El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tropas de la Guardia Nacional a la capital del país en un intento por reprimir la delincuencia, que, según él, está fuera de control.
Las tropas de la Guardia Nacional comenzaron a aparecer en Washington el 11 de agosto. Solo durante la primera noche se produjeron 23 detenciones, con una variedad de delitos que incluían homicidio y delitos con armas de fuego, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
El 14 de agosto, el director del FBI, Kash Patel, escribió en su cuenta de X que la noche anterior se habían producido 45 detenciones.
Trump anunció el 11 de agosto que ordenaba la movilización de 800 soldados en respuesta a los niveles de delincuencia sin precedentes. Trump describió el acontecimiento como "el día de la liberación de Washington D. C.".
Comparó la tasa de homicidios de Washington, de 27.54 por cada 100,000 habitantes, con la de otras ciudades del mundo, como Bogotá (Colombia), con 15.1, y Ciudad de México, con 10.6, según Rapid Response 47, la cuenta de redes sociales de la Administración Trump dedicada a la responsabilidad de los medios de comunicación.
También se enviaron 500 agentes adicionales.
El concejo municipal de la ciudad emitió un comunicado en respuesta, condenando la medida de Trump como una "intromisión fabricada en la autoridad local", citando que la tasa de delitos violentos de la ciudad es la más baja en 30 años.
La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, acusó a Trump de autoritarismo.
Datos del Departamento de Policía Metropolitana muestran que, aunque en 2023 hubo un fuerte aumento en la criminalidad, esta cayó considerablemente desde entonces, situándose por debajo de los niveles de 2019.
Sin embargo, una encuesta realizada por el Washington Post en 2024 muestra que el 65 % de los residentes consideraba que la criminalidad era un problema grave, frente al 56 % del año anterior.
El comandante de policía Michael Pullman fue suspendido de sus funciones el 18 de julio tras ser acusado de manipular las estadísticas de delincuencia.
El sindicato de policía de Washington D. C. coincide con la Casa Blanca en que los niveles de delincuencia de la ciudad están fuera de control, y el 11 de agosto destacó que Washington había registrado su centésimo homicidio en 2025.
En el distrito hay 3180 agentes activos, 800 menos de los 4000 necesarios para operar con normalidad.
La Ley de Reforma Integral de la Policía y la Justicia de 2020 se promulgó a raíz de la muerte de George Floyd, que falleció durante una detención por parte del Departamento de Policía de Minneapolis. La ley policial tiene por objeto mejorar la rendición de cuentas en la actuación policial.
El sindicato de la policía de Washington D. C. dijo que la ley favorece a los delincuentes y no les hace responsables de sus delitos, sino que pone el foco en las acciones policiales y reduce su capacidad para trabajar de forma eficaz.
El laboratorio del Departamento de Ciencias Forenses (DFS) de Washington perdió su acreditación en 2021 tras un escándalo de corrupción y mala gestión que afectó la capacidad de la ciudad para investigar delitos; la acreditación fue restaurada recientemente.
La Guardia Nacional está formada por miembros de la reserva militar que operan en cada estado y suele estar compuesta por soldados ciudadanos. Sirven bajo las órdenes del gobernador de cada estado y pueden ser llamados a filas en caso de catástrofes naturales y disturbios civiles.
Pueden ser activados por el presidente o el Congreso en situaciones de emergencia y quedar bajo jurisdicción federal.
El presidente puede desplegar la Guardia Nacional en la capital durante un máximo de 48 horas y, para prolongar ese plazo, debe notificarlo al Congreso, pudiendo hacerlo hasta un máximo de 30 días.
No es la primera vez que Trump despliega a miembros de la Guardia Nacional.
En junio, Trump declaró el estado de emergencia nacional y desplegó a la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles después de que las protestas contra las detenciones de inmigrantes ilegales por parte del ICE se tornaran violentas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda acusando al presidente de Estados Unidos de avivar las tensiones, argumentando que la situación no requería una emergencia y que, por lo tanto, no tenía jurisdicción.
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