El presidente Donald Trump dijo el martes que su administración está permitiendo que algunos trabajadores agrícolas deportados que se encontraban en el país de forma ilegal regresen a Estados Unidos de forma legal y está preparando nuevas normas para abordar de manera más amplia la escasez de mano de obra agrícola provocada por el aumento de las deportaciones.
En una entrevista el 5 de agosto en el programa "Squawk Box" de la CNBC, Trump dijo que la medida tiene por objeto proteger a los agricultores que dependen de empleados con mucha antigüedad, mientras que las autoridades de inmigración continúan con las expulsiones a gran escala de personas que él describió como delincuentes peligrosos.
“En algunos casos, los estamos enviando de vuelta a su país, con un pase para volver legalmente”, dijo sobre los trabajadores agrícolas inmigrantes ilegales.
“Estamos haciendo cosas que son muy difíciles y muy complejas, pero funcionan muy bien. Los estamos enviando de vuelta, y luego estudian, aprenden y vuelven. Vuelven legalmente. Estamos haciendo muchas cosas, pero cuidamos de nuestros agricultores. No podemos dejar que nuestros agricultores se queden sin nadie”.
Trump añadió que se están preparando nuevas regulaciones para formalizar y ampliar esos esfuerzos.
“No vamos a hacer nada que perjudique a los agricultores”, dijo. “Estamos trabajando en ello y vamos a presentar normas y reglamentos”.
Una portavoz de la Casa Blanca dijo que Trump sigue comprometido a ayudar a los agricultores a mantener su mano de obra y enfatizó que los delincuentes siguen siendo el foco de los esfuerzos de deportación.
"El presidente Trump es un defensor incansable de los agricultores estadounidenses, que alimentan a nuestras familias y mantienen la prosperidad de nuestro país. Confía en los agricultores y se compromete a garantizar que dispongan de la mano de obra necesaria para seguir teniendo éxito", declaró la portavoz Abigail Jackson a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico.
"Pero no habrá refugio seguro para los innumerables inmigrantes ilegales, sin investigar y con antecedentes penales, a los que Joe Biden dejó entrar en el país. Expulsar a estos peligrosos delincuentes y actuar contra las ciudades santuario que les proporcionan refugio es una prioridad máxima para el presidente".
Aunque la Casa Blanca no anunció ningún cambio en su política, los funcionarios señalaron la nueva Oficina de Política Migratoria (OIP) del Departamento de Trabajo, creada en junio para coordinar y agilizar los programas de certificación de mano de obra extranjera, incluidas las visas H-2A y H-2B, para los empleadores que buscan trabajadores temporales legales.
Un memorándum del 23 de junio de la secretaria de Trabajo, Lori Chávez-DeRemer, dijo que la OIP funcionará como una ventanilla única para los empleadores agrícolas que se enfrentan a complejos programas de visados, coordinándose con otras agencias para reducir la burocracia. Aunque la Casa Blanca no ha vinculado explícitamente las declaraciones de Trump con la nueva oficina, su descripción de los trabajadores deportados que regresan legalmente después de "estudiar" y otros pasos coincide con los procesos supervisados por la Administración de Empleo y Formación y su Oficina de Certificación de Mano de Obra Extranjera, que gestionan la certificación y la supervisión de estos programas de visados.
Trump ha prometido repetidamente que no habrá "amnistía" para los inmigrantes ilegales, al tiempo que busca garantizar que los agricultores y otros sectores dispongan de la mano de obra que necesitan para satisfacer las necesidades de los consumidores estadounidenses, sin desplazar a los trabajadores estadounidenses.
"No hay amnistía", dijo Trump en una reunión del Gabinete el 8 de julio. "Lo que estamos haciendo es deshacernos de los delincuentes, pero estamos llevando a cabo un programa de trabajo".
Chávez-DeRemer ofreció más aclaraciones sobre el programa en declaraciones a Fox Business a mediados de julio, diciendo que el proceso de visado H-2A en sí no se está ampliando, sino que se está reestructurando para que funcione de manera más eficiente tanto para los agricultores como para las agencias federales que lo administran. Recalcó que los cambios tienen por objeto acortar los tiempos de espera y reducir los costos para los empleadores, no crear nuevas vías para los inmigrantes ilegales.
Equilibrio entre la aplicación de la ley y las necesidades agrícolas
Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, alrededor del 40% de los trabajadores agrícolas del país carecen de estatus legal. Organizaciones sin ánimo de lucro como KFF sitúan el porcentaje de trabajadores agrícolas no autorizados en una cifra aún mayor, alrededor del 47% de la mano de obra agrícola.Trump y sus principales asesores, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el zar de la frontera, Tom Homan, han afirmado que su objetivo es deportar a los delincuentes más peligrosos, incluidos los miembros de bandas y otros criminales reincidentes, al mismo tiempo que se estudian medidas de ayuda específicas para sectores como la agricultura y la hostelería.
“Mi trabajo es actuar dentro del marco que me ha proporcionado la administración”, declaró Homan a NewsNation en julio. “Por lo tanto, si el presidente propone una política y dice: ‘Bien, esto es lo que vamos a hacer con los trabajadores agrícolas’, entonces el ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] acatará esa política”.
Los grupos del sector agrícola han advertido de los riesgos para la cadena de suministro si las deportaciones eliminan a un gran número de trabajadores experimentados durante las temporadas altas de cosecha.
“Si estos trabajadores no están presentes en los campos y granjas, existe el riesgo de que se produzcan interrupciones en la cadena de suministro similares a las experimentadas durante la pandemia”, dijo en junio Zippy Duvall, presidente de la Federación Americana de Oficinas Agrícolas.
La administración también ha tomado medidas para reducir ciertas protecciones laborales de los trabajadores agrícolas extranjeros en el marco del programa de visados H-2A.
Trabajadores mexicanos cosechan perejil ecológico en una granja de Wellington, Colorado, el 11 de octubre de 2011. (John Moore/Getty Images)En junio, el Departamento de Trabajo suspendió una norma que ampliaba los derechos de organización de los trabajadores H-2A, calificándola de onerosa y citando mandamientos judiciales federales. Las autoridades afirmaron que la suspensión daría a los agricultores una “previsibilidad fundamental” y se ajustaría a las prioridades de Trump en materia de control de la inmigración.
Por otra parte, Trump señaló en junio que podría promulgarse una orden ejecutiva para hacer frente a la escasez de mano de obra en la agricultura, la hostelería y sectores afines.
“Nuestros agricultores están sufriendo mucho. Tienen muy buenos trabajadores. Llevan 20 años trabajando para ellos. No son ciudadanos, pero han resultado ser, ya saben, estupendos. Vamos a tener que hacer algo al respecto”, declaró Trump a los periodistas a mediados de junio. “No podemos tomar a los agricultores y llevarnos a toda su gente y enviarlos de vuelta porque quizá no tengan lo que se supone que deben tener. No podemos hacerles eso a nuestros agricultores, ni a los del sector del ocio y la hostelería. Vamos a tener que usar mucho sentido común en este asunto".
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