Opinión
En 2025, el ecosistema de criptomonedas de Irán alcanzó un valor superior a los 7780 millones de dólares, según Chainalysis, lo que supone una notable aceleración con respecto a años anteriores en medio del colapso económico y la agitación geopolítica.
Para los iraníes de a pie —aproximadamente uno de cada seis habitantes—, las criptomonedas se convirtieron en un salvavidas vital. Ante la implacable depreciación del rial (una caída de casi el 90 % desde 2018), una inflación crónica del 40 % al 50 % y frecuentes cortes de electricidad o de Internet durante las protestas, los ciudadanos recurrieron al bitcoin y a las monedas estables, como las vinculadas al dólar estadounidense (USDT) en la red Tron, para proteger sus ahorros, facilitar las remesas y mover valor cuando fallaba la banca tradicional. Los picos en las retiradas de bitcoins a carteras personales solían coincidir con disturbios internos y conflictos regionales.
Sin embargo, este sistema financiero paralelo también se ha convertido en una poderosa herramienta para el Estado. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) reforzó progresivamente su control sobre los flujos de criptomonedas de Irán. Las direcciones vinculadas al IRGC recibieron más de 3000 millones de dólares en 2025 —frente a los más de 2000 millones de 2024—, y su cuota ascendió a más del 50 % del total de entradas de criptomonedas en Irán a finales de 2025. Estas cifras representan límites inferiores conservadores basados únicamente en carteras identificadas y sancionadas.
El régimen y sus representantes utilizaron estos fondos para facilitar ventas ilícitas de petróleo; adquirir bienes de doble uso para programas de misiles y drones; financiar milicias regionales como los grupos terroristas Hezbolá, Hamás y hutíes; y mantener operaciones de evasión de sanciones. El USDT en Tron se convirtió en la vía preferida por su velocidad, liquidez y relativa resiliencia. El Ministerio de Defensa de Irán incluso comenzó a ofrecer abiertamente la aceptación de criptomonedas para la exportación de armas.
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El canal de adquisición y lavado de dinero
Una vez que los ingresos del petróleo u otros ingresos del régimen entraban en el ecosistema criptográfico, se movían a través de un sofisticado canal internacional diseñado para convertir los fondos en capacidades militares utilizables. El petróleo iraní —adquirido principalmente por refinerías chinas de tipo "teapot" (tetera)— se transportaba mediante petroleros de la flota en la sombra y a menudo se liquidaba a través de redes bancarias en la sombra. Las refinerías chinas "teapot" son pequeñas refinerías independientes de propiedad privada que procesan crudo con grandes descuentos procedente de países sancionados, como Irán, protegiendo así a las grandes empresas estatales del riesgo de sanciones.A continuación, los ingresos se desviaban a través de empresas pantalla en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Hong Kong, donde los facilitadores iraníes los convertían en monedas estables, especialmente USDT en la red Tron.
Los principales intermediarios, entre los que se encontraban los ciudadanos iraníes Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand, ambos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. en septiembre de 2025, coordinaron la compra de más de 100 millones de dólares en criptomonedas vinculadas directamente a las ventas de petróleo iraní entre 2023 y 2025. Operaban redes de empresas ficticias con sede en los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, entre las que se incluían entidades como Alpa Trading-FZCO, para encubrir las transacciones, ocultar los orígenes y liquidar los pagos de bienes de doble uso.
Estos fondos financiaron la adquisición de componentes críticos para los programas de drones y misiles de Irán —componentes electrónicos, semiconductores, baterías y piezas de vehículos aéreos no tripulados— procedentes principalmente de proveedores de China y Hong Kong. Los bienes solían etiquetarse incorrectamente y transbordarse para eludir los controles de exportación, llegando finalmente a la Fuerza Quds del IRGC y al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán.
Los facilitadores: las redes chinas de lavado de capitales
La etapa final del proceso se apoya en una nueva y poderosa capa de infraestructura criminal profesional: las redes chinas de lavado de capitales (CMLN), cuyo rápido desarrollo reciente parece ser una consecuencia imprevista de la imposición de controles de capital en China, incluida una prohibición generalizada de las criptomonedas y un estricto límite anual de 50,000 dólares para el cambio de divisas.Estas operaciones sofisticadas y con ánimo de lucro —a menudo construidas en torno a plataformas de garantía/depósito en garantía basadas en Telegram, redes de mulas de dinero, mostradores informales de cambio extrabursátil y estructuras de carteras en capas— funcionaban como un "Amazon para delincuentes" con servicio completo.
Solo en 2025, las CMLN procesaron unos 16,100 millones de dólares en fondos criptográficos ilícitos, lo que representa aproximadamente el 20 % de toda la actividad mundial conocida de blanqueo de capitales con criptomonedas. Operando a través de más de 1799 monederos activos, movían el equivalente a unos 44 millones de dólares al día.
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Las redes más amplias de custodia y banca clandestina en chino gestionaban volúmenes aún mayores, y TRM Labs estimaba entre 100,000 y 103,000 millones de dólares en flujos ajustados de criptomonedas en 2025. Estos servicios ofrecían un fiable "lavado como servicio", convirtiendo stablecoins contaminadas (especialmente el mencionado USDT en Tron) en moneda fiduciaria utilizable, como el dólar estadounidense, bienes o activos limpios, al tiempo que minimizaban el riesgo para los clientes.
Las CMLN prestaban servicio a una amplia clientela, incluyendo operadores de estafas, grupos de ransomware y actores estatales sancionados. Ayudaron a blanquear los ingresos de los ataques informáticos norcoreanos (incluido el robo récord de Bybit en 2025), respaldaron los flujos de evasión de sanciones rusas y permitieron a las redes iraníes y del IRGC convertir en dinero fiduciario las criptomonedas relacionadas con el petróleo y liquidar pagos por bienes de doble uso. Estas redes proporcionaron la "última milla" esencial que convirtió las criptomonedas ilícitas en bruto en financiación operativa para programas de armamento y grupos proxy.
A pesar de las medidas de aplicación de la ley —como la designación en 2025 por parte de la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. del Grupo Huione, con sede en Camboya, como principal preocupación en materia de blanqueo de capitales—, las redes demostraron una notable resiliencia, migrando rápidamente a nuevas plataformas y servicios.
Aplicación de la ley y perspectivas
Las políticas nacionales de la administración Trump, marcadamente favorables a las criptomonedas —incluida la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin— contrastan con su agresiva aplicación de la ley contra el uso hostil de los activos digitales. La inteligencia en cadena agudizó el enfoque de EE. UU. en las redes de adquisición del IRGC, los flujos de stablecoins rusas y los robos norcoreanos.En el marco de su campaña de "máxima presión", la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó en enero de 2026 a plataformas de intercambio de criptomonedas enteras, incluidas Zedcex y Zedxion, registradas en el Reino Unido, por procesar grandes volúmenes de fondos vinculados al IRGC, incluyendo más de 94,000 millones de dólares en transacciones totales en Zedcex.
Las criptomonedas se habían convertido en un importante campo de batalla: un salvavidas para los civiles en las economías sancionadas y una herramienta para los regímenes rebeldes y la financiación del crimen. A medida que las redes de evasión se adaptan y migran, queda por ver el éxito a largo plazo de los esfuerzos de desarticulación.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times
