La secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, proporcionará un "aumento muy necesario" de 14,5 millones de dólares a los estados para sus programas de inspección de la seguridad de la carne y las aves de corral, según anunció el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en un comunicado el 27 de mayo.
Los fondos se proporcionarán en forma de reembolsos.
"Sin este financiamiento, los estados podrían no tener recursos para mantener sus propios programas de inspección que garantizan la seguridad de los productos", afirmó la agencia.
En el comunicado, Rollins afirmó: "El presidente Trump se compromete a que los estadounidenses tengan acceso a un suministro de alimentos seguro y asequible. Hoy ejercí mi autoridad para financiar con fuerza los programas estatales de inspección de carne y aves y asegurar que los estados sigan colaborando con el USDA para ofrecer inspecciones de seguridad alimentaria eficaces y eficientes".
Ted McKinney, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura Estatales, aplaudió a Rollins y al USDA por la decisión.
En años recientes, la agencia ofrecía significativamente menos fondos, lo cual limitaba la capacidad de los estados para prestar servicios de inspección de carne y aves a los productores, dijo McKinney en el comunicado. Afirmó que estos programas son fundamentales para garantizar un "sistema alimentario seguro y resistente, especialmente para los pequeños y medianos productores y procesadores".
"Esta inversión ayuda a proteger a los consumidores, apoya a los agricultores y garantiza que la carne y las aves de corral inspeccionadas por el estado sigan llegando a las mesas estadounidenses de manera eficiente y segura", afirmó McKinney.
El aumento de la financiación del USDA para la inspección de la seguridad alimentaria en los estados se produce en medio de un aumento de las enfermedades relacionadas con brotes alimentarios en todo Estados Unidos.
Según un informe del 13 de febrero del Public Interest Research Group, en 2024 enfermaron más ciudadanos estadounidenses por brotes de alimentos contaminados que en 2023. Además, se duplicó el número de personas que acabaron en el hospital o fallecieron.
"Casi 1400 personas enfermaron por alimentos que consumieron en 2024 y que posteriormente fueron retirados del mercado, el 98 % de ellos por solo 13 brotes, un dato impactante que muestra las consecuencias de empresas que producen o venden alimentos contaminados", señala el informe.
Rollins se ha centrado en poner fin a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la agencia, según afirmó el USDA en un comunicado del 1 de mayo.
"Los agricultores y ganaderos estadounidenses no necesitan DEI, necesitan una reducción de las regulaciones y una Administración que los ponga activamente en primer lugar", afirmó Rollins.
"En los primeros 100 días de la Administración Trump, el USDA ha hecho precisamente eso, cancelando más de 3600 contratos y subvenciones y ahorrando más de 5500 millones de dólares".
Fortaleciendo la seguridad alimentaria
Un informe del 3 de febrero de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) reveló que las agencias federales de alimentos no cumplían sus metas de reducción de enfermedades transmitidas por alimentos.Existen al menos 30 leyes federales que regulan la seguridad y la calidad de los alimentos en Estados Unidos, administradas por 15 agencias federales, entre ellas el Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria, dependiente del USDA.
La GAO culpó a la naturaleza fragmentada del sistema federal de supervisión de la seguridad alimentaria de ser responsable de la "supervisión inconsistente, la coordinación ineficaz y el uso ineficiente de los recursos".
"Anteriormente informamos sobre la necesidad de una estrategia nacional para guiar los esfuerzos federales y así afrontar la fragmentación continua y mejorar el sistema federal de supervisión de la seguridad alimentaria”, señaló el informe.
"Mantenemos que dicha estrategia podría crear una oportunidad para fortalecer aún más la supervisión del suministro alimentario del país y así reducir los efectos económicos y en la salud pública de las enfermedades transmitidas por alimentos”, añadió.
La semana pasada, el senador Tom Cotton (R-Ark.) presentó la Ley de Estudio y Marco para la Eficiencia en la Supervisión Alimentaria y el Diseño Organizativo (SAFE FOOD), cuyo objetivo es abordar esta cuestión, según informó la oficina del legislador en un comunicado del 21 de mayo.
El proyecto de ley ordena al USDA que realice un estudio sobre la consolidación de múltiples agencias federales de seguridad alimentaria en una sola agencia.
“Actualmente la supervisión de la seguridad alimentaria está distribuida entre agencias federales, estatales y locales, lo que reduce la eficacia, crea vacíos y demora las respuestas a posibles riesgos para la salud pública”, dijo Cotton. “Mi proyecto es un paso sensato para ampliar la eficiencia del gobierno y reforzar la protección de la salud pública al unificar nuestras agencias de seguridad alimentaria”, añadió.
Mientras tanto, la Comisión Make America Healthy Again, presidida por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., publicó un informe el 22 de mayo en el que revelaba que se detectaron pesticidas en la orina y la sangre de niños y mujeres embarazadas.
Los estudios han suscitado preocupación sobre "posibles vínculos entre algunos de estos productos y efectos adversos para la salud", según el informe.
Sin embargo, “los agricultores de Estados Unidos dependen de estos productos, y las medidas que regulen o limiten las herramientas de protección de cultivos más allá de los procesos científicos y basados en riesgos establecidos por el Congreso deben considerar cuidadosamente lo necesario para una protección adecuada, las alternativas y el costo de producción”, advirtió el informe.
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