Opinión
Una reciente confrontación frente al consulado de China en Toronto plantea una interrogante que trasciende con creces una simple protesta: ¿Qué normas rigen la expresión política en suelo canadiense?
En un video difundido en internet, se observa a un hombre que viste una chaqueta con la bandera china arrancando material de Falun Gong exhibido en una acera pública. El individuo dice a los manifestantes que su exhibición es ilegal, califica el lugar de "territorio chino" y los acusa de "separatismo nacional", una terminología que Beijing emplea habitualmente contra quienes considera una amenaza para la unidad nacional.
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El representante de Taiwán en Canadá, el embajador Harry Ho-jen Tseng, interviene en un banquete para celebrar el Día Nacional de Taiwán en Ottawa, el 7 de octubre de 2026. J(onathan Ren/The Epoch Times).No se ha determinado públicamente la identidad ni las afiliaciones de este hombre, y no existen pruebas verificadas de que sea un funcionario consular o de que haya actuado bajo directrices oficiales. Sin embargo, no es necesario asumir tal vínculo para comprender por qué este incidente debería preocupar a los canadienses. En una calle de Toronto, se recurrió a la retórica política de un gobierno autoritario para intimidar a personas que ejercían libertades protegidas en Canadá. El mensaje era sencillo: hay opiniones que no deben expresarse, ni siquiera aquí.
Así es como la represión transnacional se infiltra en la vida cotidiana. Puede manifestarse mediante la vigilancia en una concentración pública, una amenaza en línea, presiones sobre familiares en el extranjero o la incertidumbre sobre si el ejercicio de una libertad en Canadá acarreará consecuencias en otro lugar.
Taiwán ofrece un ejemplo más amplio de cómo opera la presión política a través de las fronteras. La isla se ha enfrentado a campañas de desinformación, presiones económicas, ciberataques e intimidación política por parte de Beijing; asimismo, los ciudadanos taiwaneses que viajan a China deben lidiar con delitos contra la seguridad nacional definidos de manera vaga, los cuales pueden exponerlos a interrogatorios, detenciones o restricciones a su libertad.
La nueva ley de China sobre la promoción de la unidad y el progreso étnicos pone de relieve estas preocupaciones. Dicha norma promueve una concepción de la identidad china común definida por el Estado y extiende la responsabilidad legal a organizaciones e individuos fuera de China por determinadas conductas consideradas contrarias a la "unidad étnica" o que fomentan el "separatismo". Para las comunidades de jela diáspora con vínculos con Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong, las implicaciones son inquietantes: una expresión política legal en Canadá podría, no obstante, acarrear consecuencias en otros lugares.
En una reciente intervención en Taiwán, la exviceprimera ministra canadiense Chrystia Freeland calificó de "particularmente siniestras" las disposiciones extraterritoriales de la ley e instó a las democracias a oponerse a ellas públicamente.
Este patrón no se limita a la legislación. Beijing ha tergiversado reiteradamente la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU —que ni menciona a Taiwán ni determina su estatus— para argumentar que la relación de Canadá con Taiwán viola su propia política de "una sola China". Dicha interpretación fue rechazada rotundamente por el Parlamento canadiense.
Ya sea que Beijing pretenda dictar la política de "una sola China" de Canadá o intimidar a las comunidades de la diáspora en suelo canadiense, el problema de fondo es el mismo: un intento de extender la agenda política y jurídica de Beijing más allá de las fronteras de China. Canadá es un país soberano. Las restricciones políticas impuestas en otros lugares no deberían determinar sus políticas ni las libertades que se ejercen dentro de sus fronteras.
Lamentablemente, no hace falta que una ley extranjera logre una sola condena en Canadá para tener repercusiones aquí. Si logra que las personas bajen la voz, eviten participar en una manifestación o se abstengan de expresar una opinión legítima, la coerción ya habrá cruzado la frontera.
Una persona que reside en Toronto, Ottawa o Vancouver puede gozar de plena libertad, según la legislación canadiense, para criticar a un gobierno extranjero, participar en una manifestación o defender una causa política. Sin embargo, dicha libertad pierde valor si su ejercicio genera temor a viajar al extranjero, repercusiones para los familiares u otras formas de represalia.
Desde esta perspectiva, el enfrentamiento ocurrido en una acera de Toronto trascendió el ámbito de una simple protesta. Independientemente de la identidad o la motivación del individuo implicado, el incidente planteó una cuestión de mayor calado: si las restricciones políticas impuestas por un Estado autoritario pueden perseguir a las personas incluso dentro de una democracia.
El principio debería estar claro. Ninguna doctrina política ni pretensión jurídica extranjera debe determinar los límites de la libertad de expresión legal en Canadá. Las leyes que regulan la expresión pacífica en el país son leyes canadienses, y las libertades que estas protegen deben seguir siendo libertades canadienses, sin importar a quién le resulte objetable su ejercicio en otros lugares.
El embajador Harry Ho-jen Tseng, Ph.D., es el representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Canadá.
Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de The Epoch Times.
