hanaway calificó el caso chino de "táctica dilatoria" y dijo que Missouri continuaría intentando cobrar la sentencia estadounidense.

Lin describió el desafío estadounidense y la demanda de Wuhan como parte de una estrategia más amplia de "retrasar, enredar, contraatacar y agotar los recursos procesales".

Según él, la demanda de Wuhan permite a las instituciones chinas contrarrestar a Misuri a través de un tribunal chino, mientras apoyan una narrativa nacional que las presenta como víctimas del litigio de Misuri.

Zeng señaló que ambos casos podrían no tener la misma relevancia práctica. Observó que Misuri busca activos estadounidenses vinculados a los acusados ​​chinos, mientras que no se ha identificado públicamente ningún conjunto comparable de activos del estado de Misuri en China.

Missouri aún no ha presentado su respuesta de fondo a la moción del 31 de agosto para anular la sentencia estadounidense.

El 1 de septiembre, Limbaugh concedió al estado tiempo adicional y fijó el 28 de septiembre como fecha límite para que Missouri respondiera.

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